Fue apresado este miércoles en Ovalle

Ovalle: Sujeto con pensión de gracia por el estallido social ha recibido más de $4 millones

El diputado Víctor Pino, quien fue miembro de la comisión investigadora que indagó el procedimiento y criterios para el otorgamiento de este beneficio, señala que a raíz de este caso se debería retomar la discusión de los proyectos de ley que fueron propuestos en esta línea.
viernes 17 de mayo de 2024

Este miércoles fue detenido en la ciudad de Ovalle Benjamín Huerta, de 27 años, quien mantenía una orden pendiente por delitos contra la ley de tránsito. Este jueves, en tanto, se llevó a cabo su audiencia de formalización, en la cual el Ministerio Público lo formalizó por el delito de conducción de vehículo motorizado bajo la influencia de sustancias psicotrópicas y sin haber obtenido licencia de conducir, para lo cual solicitó cautelares de firma mensual y arraigo nacional, a las cuáles accedió el tribunal. Asimismo, se decretaron 90 días de investigación. 

Este caso ha generado la atención mediática, debido a que Huerta recibe una pensión de gracia a raíz del estallido social del 18-O, beneficio se remonta a los hechos ocurridos en medio de la revuelta en Ovalle. La investigación determinó que el 19 de octubre de 2019 el capitán de Carabineros, Hugo Navarro, detuvo a Huerta en la calle Ariztía Poniente, con quien forcejeó para, posteriormente, disparar su arma personal, hiriendo al sujeto en la zona inguinopélvica.

Tras el hecho, y en un primer juicio, Navarro fue condenado por el delito de apremios ilegítimos a 6 años de presidio. Posteriormente se interpuso un recurso de nulidad y en un segundo juicio el tipo penal cambió de “apremios ilegítimos” a “homicidio frustrado”.

Tras el veredicto, finalmente el capitán de Carabineros fue condenado a 6 años de presidio, en calidad de autor del delito frustrado de homicidio y de los delitos consumados de detención ilegal y falsificación de instrumento público, condena que cumple hasta el día de hoy.

Detención

Según detalla el medio de comunicación Ex Ante, este martes la jueza Ethel Henríquez del Juzgado de Garantía de Ovalle, resolvió que Benjamín Huerta fuera ingresado al registro de prófugos de la justicia.  “Habiéndose decretado en su oportunidad la rebeldía del imputado Benjamín Max Horacio Huerta Escobar (…), se resuelve: remítase por sistema la orden de detención folio N° 2410932000327-2 al Registro Nacional de Prófugo de la Justicia”, detalla el medio. 

Esta orden de detención se emitió por un caso del 21 de octubre de 2023, cuando, de acuerdo con el relato de la fiscalía, alrededor de las 20:40 horas Huerta Escobar “condujo sin licencia de conducir y bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, arrojando positivo a cocaína, THC-25 (marihuana) y anfetaminas en el organismo, el vehículo Hyundai modelo Accent (…), por calle Miguel Aguirre, siendo detenido frente al N°234, ciudad de Ovalle”, precisa Ex Ante.

Tras este hecho, la audiencia de formalización de cargos se fijó para el 20 de diciembre de 2023, pero Huerta no llegó. Tampoco a las reprogramaciones siguientes, por lo cual el 5 de marzo se dictó una orden de detención en su contra, que fue la que Carabineros concretó este miércoles.

Luego de su captura, Carabineros informó que además registraba 7 reiteraciones por receptación de vehículo motorizado, hurto, y maltrato de obra a Carabineros, entre otros ilícitos.

Pensión de gracia

De acuerdo a la nota de prensa publicada por Ex Ante, el 10 de marzo de 2022, un día antes de que el expresidente Sebastián Piñera dejara La Moneda, el Ministerio del Interior timbró el decreto exento número 829 que le otorgó una pensión de gracia como una de las “personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019”.

“A Benjamín Huerta se le otorgó una pensión de 0,7 ingresos mínimos no remuneracionales, subidos por el gobierno del Presidente Gabriel Boric a 1,5 ingresos mínimos no remuneracionales —equivalentes a $444.767—, mostró el decreto 3.728 firmado por los ministros Carolina Tohá de Interior y Mario Marcel de Hacienda”, señala el escrito. Asimismo, agrega que “hasta marzo de este año había recibido $4.561.7858, informó la Tesorería General de la República en respuesta a una solicitud vía ley de Transparencia”.

Comisión investigadora

Este no es el único caso en que se ha detectado que personas que reciben pensiones de gracia tras el estallido han cometido delitos con posterioridad. Por esta razón, en la Cámara de Diputados se creó una comisión investigadora que indagó el procedimiento y criterios para el otorgamiento de pensiones de gracia a víctimas del estallido social.

Uno de los integrantes de esta comisión fue el diputado Víctor Pino, quien señala que tras conocerse por la prensa estos casos, efectivamente se solicitó investigar. “En el Congreso se habló de que eran casos aislados, pero la verdad es que era un número bastante importante de personas que habían delinquido y con un prontuario bastante extenso”.

A raíz de esta instancia, indica, se generaron algunos proyectos de ley en los cuáles se pedía revisar la entrega de este beneficio y la forma en que puede caducar “y se indicó que reincidir o caer en algún delito debe ser causal inmediata de retiro, independiente de las penas que le correspondan al individuo”.

Respecto del estado actual de estos proyectos de ley, el parlamentario señala que “quedaron en la Cámara, no le han dado discusión. Al final, es lo que pasa siempre: ocurre algo, se legisla en voz de la noticia, pero lamentablemente después la cosas van quedando guardadas en un archivador y no avanzan”.

El diputado señala que ojalá que ahora el tema vuelve a estar en la prensa se pueda volver a retomar esta discusión. “No estamos siendo capaces como Estado de castigar esto, porque a ti se te está dando un beneficio reconociendo una situación que vulneró tus derechos humanos, pero posteriormente eres detenido por un delito. Lo mínimo que puede pasar es que este beneficio se acabe inmediatamente”, enfatiza.

Versión desde el Gobierno

Ante la consulta de El Día respecto de este caso, desde la delegación presidencial regional indicaron que “se trata de una persona que no tiene antecedentes penales y tampoco encargos pendientes al momento de otorgársele su pensión de gracia. Si bien se dice que mantenía órdenes por delitos contra la Ley de Tránsito, debemos ser claros que tampoco existe una condena relacionada a esto. Y si esta persona fue detenida por Carabineros, es porque las policías están cumpliendo con su labor en terreno para controlar, fiscalizar y prevenir cualquier tipo de conducta delictual en toda la región, lo que va en sintonía con el compromiso del Gobierno con el combate a la delincuencia”, precisa.