Contraloría objeta convenio entre GORE y CEAZA por más de $1.000 millones

La Contraloría declaró ilegales 29 de los 34 convenios entre el Estado y una serie de fundaciones, cuyas tomas de razón habían sido congeladas por el ente regulador el pasado 29 de junio. Según información del diario La Tercera, se trata de acuerdos que fueron suscritos en 2023 y cuyo monto total alcanza los $13 mil millones.

De acuerdo a la publicación, se determinó que estos convenios no cumplen con las disposiciones legales ni con los estándares requeridos por el organismo. Uno de los motivos por los cuales se declaró la ilegalidad de los convenios, tiene relación con que las fundaciones presentan giros “demasiado amplios”, según se cita en el referido artículo.
En ese sentido, Contraloría advirtió que algunas ONG dicen estar dedicadas a “ayudar al prójimo”, lo que deja mucho espacio para la interpretación.

Además de las referencias genéricas, el ente regulador también objetó la “falta de claridad de los ítems de gastos”, lo cual es especialmente delicado considerando que su financiamiento proviene de recursos públicos.

Entre los convenios objetados el único detectado en la Región de Coquimbo fue el financiamiento al centro científico Ceaza, que fue aprobado por unanimidad en el Consejo Regional, el pasado 1 de febrero, y que contempla un total de 1.000 millones de pesos, de los cuales, la gran mayoría - más de $878 millones - corresponden a gastos de personal entre científicos, profesionales y técnicos. 

En ese contexto, Claudio Vásquez, gerente corporativo de Ceaza, dijo a El Día que “el convenio que se hace mención es muy frecuente. Se hace todos los años y financia los gastos operacionales del Ceaza, que se destinan para financiar el capital humano,  principalmente, y gastos generales. En ningún caso este convenio es ilegal. No hemos tenido información sobre el argumento de la Contraloría hasta ahora, para no hacer la toma de razón”. 

Complementando lo anterior, desde el Ceaza indicaron que esta situación implica un reparo, corrección o solicitud de mayores antecedentes. “Entendemos que dichas observaciones del convenio serán subsanadas por el gobierno regional de Coquimbo a la brevedad para que el convenio sea reintegrado para la toma de razón por parte de la Contraloría”. 

“Cabe mencionar que nuestras actividades son auditadas anualmente y han sido aprobadas como prueba de la impecable gestión de Ceaza. El convenio mencionado se realiza todos los años y financia los gastos operacionales del Ceaza destinados al financiamiento del capital humano avanzado, integrado por más de 70 investigadores, profesionales y técnicos dedicados a la investigación científica y desarrollo tecnológico en la Región de Coquimbo. Es importante destacar que este convenio ha sido firmado y aprobado por los distintos gobiernos regionales, desde la creación de Ceaza, hace 20 años atrás” consigna el comunicado.

Así, recalcan que el convenio entre el gobierno regional y el centro de investigación ha hecho posible que durante este tiempo se pueda realizar investigación científica de alto nivel que permite contar con información vital para el desarrollo económico y social de la zona centro norte de Chile, con énfasis en la Región de Coquimbo. 

Al respecto, la consejera regional Tatiana Castillo, presidenta de la Comisión de Fomento Producto, Ciencia e Innovación, señaló que “como gobierno regional estamos muy interesados en saber cuáles son las observaciones que se le hicieron al Ceaza, corporación en donde nosotros también participamos, ya que ellos son quienes hacen una serie de investigaciones que le sirven a la región. La Contraloría tendrá que indicar cuáles son estas mismas que están considerando irregulares. Pero espero que no sea tratar de meter a todos en un mismo saco”.

Por su parte, el consejero regional Cristian Rondanelli, sostuvo que “es lamentable que debido al escándalo que tiene el gobierno con las fundaciones ligadas a ellos y a Revolución Democrática, hoy se vean perjudicados otros organismos, y lo digo no solamente por el Ceaza, sino que a nivel nacional”.

“Era una de las problemáticas que podría haber ocurrido y lamentablemente instituciones que son sin fines de lucro y que cumplen un rol fundamental a nivel regional, como lo es Ceaza y otras, se vean metidas en el mismo saco de otros que han ocupado a las fundaciones netamente para poder desviar fondos públicos a campañas políticas, el financiamiento de operadores políticos y a defraudar al Estado como lo está haciendo el gobierno actualmente”, añadió.

Desde el gobierno regional, en tanto, aseguraron que no se ha transferido ningún recurso al Ceaza, asociado a este nuevo convenio basal. “Los recursos se traspasan sólo cuando el convenio esté totalmente tramitado, es decir, cuando cuente con la toma de razón de Contraloría, que en este caso, no ha sido así”, explicaron. 

En esa línea, el jefe jurídico del Gore, Alan Carvajal afirmó que “la representación realizada por Contraloría a la resolución 52, referenciada al convenio de financiamiento basal Ceaza-Gore 2023, se enmarca dentro de las facultades preventivas que posee el órgano contralor para verificar que los actos administrativos se realicen conforme a Derecho. Desde ahí, el análisis que hacemos es que las observaciones planteadas responden a aspectos de mejora, precisiones y complementos a dicho convenio sometido a su revisión, así como la posibilidad de acompañar los antecedentes necesarios, que en definitiva, justifiquen su toma de razón finalmente”.

Por su parte, la gobernadora Krist Naranjo anunció la suspensión del convenio hasta que no se subsanen las observaciones, indicando que para tranquilidad de la ciudadanía mandatará el inicio de una auditoría externa. “He instruido al Departamento Jurídico que retire el convenio para su análisis y viabilidad en cuanto a las observaciones detectadas. Asimismo, desde que sucedió la situación del convenio entre Democracia Viva con el Minvu de Antofagasta se ordenó a todas las divisiones del Gore revisión de los convenios”. 

“El 12 de julio”, agregó, “instruí que se inicie un proceso inédito en el Gore de generar una auditoría externa respecto a todos los convenios celebrados durante los últimos 5 años por el gobierno regional con fundaciones y corporaciones. Necesitamos dar señales de transparencia a la ciudadanía”, cerró.