El 6 de agosto se conocería la sentencia del TER por denuncia en contra de alcalde Jacob

Cuando terminaba el mes de abril de 2022, los concejales de La Serena,  Camilo Araya, Rayén Pojomovsky, Daniela Molina y Daniel Palominos, presentaron una denuncia ante el Tribunal Electoral Regional (TER), en contra del alcalde Roberto Jacob por notable abandono de deberes y faltas a la probidad administrativa.

Además, pidieron su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años, argumentando que se arrastra una deuda previsional desde 2016 con los funcionarios de la Corporación Municipal Gabriel González Videla.

En este contexto, y de acuerdo a lo informado por la concejala Daniela Molina, el pasado 19 de julio la causa contra el alcalde Jacob quedó “en acuerdo”, por lo que el tribunal dispone ahora de un plazo de 15 días hábiles para dictar la sentencia, plazo que vence el próximo 6 de agosto. 

“Ha sido un largo proceso con alegatos de las partes muy dispares, en términos de apuntar a las causas de la deuda y las responsabilidades efectivas, y por el lado del alcalde, en un acto poco entendible, a apuntar a los concejales que presentamos este requerimiento como responsables, y al ex secretario general de la corporación, Patricio Bacho, restando toda responsabilidad a quien dirige a este municipio y la corporación”, sostuvo Molina. 

En esa línea, remarcó que esta sentencia “es muy importante, sobre todo en tiempos electorales. La probidad y transparencia debe ser el sello de cualquier gestión pública y la ciudad de La Serena no resiste más situaciones de este tipo. Llevamos años esperando resultados por el enorme fraude del ‘Papaya Gate’, donde sus implicados incluso ostentan cargos públicos hasta el día de hoy”. 

Por su parte, el concejal Camilo Araya, valoró que este esfuerzo “haya  dado frutos, gracias a una preparación meticulosa y al respaldo de un estudio jurídico con amplia experiencia en casos de corrupción municipal”. 

A juicio de Araya, “este respaldo jurídico, junto con el apoyo de nuestros partidos políticos, ha sido fundamental para avanzar con esta solicitud de destitución. Es probable que el actual alcalde sea suspendido de su cargo y finalmente destituido durante el segundo semestre de este año”, agregó.

Pese a ello, sostuvo que “mantener este esfuerzo ha sido un desafío agotador, ya que la tarea de los concejales de fiscalizar al poder es compleja. En Chile, los alcaldes son figuras poderosas que tienden a ejercer su influencia sobre quienes intentan supervisar sus acciones”. 

De todas formas, el concejal afirmó tener “una visión optimista de la administración actual, gracias principalmente al trabajo dedicado de sus funcionarios, aunque el alcalde tiene un estilo de gestión que ha llevado a decisiones cuestionables, relativas a los tratos directos”, aseguró.

En medio de este proceso, Araya aseguró que ha sentido un considerable apoyo, no solo desde el ámbito político, sino también de la ciudadanía. “A pesar de que muchos no conocen los detalles de la dinámica municipal, entienden que nuestra obligación de fiscalizar es esencial y valiosa. No pasar por alto las irregularidades tiene su costo, pero nuestra labor es ser coherentes y mantenernos firmes, ya que para eso fuimos elegidos”, destacó.

“FISCALIZAR ES NUESTRA OBLIGACIÓN” 

En tanto, la concejala Rayén Pojomovsky, en línea con sus pares, explicó que, con el plazo de 15 días hábiles para dictar la sentencia ya establecido, “podremos saber cuál va a ser el fallo en relación al recurso que introducimos cuatro concejales por notable abandono de deberes contra el alcalde”. 

“Esperamos que este 6 de agosto” - agregó Pojomovsky - “el tribunal pueda respetar esta fecha y se entregue esta información, ya que nos daría la posibilidad también de saber cómo enfrentar este último periodo de la gestión, considerando que puede existir la posibilidad de que el alcalde sea, o destituido o suspendido, producto de esta acusación que le hacemos por notable abandono de deberes”, complementó.

En esa línea, recalcó que “cabe hacer presente que esta acusación se levanta a partir del informe que nos entrega la Contraloría a todas las concejales, no sólo a las cuatro que decidimos realizar esta acción fiscalizadora, que por lo demás es nuestra obligación”. 

En todo caso, Pojomovsky espera que esto se realice en la fecha estimada para que, junto a sus pares, puedan ver los caminos a seguir, considerando que puede haber apelaciones a la sentencia.

Consultado al alcalde Roberto Jacob, al cierre de esta edición no fue posible obtener alguna declaración. 

DECISIÓN DEL TER PUEDE SER APELADA

En efecto, cabe hacer presente que el fallo del Tribunal Electoral Regional (TER), puede ser apelado en el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL), ya que éste último funciona como tribunal de segunda instancia, por lo que puede confirmar o desestimar la determinación de la corte local.