De 25 solicitudes que se efectuaron durante el periodo

Sólo 11 adopciones se concretaron durante 2024 en la Región de Coquimbo

Tras casi 12 años, el pasado lunes se despachó la nueva ley que norma el tema, la que destaca por tener un enfoque centrado en el bienestar de niños, niñas y adolescentes y que permite reducir los tiempos de tramitación. La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, indicó que la normativa salda una deuda con los menores de edad que se enfrentaban a procesos largos, engorrosos y estresantes.
PEXELS
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viernes 20 de junio de 2025

Tras casi 12 años de tramitación, el pasado lunes se despachó la nueva Ley de Adopción, la que destaca por tener un enfoque centrado en el interés superior de niños, niñas y adolescentes permitiendo de paso, reducir los tiempos de tramitación.

Hasta ahora, los procesos de adopción de niños y niñas podían tardar hasta 4 años, mientras que en adolescentes la tramitación podía durar incluso hasta 8 años. Con la aprobación de la normativa, sin embargo, los plazos de adopción tendrán un tiempo determinado de 12 meses.

Respecto a la realidad que se vive en la Región de Coquimbo, las causas iniciadas por adopción en el año 2023 sumaron 20, mientras que en 2024 se registraron 25. En lo que va del presente año en tanto, las solicitudes de adopción ya suman 18. 

En relación a las adopciones que lograron concretarse, éstas llegaron a 11, tanto en 2023 como en 2024. Y en lo que va del presente año, la cifra alcanza ya a 7 adopciones en la zona.

SALDAR UNA DEUDA

Con la aprobación de la ley, que será prontamente promulgada, la ministra  de Desarrollo Social, Javiera Toro, en conversación con El Día, afirmó que las adopciones “deberían aumentar, por lo que con ello se salda una deuda que se tenía con niños, niñas y adolescentes que se enfrentan a procesos largos, engorrosos y estresantes, que en promedio duran 4 años y pueden extenderse hasta 8”. 

En ese sentido, afirmó, “hay cambios procesales muy importantes porque hoy un niño pasa por al menos tres juicios distintos, que pueden llegar a  cuatro o cinco, incluso. Con la nueva ley, se junta en un solo procedimiento la protección y la adoptabilidad, estableciendo un plazo máximo de intervención de 12 meses. O sea, si un niño o niña es separado de su familia de origen, obligatoriamente se va a iniciar el trabajo para revincular al niño con su familia de origen, pero eso tiene un plazo acotado. A los 12 meses, el juez deberá determinar si el niño o niña vuelve con su familia de origen, queda al cuidado de un familiar, o si es adoptado, terminando con la incertidumbre”, explicó Toro.

Para la secretaria de Estado, un punto importante que aborda la normativa se centra en lo relacionado con los niños adoptados y sus orígenes.
“La nueva ley reconoce el derecho de niños y niñas de conocer y revincularse con sus orígenes y reconoce la importancia que tiene en la construcción de la identidad de los niños adoptados. Para ello, la nueva ley establece procedimientos para hacer la búsqueda de sus orígenes y también regula la posibilidad de contactos postadoptivos con la familia biológica, en función de lo que sea mejor para ese niño o niña en particular”, sostuvo la ministra de Desarrollo Social.

En ese sentido, subraya que esto parte de la base de poner en el centro a niños, niñas y adolescentes y buscar a las familias más adecuadas para las necesidades de cada uno de ellos. En ese entendido, “la nueva ley pone en un mismo punto de partida a todos los tipos de familia, ya sean matrimonios, parejas con Acuerdo de Unión Civil, convivientes de hecho o personas solteras, incluyendo a parejas heterosexuales y a parejas homosexuales”. 

Y es que según detalla la ministra, con la antigua normativa los matrimonios tienen prioridad respecto de las personas solteras y las parejas que son convivientes civiles o convivientes de hecho, quienes no pueden adoptar. “Esa regla rígida no responde a la realidad porque no siempre la forma tradicional de la familia va a responder mejor a las necesidades del niño, niña o adolescente. Al eliminar estas reglas, vamos a tener más familias disponibles a adoptar y más posibilidades para encontrar a los padres adoptivos más adecuados para cada niño, niña o adolescente”, indicó la secretaria de Estado.

Además, la combinación de tiempos más acotados con el fin del orden de prelación hará que los procesos sean más dinámicos y que los tribunales puedan revisar más casos en tiempos más acotados, y con más opciones disponibles para evaluar como familia adoptiva, de acuerdo a las necesidades del niño o niña.

“Actualmente se llevan a cabo del orden de 250 adopciones al año, y creemos que con la nueva ley esos procesos podrían duplicarse o incluso triplicarse” asevera la autoridad. 

BENEFICIOS PARA LOS NIÑOS

Por su parte, la directora regional del Servicio de Protección, Anita Bonell Bravo indicó que esta ley, una vez que se establezcan sus reglamentos y normas, permitirá que las familias de acogida puedan adoptar bajo ciertos requisitos como todos los tipos de familias que cumplan con las exigencias correspondientes.

La directora regional puntualiza que “la evidencia científica del desarrollo neurocerebral de los niños y las niñas, ha demostrado los beneficios cuando en sus primeros años de vida cuenta con los cuidados y el cariño de una familia, a diferencia de una residencia, donde si bien, recibe atenciones y protección, formar parte de una familia le proporciona un cuidado más personalizado y, en el caso de la adopción, definitivo”.

ELIMINAR BARRERAS

Para el senador Matías Walker, integrante de la comisión de la Infancia del Congreso, valoró la aprobación de la nueva normativa, pues “veíamos casos absurdos en nuestra región, como padres que se encariñaban como familia de acogida, los niños se encariñaban con los padres, pero no podían adoptar. Por otra parte, respecto a niños que eran hermanos no había ninguna disposición a que fueran adoptados de manera conjunta”.
En ese sentido, Walker subrayó que lo único relevante ahora va a ser la idoneidad de la familia adoptante en función del principio del interés superior del niño.

En tanto, el diputado Juan Manuel Fuenzalida aseveró que, si bien, esta ley no es lo ideal, sí cree que es un avance “respecto al proceso que teníamos anteriormente en nuestro ordenamiento jurídico, que era engorroso y excesivamente largo y donde el derecho prioritario del niño que iba a ser adoptado no estaba en primer lugar”.

Por su parte, el parlamentario Ricardo Cifuentes, manifestó que este proyecto viene a resolver un proceso de tramitación generalmente muy engorroso, de manera más ágil. “Esperemos que su implementación sea adecuada y pronta. Otra novedad que tiene esta ley es que permite también que chilenos puedan adoptar en el extranjero”, afirmó Cifuentes.