No hay investigaciones de oficio abiertas por caso fundaciones en la región de Coquimbo

En el marco de lo sucedido tras la revelación del contrato vía trato directo, entre la Seremia de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de la Región de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, la Fiscalía de Arica y Parinacota abrió una investigación por el traspaso de recursos públicos desde el Gobierno Regional (GORE) local hacia la fundación para el Desarrollo de las Organizaciones, la que recibió 2.500 millones de pesos y tiene domicilio en la Región de Coquimbo.

Al respecto de esto, el Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, señaló que “como ha sido el criterio del Ministerio Público en todas las regiones del país, frente a estos cuestionamientos, hemos decidido derechamente abrir una investigación, para efectos de clarificar cualquier duda respecto a esta transferencia de fondos”. 
Pese a esto, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota desestimó cualquier tipo de irregularidad frente a esta transferencia de fondo.

Además de este caso, se tiene que la fundación Urbanismo Social, habría recibido de manera directa 148 millones de pesos por parte del Serviu de la Región del Biobío, lo que se suma a los $577 millones que le transfirió la Seremi Minvu de Antofagasta, según lo detallado en el sitio BiobioChile.

Esta misma fundación se encuentra desarrollando el proyecto “Construcción en nuevos terrenos manzana C2 y Construcción de edificio para el arriendo manzana C1, Baquedano, Coquimbo”, entidad que fue designada vía selección directa por la Seremia del Minvu de Coquimbo, situación que alertó a varios parlamentarios de la región y tras lo que el Seremi del Minvu, José Manuel Peralta, aseguró que “ni un peso ha sido transferido a la fundación Urbanismo Social”.

Al ser consultado por este tipo de investigaciones en la región, el Fiscal Regional de Coquimbo, Adrián Vega, indicó que “hasta la fecha no se ha iniciado ninguna investigación de oficio por esta temática, porque no nos ha llegado ninguna información que cumpla con los parámetros análogos a lo sucedido en Antofagasta, pero en todo el país y en nuestra región, se está atento a recibir cualquier denuncia en las dependencias de Fiscalía o los canales oficiales del Ministerio Público”. 

Los parámetros que se deberían analizar en este tipo de casos tienen relación con el proceso de creación de la Fundación en sí, el margen de tiempo en el que se aprueba el proyecto presentado, si es que se hizo efectiva la entrega de recursos por dicho proyecto y cuando, y que estos recursos sean ejecutados de acuerdo a lo estipulado en el proyecto y en el periodo de tiempo señalado. 

Ahondando en esto, el abogado Raúl Devia explicó que se debe considerar que “el fraude al Fisco es cometido por el empleado público que entrega recursos estatales a un tercero y no fiscaliza, permitiendo que se realicen acciones distintas a las determinadas en el proyecto, o no fiscaliza a quienes se están entregando los recursos”.

Sumado a esto, Devia especificó que “si el privado destina los recursos entregados a fines distintos para los estipulados, estaría incurriendo en apropiación indebida de fondos públicos y cuando el funcionario o la autoridad pública mantiene algún tipo de relación directa con la persona que está recibiendo los fondos, se le puede acusar de tráfico de influencias”.

Con respecto a esto, la diputada Nathalie Castillo hizo hincapié en que “esta situación evidencia dos grandes problemáticas de la Constitución actual, la primera es la de un Estado subsidiario que tiene que hacer transferencias a terceros para que se hagan cargo de los derechos sociales y la segunda es que si bien existe un órgano contralor y tanto los parlamentarios, como los Consejeros Regionales y Concejales tenemos un rol fiscalizador, la precarización en la administración pública dificulta la correcta fiscalización del uso de los recursos asignados”.

Por otra parte, el diputado Marco Antonio Sulantay expresó que “propondré que todos los recursos asignados sean transferidos previa autorización de la Contraloría General, salvo en casos de emergencias, -y siempre con rendición exacta y oportuna de aquellos gastos efectuados-, también propondré la prohibición de entregar la totalidad de los recursos asignados, sino sólo previo avance de las obras o servicios, y creo que llegó la hora de someter a las fundaciones a una declaración anual de patrimonio e intereses”.

Por su parte, el diputado Ricardo Cifuentes aseguró que “voy a proponer que se elimine la glosa del presupuesto de la nación, que permite tanto al Minvu como al GORE el transferir directamente a las fundaciones y creo que, independiente de esto, se debe exigir requisitos más altos de antigüedad y expertise en los temas que van a tratar y sobre todo que se haga un proceso transparente de adquisiciones, con una licitación pública como corresponde, lo que quedará estipulado en la nueva ley de presupuestos que deberíamos aprobar en noviembre de este año”.