Jacob entrega antecedentes sobre “funcionarios fantasmas” a Fiscalía y esperan pronta formalización

En el mes de febrero, la Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades detectadas en la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena. En total, casi $800 millones se pagaron en sueldos sin justificación en el Departamento de Salud.

Los meses han avanzado y poco se ha sabido del tema. Es más, consultado el fiscal del caso, Carlos Vidal, se limitó a señalar que la investigación sigue abierta y vigente.

Sin embargo, quien sí entregó más detalles de los alcances de la investigación fue el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, quien explicó que hace un tiempo, se reunió con el persecutor regional y se acordó entregar todos los antecedentes que fueran solicitados.

“De hecho, hoy (martes) me pidieron antecedentes. Hace una semana igual me solicitaron, por lo tanto, la causa se está moviendo y creo que la palabra del fiscal se está cumpliendo, que es lo importante”, aseveró el edil serenense.

Deben pagar con cárcel

En ese sentido, Jacob es enfático en sostener que entregará todos los antecedentes que le pidan, pues es el más interesado en que la verdad salga a la luz y que las personas que están involucradas en el caso, sean formalizadas y se puedan recuperar los dineros de alguna forma.

“Estas personas deben pagar con la cárcel, que es lo que se merecen tras hacer un desfalco mientras los otros funcionarios se sacaban la ‘mugre’ salvando vidas. Por eso es necesario que les caiga todo el peso de la ley”, señaló el alcalde.

En ese contexto, Jacob reiteró que la investigación va bien encaminada pese a lo lento que pudiese ser para algunas personas.

“Este tipo de investigaciones no son lo rápidas que uno quisiera, porque se deben reunir muchos antecedentes y presentarlos como corresponde para hacer un buen cuadro con toda la información posible para que sean presentados ante la justicia”, explicó el alcalde.

Entrega de información

Una visión similar tiene Jorge Díaz, secretario general de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, quien señala que desde el momento en que se tomó conocimiento del desfalco en el Departamento de Salud, la institución, además de presentar las acciones legales que corresponden por la gravedad del caso, desde febrero de 2022 han colaborado con todos los requerimientos realizados por el Ministerio Público, ya sea entregando los antecedentes solicitados, como así también, prestando declaraciones ante los entes investigadores.

Desde la corporación reiteran que se entregó una completa información a la fiscalía, que incluye antecedentes entregados por el alcalde sobre la inexistencia de contratos de honorarios u órdenes de trabajo que permitan vincular a los querellados con los servicios que, de manera fraudulenta cobraron, así como la individualización de aquellas personas que recibieron pago de honorarios por servicios no realizados y de los sumarios que a la fecha se han tramitado en razón de estos hechos.

“Estimamos que la fiscalía pueda solicitar, en un corto plazo, la audiencia de formalización contra aquellas personas cuya participación en el delito -a nuestro juicio- ya se encuentra acreditada”, manifestó Díaz.

De igual manera, indica que están a la espera del informe solicitado a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI para conocer el resultado de diversas diligencias instruidas por la fiscalía a petición de la corporación.

“Esto, con el objeto de tomar medidas concretas para acelerar las diligencias de investigación y poder cooperar con la pronta resolución de estos hechos. El alcalde Jacob sostuvo una entrevista con el fiscal regional, Patricio Cooper en el mes de abril, a fin de solicitarle agilizar la indagatoria sobre este caso”, explicó.

En ese sentido, desde la corporación afirman que se seguirá colaborando y monitoreando el avance de las diligencias de investigación solicitadas, así como aquellas instruidas por la fiscalía local de La Serena.

“Estamos confiados en que, con la nueva administración de la fiscalía regional, se le dará prioridad a la investigación de este tipo de delitos que afectan, no solo la probidad administrativa, sino también la confianza pública depositada en quienes ostentan la calidad de funcionarios públicos”, finalizó Jorge Díaz.