Los hechos se remontan a la década de 1970

Medio siglo de búsqueda: El calvario de familias que sufrieron el robo de bebés en hospitales de la zona

Las familias de estos pequeños lamentan que poco se ha logrado avanzar en estos años, pues mucha de la documentación ya no existe y las personas involucradas en estos hechos, se niegan a cooperar. Además, esperan la designación del reemplazante del juez Vicente Hormazábal para agilizar los procedimientos de búsqueda.
jueves 20 de junio de 2024

Una decena de madres y familiares de bebés desaparecidos desde hospitales de la región durante la dictadura militar, continúan hasta hoy con su lucha por conocer su paradero.

La historia de estas desapariciones es casi la misma: las madres daban a luz en los recintos hospitalarios, escuchaban llorar a sus hijos al nacer, luego eran sedadas y, posteriormente, les avisaban que su hijo había muerto. En el hospital les señalaban que ellos correrían con todos los trámites y sepulturas, y que no se preocuparan de ese tipo de situaciones. Así, nunca veían el cuerpo del bebé fallecido y retornaban a sus casas con dolor y con la duda de lo que realmente había pasado.

Un caso conocido es el de María Tapia, cuya hija recién nacida desapareció del hospital de La Serena en diciembre de 1976. Según relató la afligida madre en su oportunidad, la pequeña había nacido en Paihuano y, por problemas de salud, fue trasladada al recinto de la capital regional. El cuerpo nunca fue entregado a la familia y tampoco existe un certificado de defunción. De hecho, en la actualidad, la menor, que hoy tendría 48 años, figura como viva en el Registro Civil y su madre está convencida de que no falleció, sino que “se la robaron” del recinto hospitalario.

Al respecto, el alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada, quien apoyó desde un inicio a Tapia en su búsqueda, relata que cuando asumió el municipio hicieron público el caso y se acercaron varias mujeres con vivencias similares.

"Tras hacer público el caso, se me acercó una persona de la Región de Atacama y luego otra más, para que las ayudara a encontrar a sus hijos. Pero, en vista y considerando que el número de personas se fue incrementando, lo que hice en ese instante fue coordinar con el exseremi de Justicia, Carlos Galleguillos, para que se abordaran los casos. Eran personas de otras comunas y regiones, por lo tanto, superaba mis atribuciones y no era mucho lo que podía hacer como alcalde”, recordó el edil.

Por su parte, Carlos Galleguillos sostuvo que en esa época se lograron hacer algunas gestiones con el hospital de La Serena y reuniones con el ministro Vicente Hormazábal para abordar los casos.

Búsqueda de la verdad

Desde 2018, los familiares de personas que denuncian la sustracción de bebés durante la dictadura militar crearon la “ONG Madre e Hijos se Buscan” en la región. 

Explican que son casos de diferentes comunas y que en la actualidad cuentan con unos 15 integrantes, aunque reconocen que, debido a la pandemia, han detenido un poco sus actividades.

Al respecto, la periodista Alicia Acuña, presidenta de la agrupación - y que, además, busca conocer el paradero de su hermano - indica que uno de los avances que han tenido es que el Instituto de Derechos Humanos se querelló en el caso de su hermano y de otras cinco personas de la región. En cuanto al caso de su hermano desaparecido en 1977 desde el hospital de La Serena, Acuña sostiene que el ministro Vicente Hormazábal, quien llevaba estos casos antes de trasladarse a la Región de Valparaíso, avanzó poco, debido a que la gente involucrada no entregó ningún tipo de información.

“Es difícil saber qué pasó si no quieren hablar. En el caso de mi mamá ya no queda ficha médica, el doctor que la atendió apenas se acordaba de ella y del caso. Muchas de las personas que trabajaban en el hospital en ese entonces están fallecidas. Fue poco lo que se ha avanzado”, reconoció Acuña.

La presidenta de la organización explica que uno de los avances fue que su padre tuvo que reconocer a la asistente social que trabajaba en el recinto desde donde desapareció su hermano. “Ella se supone que lo ayudó con los papeles de sepultura de mi hermano y la identificó, pero no hemos tenido noticias de qué dijo ni nada. Además, mis padres ingresaron al banco de Registro Nacional de Desaparecidos y les efectuaron una muestra de ADN. En todos los casos ha sido lo mismo, con poco avance”, aseveró.

La dirigente señala que uno de los principales problemas es que no existe una Brigada de Derechos Humanos de la PDI en la zona, por lo que deben venir desde Santiago a realizar diligencias. 

“En muchos casos no existe evidencia porque no tienen partida de nacimiento o defunción. En el caso de mi hermano, fue porque mi papá insistió en que le entregaran un certificado de nacimiento. Gracias a eso, hoy existe constancia de que mi hermano está desaparecido. Con esos certificados fueron a buscar su tumba al cementerio de La Serena, pero nunca estuvo enterrado en su tumba. Por eso hay dos delitos: la sustracción o la inhumación ilegal”, afirmó Acuña.

La presidenta de la agrupación espera que cuando se designe al reemplazante del juez Vicente Hormazábal se puedan reunir y seguir avanzando en los casos

Adoptada irregularmente

Otro caso es el de Patricia Alfaro, quien a sus 40 años se enteró de que había sido adoptada irregularmente por quienes pensaba eran sus padres. “Quien era mi supuesto padre le dijo a mi mamá que un cliente de su joyería, que trabajaba en el hospital de Coquimbo en 1974, le había dicho que estaban regalando guaguas. Como ellos llevaban cinco años casados y no habían podido tener un bebé, pensaron en ir a buscar uno. Mi padre habría hecho las gestiones”, sostuvo la mujer. 

Patricia indicó que desde pequeña sospechó que era adoptada y recién hace nueve años se lo confirmaron sus padres. “Mis padres adoptivos tuvieron que ir a declarar frente al ministro Hormazábal, y mi padre, quien se separó de mi mamá cuando tenía como 3 años y no tuve más relación con él, confirmó que había sido una adopción irregular. El ministro le mandó hacer un examen de ADN porque mi madre adoptiva pensaba que yo podría ser fruto de una relación extramarital, pero esto quedó descartado”, afirmó la integrante de la organización “Madre e Hijos se Buscan”.

Sostiene además, que su acta de nacimiento, que indicaba que había nacido en su casa, era falsa, pero afirma que no ha podido recabar más antecedentes. “Una persona de la PDI me llama de vez en cuando y soy yo quien tiene que entregar información. Hace poco me pidieron el nombre de la ‘nana’ que trabajaba en mi casa cuando me trajeron mis padres. Querían el nombre de esas personas, así que soy yo quien tiene que averiguar dónde viven y si están vivas o muertas, porque ellos llaman desde Santiago. Lo que sí pude aportar recientemente es que me hice un test de ADN en un laboratorio de Estados Unidos y se cruzó información, dando con un primo hermano de segundo grado. Esas personas también tuvieron que ir a declarar”, afirmó.

De esta forma, los familiares de los bebés desaparecidos esperan que el tema no se diluya y que se sigan con las investigaciones para dar con su paradero, pese a haber pasado, 50 años.