Quién es Lorena Casarín, directora del Depto de Salud desvinculada en medio de investigación

Fue el pasado 20 de febrero cuando Diario El Día dio a conocer –de forma exclusiva- un categórico informe de la Contraloría Regional sobre graves irregularidades al interior del Departamento de Salud de la Corporación Gabriel González Videla de La Serena. En el documento, se daba cuenta de que entre los años 2020 y 2021, la institución pagó boletas de honorarios a 19 personas que no desempeñaron funciones ni prestaron servicios en la entidad, derivando en la cancelación “improcedente” de $761.042.862.

Un verdadero escándalo para la administración del alcalde de la capital regional, Roberto Jacob, cuyo caso se encuentra en manos de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI por instrucción del Ministerio Público. 

En ese sentido, según pudo corroborar Diario El Día, la investigación se encuentra en una etapa preliminar, donde se ha tomado declaración a testigos, pero aún no existen formalizados en la causa que ha acaparado las portadas de la prensa en las últimas semanas.

Si bien el 9 de febrero del 2022, la Corporación GGV interpuso una querella en contra de quienes resulten responsables por los delitos de fraude, estafa y otros engaños, tanto el jefe comunal como los altos mandos de la institución optaron por guardar silencio durante los últimos dos años, ocultando el millonario desfalco a la opinión pública, lo que causó indignación en el concejo municipal.

“Podría decir con mucha certeza que no hubo responsabilidades de los altos mandos de la Corporación, porque a ellos les falsificaron las firmas. En esto, ninguna de las investigaciones, ni de la Contraloría ni de la que hemos hecho nosotros aparece la doctora Lorena Casarín (directora del Departamento de Salud) como culpable de nada”, había asegurado hace unos días el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, quien daba cuenta de un importante respaldo a la jefa de dicha unidad. 

Dichas declaraciones generaron una gran molestia en distintos concejales, quienes reiteradamente pedían que se asumieran las responsabilidades políticas y administrativas, en alusión a la doctora Casarín, quien era la directora del departamento en donde se cometió el fraude, pero la encargada seguía con un importante respaldo. 

De acuerdo a testimonios protegidos de funcionarios de la Corporación GGV, Lorena Casarín, cuyo sueldo bruto llegaba a los $ 5.630.278, sería la doctora de cabecera de la familia Cifuentes e íntima amiga de Eugenia Cifuentes Lillo, quien además se desempeña como directora del Departamento en Administración Central de la Corporación con un sueldo bruto de $ 6.037.535, 
Según indican, la estrecha relación con la hermana del diputado DC, sería una de las razones del porqué habría sido “blindada”.

Mediante una declaración pública, la Corporación Gabriel González Videla confirmó este lunes que la doctora Lorena Casarín había sido cesada de sus funciones y de manera interina quedará Rodrigo Fernández Zumarán, asistente social de profesión. 
Al respecto, el alcalde Roberto Jacob confirmó que “efectivamente, la doctora Lorena Casarín fue cesada a contar de hoy día (lunes) y esto es solamente para facilitar la investigación. Es para que esto que está en curso tenga todas las facilidades correspondientes, así que ella fue cesada por eso”.

Luis Moncayo, académico del Instituto de Políticas Públicas (IPP) de la Universidad Católica del Norte (UCN), en medio de los casos de corrupción o fraudes que se han conocido y el rol que tienen los medios de comunicación respecto a mantener vigente en la opinión pública e investigar a fondo los distintos hechos, comentó que “en el último tiempo en nuestro país los medios de comunicación social han cumplido un rol muy importante para identificar, investigar y detectar situaciones anómalas, de falta de transparencia y probidad donde eventualmente puede haber instituciones públicas o privadas”. 

“Si bien es cierto, en nuestro país hemos avanzado en transparencia en términos que las instituciones públicas en particular, tienen ciertas obligaciones de colocar en sus páginas web las informaciones más relevantes sobre la gestión que hacen, no es menos cierto que muchos organismos públicos a veces son selectivas en lo que publican y no siempre ponen todo a disposición”, agregó. 

Por otro lado, Moncayo recalcó que “cuando se trata de hechos eventualmente delictivos, eso no aparece en la web, porque por definición son oscuros y se esconden. Quienes comenten estos hechos no los dan a conocer ni menos su participación en ellos, entonces, ahí queda en la plena oscuridad a menos que los medios de comunicación desarrollen un periodismo investigativo que ayude a la transparencia en la gestión de las instituciones, sean públicas o privadas”.

En ese sentido, el académico aseguró que “en el país, pero particularmente en nuestra región, hemos asistido a un desenvolvimiento muy importante de los medios de comunicación para descubrir hechos y colocarlos en la palestra pública, para que, por un lado, sean conocidos y para colaborar en que las instituciones que deben investigar, puedan proceder”.

“En esto, el Ministerio Público puede de oficio proceder a hacer investigaciones en actos potencialmente delictivos que pueda haber en una institución pública o privada, pero para hacerlo necesitan alguna información confiable que sirva de base para actuar de oficio y ahí está el rol de los medios de comunicación social”, sostuvo.

A su vez, Moncayo enfatizó en que “no es ningún secreto que cuando un medio de comunicación, con la debida evidencia, demuestra que hay eventuales hechos de falta de transparencia, los encargados de investigar son más ágiles en hacer dichas indagaciones y poder llegar a conclusiones”.

En línea con lo anterior, el académico recalcó en la idea que los medios de comunicación no tienen la responsabilidad de investigar como lo harían las policías, pero sí tienen la obligación moral de indagar en la existencia de eventuales hechos, “si se llega a la convicción que podría existir algún delito, lo lógico es que lo coloque en la palestra pública y eso sirve de base para que el Ministerio Público pueda actuar de mutuo propio”, acotó. 

“En ese sentido, celebro el rol que han tenido los medios de comunicación en algunos de los hechos que han ocurrido en la región en el último tiempo como lo que ha pasado en la Corporación Municipal Gabriel González Videla al desenrollar la madeja que aparentemente hay en esta situación anómala, que ha sido gracias a un medio de comunicación que ha sido perseverante en hacer seguimiento a los hechos que han ocurrido”, remarcó.

En tanto, comentó que “además, se ha levantado información con bastante evidencia para darle credibilidad a lo que informan y eso indudablemente ha ayudado a que todos los actores que juegan un rol en la sanción de hechos se agilicen un poco más”.

“Este es el rol social que en el siglo XXI están cumpliendo los medios de comunicación, aparte de la tradicional que ha sido la de informar, entonces no solo limitan a esto sino que también a investigar para poder informar bien y eso ayuda enormemente a la transparencia y al sistema democrático al indagar en estos eventuales hechos de falta de transparencia”, puntualizó.