Gremios afirman que Dominga y Rosa Agustina reflejan lo burocrático que es obtener permisos

Las últimas semanas han generado gran preocupación entre empresarios y expertos que monitorean la inversión en Chile, debido a una serie de eventos que evidencian las dificultades para el desarrollo de grandes proyectos en el país. Y es que la burocracia y la incerteza jurídica han surgido como los principales obstáculos para la concreción de grandes iniciativas en el país.

Uno de los primeros signos de alarma fue la reciente decisión de Google de replantear su proyecto de data center en la comuna de Cerrillos (Santiago), tras un proceso de tramitación que se extendió por cuatro años. A pesar de que el proyecto había sido aprobado, un recurso presentado por un vecino, basado en preocupaciones por el consumo de agua y energía, fue acogido por el Tribunal Ambiental, lo que llevó a la compañía a reconsiderar la inversión.

A esta situación se sumó la decisión de Colbún de suspender el desarrollo de la central de bombeo Paposo, un proyecto de almacenamiento de energía en Taltal, que representaba una inversión de US$ 1.400 millones, luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pusiera fin a la tramitación del proyecto, lo que generó críticas tanto del sector empresarial como de autoridades políticas. El propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció problemas en la institucionalidad de evaluación ambiental, señalando que “a veces hay funcionarios o unidades que se les pasa un poco la mano en estos procedimientos”.

No obstante, para el presidente de la comisión de Medio Ambiente del Senado, y senador por la Región de Coquimbo, Sergio Gahona, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) “ya está agotado” y está “muy expuesto a la discrecionalidad y los sesgos propios de los fundamentos ideológicos de los gobiernos de turno”. Gahona declaró a la prensa que “más que administraciones ‘ecologistas’, lo que necesitamos son administraciones y autoridades comprometidas con el desarrollo sostenible, que busquen equilibrar la protección ambiental con el crecimiento económico y el desarrollo de las personas”.

GENERAR CONFIANZAS

En este contexto los gremios de la Región de Coquimbo, desde hace un tiempo, vienen planteando la misma situación, en cuanto a que la demora para obtener permisos sería una de las situaciones que estaría estancando un mayor crecimiento de la región. Recalcan, eso sí, que su interés no es saltarse los procesos o no pasar por evaluaciones ambientales, pero sí tener claridad en cuanto a tiempos y plazos.

Al respecto, Ignacio Pinto, gerente del Consejo Regional Minero de Coquimbo A.G., manifestó que si bien en la zona ha existido buena disposición y han estado en permanente comunicación para ir destrabando ciertos nudos críticos, “lamentablemente no basta con la buena voluntad”, sino que se debe profundizar en aspectos normativos que permitan modernizar las instituciones y generar confianzas para la inversión privada. “Hoy un gran proyecto minero requiere más de 1.000 permisos y tarda más de 10 años en poder implementarse. Eso claramente es un exceso, que además nos sitúa en desventaja frente a otros países en la región. En Chile tenemos estándares altísimos y debemos mantenerlos, pero estos tiempos afectan directamente la viabilidad económica que tienen estas iniciativas”, sostuvo Pinto.

En ese sentido, el gerente de CORMINCO explicó que desde el sector minero están muy expectantes frente a la posibilidad de disminuir los tiempos en la tramitación de permisos y van a apoyar siempre cualquier iniciativa que evite la discrecionalidad de la autoridad de turno en la aplicación de las normas. “En la región, tenemos diversas compañías evaluando su extensión operacional y es clave que los actos administrativos sean responsables, pero más ágiles en su resolución. Tenemos el gran desafío de aumentar la producción minera y ello depende -en gran medida- de establecer certezas y perfeccionar la gestión administrativa desde el sector público”, expresó.

CASOS EMBLEMÁTICOS

Para Ricardo Guererro, en tanto, gerente de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional (CIDERE), el freno a proyectos de inversión no es una ocurrencia de unos pocos empresarios, sino una realidad concreta. “En nuestra región lo hemos vivido con un caso emblemático, como la minera Dominga, o la demora de casi un año en la apertura del complejo turístico Rosa Agustina. En todo el país hay ejemplos, como ha pasado con el datacenter que ha querido instalar Google en Santiago o la central de bombeo Paposo que Colbún desistió de seguir impulsando en Antofagasta. Las empresas forestales chilenas están invirtiendo en Brasil y no en Chile”, asevera el gerente de la CIDERE.

Guerrero agrega que según el Índice de Burocracia, una empresa pequeña en Chile dedica, en promedio, 470 horas al año a satisfacer trámites burocráticos para poder operar. Eso equivale a 52 jornadas laborales exclusivamente para hacer trámites. En Brasil sólo destinan 180 horas. “El país necesita retomar una senda pro-inversión, disminuir trabas y definir estímulos. Desde el sector privado estamos dispuestos a poner de nuestra parte, pero lo que falta es un impulso desde las instancias políticas”, lamentó.

CERTEZA JURÍDICA

A su vez, Felipe Páez, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de La Serena sostiene que la suspensión del proyecto de Colbún, en Paposo, sigue mostrando el grave problema que existe en el país respecto a la “permisología” o excesiva tramitación para aprobar un proyecto. “El IPoM más reciente, proyecta un crecimiento tendencial anual para la próxima década de un bajísimo 1,8%. Y tal como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, la ‘permisología’ no hace más que ahuyentar la inversión, frenar la economía y el empleo. Más complejo aún, quedamos sin muchas posibilidades de responder a las necesidades y urgencias de nuestros habitantes”, aseguró.

Paéz es enfático en sostener que la certeza jurídica es fundamental para el sector y transversal a todos los ámbitos productivos. Por eso como gremio valoran los avances del proyecto de ley sobre la agilización de los proyectos de construcción, en especial, porque otorga diversas herramientas tendientes a disminuir los plazos de tramitación. “A su vez, quedamos atentos a la modificación de algunas materias pendientes que son de suma importancia a considerar dentro de esta normativa, compromiso que adquirió el MINVU para ser enviado en los próximos 15 días, como es el caso de los Informes de Mitigación de Impacto Vial; Inspección Técnica de Obras (ITO) en edificaciones públicas; Reclamación ante la seremi del MINVU y aspectos a verificar por el DOM”, concluyó.