Caso Papaya Gate: Juzgado rechaza prisión preventiva para exintendenta Lucía Pinto y exadministrador José Cáceres

Este miércoles, el Juzgado de Garantía resolvió las medidas cautelares contra los imputados en el denominado caso “Papaya Gate”, investigación que indaga presuntas irregularidades en la compra de terrenos por parte del Gobierno Regional de Coquimbo.

Durante la audiencia, el tribunal rechazó la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de decretar prisión preventiva para la exintendenta regional, Lucía Pinto, y el exadministrador regional, José Cáceres Rojas. En su lugar, acogió las medidas propuestas por la Fiscalía, imponiéndoles arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

“Es una investigación que lleva cinco años. No obstante eso, citados para esta audiencia, comparecieron, han comparecido en otras oportunidades y con anterioridad a todas las citaciones que se les han hecho, comparecieron durante la investigación, prestaron declaración, entregaron antecedentes, abrieron sus cuentas corrientes, entiendo, para los efectos de que se pudiera investigar los hechos. Y esta es la razón precisamente por la que el persecutor, es decir, el encargado de la persecución penal, el Ministerio Público, no solicita la prisión preventiva… porque no existe una necesidad de cautela que la justifique”, argumentó la jueza Carolina Baroncini.

En cuanto al tercer imputado, el gerente de la empresa CPS S.A., Pablo Bracchitta, el tribunal resolvió no aplicar ninguna medida cautelar, al estimar que no se acreditó una presunción suficiente de participación en los delitos investigados.

“No advierte el Tribunal en qué momento se puede atribuir a este particular la existencia de algún engaño; es el precio que se ofertó y que se había ofertado antes. No existió una especie de acuerdo con las personas del GORE para inflar este precio con el objeto de defraudar”, precisó la magistrada.

En tanto, los empresarios Lorenzo Iduya, Nicolás Bakulic, Karim Daire, Manuel Daire y el abogado Luis Gastón Yver, también formalizados en el marco de esta causa, quedaron con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional. 

Finalmente, el tribunal fijó un plazo de 180 días para el desarrollo de la investigación.