Aumenta la presión sobre el fiscal Cooper por caso ProCultura

Ayer, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, tachó de “escandaloso” las filtraciones ilícitas del llamado caso ProCultura, investigación que lidera el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Cordero indicó que si bien “está funcionando el sistema institucional” en la indagación, hay una paradoja por los trascendidos de la misma. “Todo el mundo habla, se publican artículos, se relatan piezas de la investigación que están sujetas a reserva y que quien las divulgó cometió delito”, acusó.

“Lo que tuvo que hacer el fiscal Cooper ayer (lunes) fue abrir una investigación porque esto es escandaloso. Es escandaloso para esta investigación como para cualquiera, que usted tenga una discusión pública sobre piezas de la investigación que son reservadas en un momento donde el fiscal todavía no dice si va a formalizar o no“, complementó.

En ese sentido, el secretario de Estado aseguró que“el fiscal Cooper es un fiscal que tiene una larga trayectoria en el Ministerio Público. Me parece que es una persona que ha ejercido correctamente siempre su función, está en una investigación que es compleja y cuando uno está en una investigación compleja, por cierto, puede generar incomodidades“, afirmó Cordero.

MÁS DE 190 DECLARACIONES

A través de un comunicado, la fiscalía regional de Coquimbo, indicó que en relación al caso Procultura, ésta asumió la investigación de dicha causa en el mes de junio de 2024 por encargo de la fiscalía nacional y se definió un equipo de trabajo que comenzó con la realización -en forma reservada- de una serie de diligencias en ocho regiones del país.

Desde la designación de esta causa, ocurrida el 26 de junio del año pasado, y en el marco de la presente investigación, entre los meses de julio y diciembre de 2024, así como entre enero y abril de 2025, se han solicitado diversas diligencias investigativas. 

Entre ellas, destacó, 172 diligencias encomendadas a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), consistentes en órdenes de investigar, instrucciones particulares y requerimientos de información, 15 solicitudes formuladas ante tribunales de garantía, 14 requerimientos de información dirigidos a entidades privadas, entradas y registros en 14 domicilios ubicados en la Región Metropolitana y en dos domicilios de la Región del Biobío, con incautación de diversas especies.

Asimismo, se ha tomado alrededor de 190 declaraciones de personas, provenientes de diversas regiones del país, tales como Antofagasta, Metropolitana, Biobío, Ñuble, Magallanes y Valparaíso.

Durante el proceso, las acciones investigativas se desarrollaron conforme a la reserva que impone el artículo 31 de la ley 19.913 sobre lavado de activos para terceros ajenos e incluso los intervinientes del proceso. Es así como, con fecha 9 de abril de 2024, se decretó la primera reserva de la investigación, la cual fue ampliada por un plazo de seis meses. 

Posteriormente, en el mes de octubre de 2024, se solicitó una segunda ampliación de dicha reserva, la que fue autorizada por diversos Juzgados de Garantía, entre ellos los de Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Séptimo de Garantía de Santiago, Chillán, Concepción, Porvenir y Coyhaique, también por un período de seis meses.

La reserva decretada, agregan desde la fiscalía, venció entre los días 2 y 6 de abril de 2025, según cada tribunal. En virtud de lo anterior, la fiscalía regional de Coquimbo comenzó a recibir múltiples solicitudes de entrega de copias por parte de los intervinientes. 

Y dado lo anterior, el pasado 5 de mayo se cumplió con la entrega de los antecedentes a las partes querellantes y defensoras.

De esta forma, el Ministerio Publico entregó copia de la carpeta a 21 intervinientes de la causa.

“Dado que en los últimos días y en forma posterior a la entrega de copias a los intervinientes se observó la publicación de contenidos de la investigación en diversos medios de prensa, la fiscalía regional de Coquimbo realizó la denuncia y la apertura de oficio de una investigación por el posible delito de revelación de secretos para determinar responsabilidades conforme al artículo 182 del Código Procesal Penal”, se indica en el documento de la fiscalía local. 

