Región de Coquimbo ocupa el cuarto lugar en registro de extranjeros detenidos por Ley de Armas

De acuerdo a información del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, 38 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados con armas de fuego durante el año pasado. 

“La violencia es inaceptable además de terrible, pero no debemos olvidar que también es algo prevenible. No poner allí los esfuerzos, significa omitir la responsabilidad que tenemos los garantes por evitar una afectación grave al derecho de estar protegido contra todo modo de violencia que impacta en su supervivencia y desarrollo integral”, afirmó su encargado, Anuar Quesille. 

n esta línea, el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez agrega que, si se analizan los datos desde el 2000, se identifica un aumento importante en el 2022, cuando las muertes llegaron a 49. 

Precisamente, según información de Carabineros de Chile, dada a conocer por La Tercera (LT), 2.780 personas fueron detenidas por porte ilegal de armas durante el año pasado. De esta forma, se les incautaron 2.752 unidades de armamento. 

Sin embargo, un dato llama la atención y es que de este total de arrestados, 303 son extranjeros. La mayoría de ellos de nacionalidad venezolana, seguidos de colombianos, bolivianos además de peruanos. 

Realidad de la que Coquimbo no queda exenta. Es así como se registraron 25 foráneos detenidos por infracción a la Ley de Armas. Número que la ubica como la cuarta región con más arrestados, solo por atrás de la Metropolitana, Antofagasta y Tarapacá. 

“La normativa al respecto es bastante estricta en contraste con la de otros países cercanos. No somos un territorio, como pasa en Estados Unidos u otros lugares, en donde se permita el porte además de la tenencia de armas de manera libre”, señaló el académico disciplinar de la Facultad de Derecho de la Universidad De Las Américas (UDLA), Gonzalo Lobos. 

Es así como complementó que, para tener armamento, se exigen diferentes características e incluso, una evaluación psicológica. Al mismo tiempo, se le solicita que la tenga guardada en un espacio en particular. 

“Ahora, el problema no es la implementación de la ley, sino que, al no existir controles fronterizos rigurosos, ingresan muchas armas de modo ilegal al país. Por lo demás, como se han incrementado los niveles de violencia, las armas se vuelven importantes para cierto grupo de la población”, manifestó el académico disciplinar de la Facultad de Derecho de la UDLA. 

De acuerdo a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), el Ministerio de Defensa, a través de su la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), controla las armas, explosivos, fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros elementos similares, sin perjuicio de las funciones que tiene su par de Interior y Seguridad Pública.

En este sentido, el armamento sometido a vigilancia es el material de uso bélico como, por ejemplo, armas, municiones, explosivos o elementos similares, construidos para ser utilizados en la guerra por las fuerzas armadas; las municiones y cartuchos; los explosivos de uso industrial, minero u otro uso legítimo, que requieran autorización, así como sus partes además de piezas, incluyendo detonadores; la sustancias químicas, que puedan ser utilizadas para la fabricación de explosivos o para la elaboración de municiones, proyectiles, misiles o cohetes, bombas, cartuchos además de elementos lacrimógenos; por último, los fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos similares, junto con sus partes, dispositivos o piezas.

Cabe destacar que la DGMN lleva un registro nacional de las inscripciones de armas, en el que se encuentran anotadas las adquisiciones de armas de fuego y sus transferencias. Así, debe tomar muestras del efecto del disparo en los proyectiles y casquillos de balas o cartuchos antes de la inscripción, para después incorporar la información a un sistema de identificación balística automatizada.