La arremetida del fiscal Patricio Cooper en el “Caso ProCultura”

Quienes conocen al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, sostienen que es muy meticuloso en sus investigaciones y que está siempre compenetrado y atento absolutamente a todo.

Lo anterior, toma certeza cuando el fiscal Cooper presentó un documento en la corte de Apelaciones de Antofagasta y se hace parte contra el recurso de amparo que presentaron los abogados de Josefina Huneeus, Alejandro Awad Cherit y Miguel Schürmann Opazo, quienes en el recurso argumentan que hubo “espionaje”, pero además, falta de fundamentos legales al ser “pinchado” el teléfono personal de Huneeus.

 Los abogados argumentan en el recurso, que las interceptaciones de los llamados se basaron en un error, ya que el fiscal, en un principio, habría asociado su número telefónico a Alberto Larraín, investigado en el “Caso ProCulturra” y aclaran que ese teléfono celular le pertenece a Huneeus hace 20 años y que a pesar de que la Fiscalía Regional se percata de esto, habría insistido en mantener las escuchas bajo los argumentos de que el imputado conocía de los hechos que se investigaban. 

Frente al recurso de amparo interpuesto por los abogados de Josefina Huneeus, que impugnan las resoluciones del Juzgado de Garantía de Antofagasta que autorizó la interceptación telefónica de Huneeus entre octubre de 2024 y febrero de 2025, el fiscal Cooper reaccionó solicitando ser parte y solicita presentar alegatos en audiencia pública para defender el proceso judicial que consideró las escuchas.

Según argumentos de los abogados Alejandro Awad y Miguel Schürmann, en el recurso presentado, el fiscal Patricio Cooper consiguió la autorización para interceptar las llamadas de Huneeus como si se tratara de una imputada, en circunstancias que no se consideraba su participación en los hechos investigados.

Precisamente en esa interceptación de conversaciones, habría sido pinchado un llamado el 14 de octubre del 2024 entre Josefina Huneeus y el Presidente Gabriel Boric.

Estas conversaciones y lo informado por la PDI al fiscal Cooper, en el sentido de que Huneeus conocería antecedentes del “Caso ProCultura”, además de otros “pinchazos” con un diálogo de la secretaria y cofundadora de Procultura, Ilonka Csillag; la representante legal de esa fundación, Constanza Gómez, y una persona identifica solo como “Lucía”, habrían llevado al fiscal regional a solicitar autorización al tribunal para “pinchar” el teléfono del Presidente de la República, Gabriel Boric, medidas que le fueron negadas.

LIBERTAD PERSONAL

En el recurso de amparo en favor de Jodefina Huneeus, se argumentan también que las medidas afectaron su honra y su libertad personal, luego que la Fiscalía habría usado una calidad de testigo para solicitar la interceptación de su teléfono, medida que está reservada para los imputados. 

Por lo anterior, en el escrito solicitan la eliminación de todo el material obtenido, incluyendo la conversación con el Presidente Gabriel Boric. “Existe un nombre para las intromisiones ilegales a la vida privada de las personas: espionaje”, aseguran los abogados en el recurso de amparo.

Escándalo político 

Desde el año 2023 la Fundación ProCultura está involucrada en el llamado Caso Fundaciones, un escándalo político surgido en el país luego de la denuncia de irregularidades en los convenios de prestación de servicios entre reparticiones del Estado y diferentes organizaciones no gubernamentales a cargo de proyectos de desarrollo.

Esta fundación fue fundada en 2009 por la fotógrafa y gestora cultura Ilonka Csillag y el psiquiatra Alberto Larraín, quienes actuaban como presidenta ejecutiva y director ejecutivo, respectivamente. Su trabajo estaba centrado en el vínculo entre la gestión de proyectos de patrimonio cultural e inmaterial y el desarrollo sostenible de comunidades a lo largo del país.

En 17 de noviembre de 2023 ProCultura anunció su cierre inmediato y definitivo, acusando un “irreparable daño patrimonial y reputacional” por el cuestionamiento a su trabajo después del llamado Caso Fundaciones.