RESPETAR AUTONOMÍA

Con respecto al actuar del fiscal Cooper han surgido diversos apoyos políticos y otros cuestionamientos por las filtraciones y medidas que ha tomado el persecutor.

Al respecto, el senador Matías Walker aseveró que le parece “una vergüenza” que los diputados oficialistas pidan la remoción del fiscal que está investigando posibles casos de corrupción en el caso Procultura.

“Debemos siempre respetar la autonomía del Ministerio Público. Las personas investigadas gozan del principio de presunción de inocencia, pero es fundamental respetar la autonomía que tiene la fiscalía. Hay que dejar trabajar tranquilo al fiscal y no pedir su remoción”, indicó el senador.

DUDAS EN EL ACTUAR

Una visión distinta tiene la diputada del PC, Nathalie Castillo quien, si bien, afirma que debe existir una investigación exhaustiva caiga quien caiga, existen aspectos preocupantes respecto de cómo se lleva a cabo la investigación desde la entidad persecutora.

“En este caso el fiscal Cooper, existiendo ya una constante hacia la filtración de datos y la interceptación de conversaciones privadas, debe hacer (la investigación) con el mérito que corresponde, con las autorizaciones correspondientes y en este caso quedan dudas de la forma en que se ha actuado, y por eso es que se encuentra también en la mira de muchas personas en función de cómo ha ido desarrollando la investigación”. 

IMPARCIALIDAD

En tanto, el diputado, Juan Manuel Fuenzalida, fue enfático en sostener  que el fiscal Patricio Cooper, a pesar de las presiones, “ha hecho un trabajo bastante exhaustivo y silencioso”.

“Estamos conociendo los resultados de ese trabajo. Como dicen todas las instituciones de seguridad a nivel mundial, para que este tipo de investigaciones tengan buenos resultados, tiene que hacerse en forma sigilosa, en forma silenciosa, y obviamente con los fundamentos que se requieran para llevar adelante este tipo de investigaciones. En ese sentido, el fiscal Cooper ha demostrado ser una persona que hace el trabajo y que goza de imparcialidad. Ha logrado sacar adelante una causa bastante difícil como es la de ProCultura, por todas las consecuencias que ya tiene” señaló Fuenzalida.

LLEGAR AL FONDO

A su vez, el parlamentario de la DC, Ricardo Cifuentes, señaló que el rol del fiscal regional, actuando ahora en un caso de carácter nacional, “ha sido muy importante y expedito además en la tramitación, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros casos como el ‘Papaya Gate’”. 

De todas formas, advirtió que “hay que tener cuidado con la institucionalidad, especialmente los persecutores, porque ellos necesitan de una cierta independencia que les permita investigar los casos, independientemente de la persona que está involucrada. Nos hemos venido enterando que hay una cantidad enorme de personas involucradas, políticamente transversales, y eso hace que sea más necesario que nunca, llegar al fondo de la cuestión. Y para eso los fiscales tienen que tener todas las facultades que la ley les entrega y usarlas de la manera más libre posible, con autonomía”, indicó Cifuentes.

CAJA DE PANDORA

Para el diputado, Víctor Pino, sin embargo, las diligencias ordenadas por el fiscal Patricio Cooper han abierto “una caja de Pandora que tenían muy bien guardada algunos partidarios de este gobierno”. 

Por lo mismo, calificó como “impresentable” que un oficialismo que durante años cuestionó la corrupción de la vieja política, “haya intentado a través de estos mecanismos, obtener millonarios recursos para financiar sus campañas y hacer crecer sus partidos”.

“Creo que se debe llegar a la verdad caiga quien caiga, sin importar el cargo de autoridad que se tenga. Nadie está por sobre la justicia y a pesar de las amenazas de destituirlo, se necesita que el fiscal Cooper siga adelante”, subrayó el diputado Pino.