A cuatro años del “Papaya Gate”: realizan llamado a acelerar formalización de imputados

El 24 de septiembre de 2020 un reportaje de Radio Bío Bío puso al descubierto lo que sería uno de los presuntos casos de fraude al fisco más grande ocurridos al interior del gobierno regional de Coquimbo, luego que la institución –en ese entonces liderada por la exintendenta Lucía Pinto– decidiera comprar un lote de terrenos a un grupo de inmobiliarias por $9.800 millones de pesos, acción que fue rechazada en más de una ocasión por Contraloría, porque no se apegaban a la legalidad.

Este hecho motivó a que se iniciara un sumario administrativo al interior del GORE por parte de Contraloría, mientras que el exfiscal nacional, Jorge Abbott, designó a la persecutora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para que indagara la existencia de un presunto delito, iniciativa a la que se sumó el Consejo de Defensa del Estado.

Desde entonces, diversos reportajes de Diario El Día han dado a conocer detalles del actuar de los involucrados, profundizando en su modus operandi, así como también distintos actores del mundo político se han hecho parte del caso, como el senador Daniel Núñez o el concejal de La Serena, Camilo Araya. Además, se dio paso a una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.

Una de las últimas informaciones en este marco, la dio a conocer en agosto Diario El Día cuando, en exclusiva, los abogados de los empresarios que conforman el Grupo CPS se refirieron al caso, calificándolo como una “polémica artificial con evidentes móviles políticos”.

PARLAMENTARIOS INSTAN A APURAR FORMALIZACIÓN

En este contexto, el senador Daniel Núñez sostuvo que, a cuatro años de que estallara el “Papaya Gate”, “hoy tenemos a la mano nuevos antecedentes que involucran a las exautoridades del gobierno de Piñera en la región. Personalmente denuncié en fiscalía lo que expuso el exseremi de Obras Públicas, Pablo Herman, en su declaración judicial, quien señaló que en 2018 la exintendenta Lucía Pinto le pidió dejar sin efecto una multa cursada a la empresa Feedback de José Cáceres, uno de los principales involucrados en el caso”.

A juicio del parlamentario “estamos sin duda, frente a un tráfico de influencias, donde un superior ordena a un subalterno pasar por sobre las normas, provocando además un perjuicio fiscal”. En esa línea, acotó que “los nuevos antecedentes no nos pueden dejar indiferentes y es hora de que la Fiscalía pueda formalizar a quienes evidentemente tienen alguna responsabilidad en este fraude que se gestó en el exgobierno regional”.

Por su parte, el diputado Ricardo Cifuentes afirmó que cuando la justicia no es oportuna, “deja de serlo y de tener la eficacia que requiere. En este caso, después de cuatro años ha quedado demostrado con varias instancias que se han cometido distintos tipos de irregularidades”.

Por ello, para Cifuentes, es “muy lamentable que a estas alturas, la fiscal de Valparaíso a cargo del caso no se haya pronunciado. Tampoco que se haya formalizado la investigación ni que hayan acusados. Pareciera que al estar lejos de la realidad, de lo que ocurre y de las preocupaciones de nuestra región, la Fiscalía de Valparaíso no ha tenido la urgencia que requiere”, agregó.

A su vez, el diputado DC recalcó que hace un tiempo atrás le planteó al fiscal nacional, Ángel Valencia, la necesidad de cambiar y poder tener un persecutor preferente de la región que se ocupe del tema, “ya que existe la capacidad para llevar a cabo esta investigación con más diligencia”, señaló.

El parlamentario indicó que en casos como estos se debe transmitir “señales de que la probidad tiene que ser un elemento central en la administración y para eso se requiere que los casos donde se haya violentado la transparencia, se puedan responder con rapidez y eficacia, para dar una señal que el Estado no está disponible para seguir permitiendo este tipo de abusos y eso, desgraciadamente, no ha ocurrido en este caso”, enfatizó.

A su vez, el diputado Víctor Pino apuntó a “la alta carga de trabajo, con numerosos casos que exigen dedicación y precisión” a que están sometidos los equipos de la Fiscalía, por lo que “es crucial entender que las investigaciones serias y exhaustivas requieren tiempo”.

“No obstante” - reconoció - “en casos como el ‘Papaya Gate’, de alta connotación pública y que afecta la credibilidad de las instituciones públicas, se torna necesario poner pie en el acelerador para dar las señales correctas a la ciudadanía que se encuentra en búsqueda de respuestas y eventuales responsables, ojalá dando prioridad a un caso tan bullado en nuestra región”, añadió.

Finalmente, la diputada Carolina Tello, envió una serie de oficios al fiscal nacional y al Consejo de Defensa del Estado, para así, poder tener antecedentes respecto a ciertas situaciones que se han ido manifestando, “particularmente, por algunos de los querellantes de esta causa en relación a la no formalización de eventuales involucrados. Creemos que es importante tener una respuesta pronta por parte de estas instituciones”, subrayó.