“Papaya Gate”: Casi 4 años sin formalizados ni avances conocidos

En el mes de septiembre de 2020, hace casi cuatro años, la opinión pública regional se veía golpeada por un grave caso de presunta corrupción que conllevaría consecuencias políticas, administrativas y penales.

Se trataba del “Papaya Gate”, episodio que tuvo su origen en 2019, cuando el gobierno regional de la época, liderada por la militante de la Unión Demócrata Independiente, UDI, Lucía Pinto, adquirió una serie de terrenos en el sector de San Ramón, en La Serena, por más de 9.800 millones de pesos para la construcción de un recinto deportivo.

El problema es que el valor pagado por dicha adquisición sobrepasaba ampliamente los 4 mil millones de pesos que costaban originalmente, según la última tasación que se hizo de aquellos terrenos. Pero lo peor, es que la compra se llevó a cabo sin la toma de razón pertinente de la Contraloría General de la República.

Todo ello, generó con el paso de los días, un verdadero terremoto político que desembocó en la renuncia de Lucía Pinto de la intendencia, y la apertura de dos procesos: uno administrativo a cargo de Contraloría, y el otro de carácter penal, por parte de la Fiscalía Regional de Valparaíso por el presunto delito de fraude al fisco.

SIN NOVEDADES

A casi cuatro años de que estallara el caso, sin embargo, sólo el sumario administrativo de Contraloría llegó a puerto, ordenando la destitución de la ex intendenta –que ya había dejado su cargo casi dos años antes - tras  “haber infringido gravemente el principio de probidad administrativa”. A la misma medida disciplinaria fueron sancionados José Cáceres, ex administrador regional y Eduardo Espinoza, ex jefe de la División de Planificación del Gobierno Regional.
En lo que respecta a la arista penal, por el contrario, la causa sigue en “etapa investigativa y desformalizada”, según indicaron a Diario El Día, desde la Fiscalía regional de Valparaíso, puntualizando que “se han realizado múltiples diligencias y se trabaja con el apoyo de la Unidad Regional Anticorrupción”.

“UNA VERGÜENZA”

Como es previsible, la ausencia de formalizados por el caso y el paso del tiempo, han hecho caer sobre la labor de la Fiscalía una serie de críticas  de diversa índole, partiendo, por el mismo parlamento, en especial, de aquellos que se han involucrado más en la marcha del “Papaya Gate”.

Es el caso del diputado de la DC, Ricardo Cifuentes, quien ha pedido reiteradamente, cambiar a la fiscal a cargo, Claudia Perivancic.

“Aun habiendo pronunciamientos de la Controlaría, a través de las cuales incluso, se sancionó a funcionarios con multas y penas administrativas, todavía no tenemos ningún avance en la investigación. A mí todo esto me parece que es un poquito vergonzoso”, afirmó.

Y es que a juicio del legislador falangista, “esto es responsabilidad mayor del fiscal nacional, porque después de haberle pedido en varias ocasiones que se agilice la investigación, es muy grave lo que está pasando”.

“QUIZÁS NO HAY DELITO”

Opinión similar tiene el diputado de Demócratas, Víctor Pino, quien calificó la situación de “preocupante”.

“Es fundamental que las autoridades judiciales, cumplan con su deber de investigar a fondo estos casos. Dicen que la justicia tarda pero llega, pero en esta ocasión se están tomando todo el tiempo posible y aún no tenemos los resultados que exige la ciudadanía”, criticó el legislador.

Más cauto sin embargo, fue el senador de la misma colectividad, Matías Walker quien, si bien, no se mostró a favor de “comentar las investigaciones del Ministerio Público”, aseveró “que a lo mejor no hay delito por el que formalizar y podrían ser irregularidades administrativas sin dolo penal. Pero no tengo mayores antecedentes para hacer un juicio”, aseguró.

Cabe decir que, por este mismo tema, Diario El Día se contactó con Samuel Donoso, abogado de la exintendenta Lucía Pinto, quien sin embargo, se limitó a señalar que, “por ahora, no vamos a efectuar declaraciones”.