Contraloría ordena fin a uso prolongado de viviendas fiscales

Un cambio profundo en la administración de los bienes del Estado comenzó a implementarse tras el nuevo dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), el cual, ordena terminar con ocupaciones prolongadas de viviendas fiscales que, en algunos casos, superan las tres décadas.

La medida busca corregir una práctica que, según el organismo, se consolidó por años debido a vacíos normativos o interpretaciones flexibles, permitiendo que el uso de viviendas fiscales derivara en situaciones de permanencia indefinida, alejadas del objetivo original del beneficio.

El dictamen D263 instruye a ministerios, municipalidades, Fuerzas Armadas y servicios públicos a establecer protocolos claros, plazos máximos de ocupación y causales explícitas de término del uso de estos inmuebles. Se trata, según la Contraloría, de un mandato de fiscalización inmediata que deberá aplicarse en todo el país.

En ese contexto, en la Región de Coquimbo el gobierno regional y diversas reparticiones públicas iniciarán en las próximas semanas un catastro detallado para conocer la realidad de las viviendas fiscales existentes, sus ocupantes y las condiciones en que son utilizadas. El objetivo es determinar si cumplen con los requisitos vigentes o si existen ocupaciones irregulares.

De acuerdo con los antecedentes del ente contralor, se han detectado casos en que inmuebles fiscales han sido ocupados por más de 30 años por una misma persona o su núcleo familiar, incluso en situaciones donde ya no existe vínculo laboral con el Estado. Esto, advierten, no solo implica un eventual uso indebido de recursos públicos, sino que además limita el acceso de nuevos funcionarios al beneficio habitacional.

En la práctica, varias de estas viviendas han pasado a funcionar como residencias permanentes, perdiendo su carácter de bienes destinados al servicio público y generando un “bloqueo” en la rotación del sistema.

Revisión en la región

La aplicación de la medida ya comenzó a permear en los niveles regionales. En Coquimbo, el proceso de catastro será clave para dimensionar el alcance del problema y definir eventuales regularizaciones o restituciones de inmuebles.

El gobernador regional, Cristóbal Juliá, abordó el inicio de esta revisión señalando que se trata de un proceso complejo que debe considerar múltiples factores antes de tomar decisiones definitivas.

“Se trata de una situación que requiere ser evaluada caso a caso, porque la asignación de una vivienda fiscal responde a distintas realidades y antecedentes particulares”, afirmó.

La autoridad agregó que, si bien es necesario avanzar en transparencia y control, no se puede aplicar una lógica uniforme sin considerar contextos sociales específicos, pues "existen familias que enfrentan contextos sociales complejos y necesidades específicas que también deben ser consideradas al momento de tomar decisiones”.

Pese a ello, Juliá recalcó que el foco del proceso debe estar en la probidad y el buen uso de los recursos públicos, insistiendo en que cualquier ajuste debe realizarse con criterios técnicos y responsabilidad administrativa.

Nuevas facultades y cambios normativos

El sustento del cambio radica en una reinterpretación de la normativa vigente. Hasta ahora, la ausencia de plazos estrictos había dificultado la restitución de inmuebles cuando los usuarios se negaban a desocuparlos, generando una zona gris administrativa.

Con el nuevo dictamen, la Contraloría establece que la falta de límites explícitos no impide a las instituciones fijarlos, sino que las obliga a hacerlo. De esta forma, cada servicio público deberá generar reglamentos internos que definan tiempos de ocupación, condiciones de uso y causales de término del beneficio.

Entre las medidas que se analizan figura la posibilidad de establecer plazos máximos de permanencia y la restitución obligatoria del inmueble al momento de la jubilación o desvinculación del funcionario.

Impacto en el patrimonio fiscal 

Otro de los objetivos de la iniciativa es abordar el deterioro del patrimonio estatal. Según se ha detectado, varias viviendas fiscales presentan modificaciones no autorizadas, falta de mantención o incluso abandono estructural, producto de su ocupación prolongada sin supervisión adecuada.

Esto ha derivado en la necesidad de inversiones adicionales por parte del Estado para recuperar los inmuebles antes de ser reasignados.