Pagos indebidos, propaganda encubierta y uso irregular de recursos: lapidario informe de Contraloría sobre GORE 2024

Un lapidario informe es el que emitió la Contraloría Regional sobre el Gobierno Regional, GORE, correspondiente al período comprendido entre enero y septiembre del 2024, parte final de la administración de Krist Naranjo y su reemplazante Wladimir Pleticosic, donde detalla una serie de presuntas irregularidades y faltas a la norma, y donde también hace sugerencias.

Se trata del informe N° 968/2024, fechado el 10 de julio de 2025, que presenta los resultados de una auditoría realizada al GORE de Coquimbo respecto a los gastos ejecutados, estado de las transferencias y uso de recursos públicos. El análisis incluye además denuncias por presuntas irregularidades cometidas por funcionarios y autoridades durante ese período.

Precisamente, uno de los aspectos más delicados del informe señala que la consejera regional, Ximena Ampuero también funcionaria del Hospital San Pablo de Coquimbo, fue observada por haber recibido un pago por más de 10 millones de pesos sin haber realizado la devolución correspondiente de 12 horas semanales autorizadas para funciones gremiales. Según el informe, durante meses no registró ingreso ni salida en el sistema de control de asistencia, ni se le asignaron funciones efectivas en el centro de salud. La Contraloría ordenó al hospital iniciar un proceso disciplinario y exigir el reintegro del dinero pagado indebidamente.

Al respecto, René Coronado Orellana, subdirector de gestión de personas del Hospital San Pablo de Coquimbo señaló a diario El Día que se ha instruido un proceso disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de la situación representada y “se ha dado inicio al proceso de reintegro de los montos pagados improcedentemente a la referida funcionaria entre los meses de julio del 2022 y enero del 2025 en conformidad con lo indicado por el órgano contralor”, señaló René Coronado.

En tanto, la consejera Ampuero reconoció lo ocurrido, atribuyéndolo a un desorden administrativo.

“Contraloría emitió este informe en el cual salgo aludida, pero considerando estas 12 horas no son horas no trabajadas dentro del hospital, es un desorden administrativo, nunca pudieron como observar de que yo entregaba mis documentos y que efectivamente esto debería ser devuelto y bueno, se solucionó. Yo tengo que pagar, obviamente, ese dinero que es por horas no trabajabas y tengo que pagar también hasta la fecha. Me reuní con el director y con el subdirector, quedamos que desde el mes de julio se me empieza a hacer el descuento correspondiente mensualmente como tenía que haber sido desde el primer momento”, señaló la consejera regional.

DEFICIENCIAS EN CONTROL

Por otra parte, el informe del ente fiscalizador revela deficiencias en el control interno del GORE, como contratación de funcionarios inhabilitados, uso indebido de vehículos fiscales y propaganda electoral encubierta durante la administración regional del año pasado.

En definitiva, revela un uso cuestionable de recursos públicos, incumplimientos legales, falta de transparencia y eventuales responsabilidades administrativas que podrían derivar en sanciones.

Otro de los hallazgos de la Contraloría dice relación con la contratación -bajo modalidad de honorarios- de una persona que había sido previamente destituida de un cargo público. El ente contralor detectó que no se solicitó la declaración jurada exigida por la ley para asegurar la idoneidad del profesional, incumpliendo así el Estatuto Administrativo. Por este concepto, el GORE pagó más de 3,5 millones de pesos de manera improcedente.

También se objetó el uso de fondos públicos por 352 mil pesos para actividades relacionadas con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, imputados a una cuenta destinada a representación institucional, lo que constituye un uso inadecuado de los recursos.

PROPAGANDA ENCUBIERTA

El informe se refiere también al uso político de redes sociales y plataformas institucionales. Se comprobó que el exgobernador suplente, Wladimir Pleticosic, utilizó cuentas oficiales del Gobierno Regional para promover su imagen personal, en evidente contravención a la normativa que exige prescindencia política en período electoral. 

La Contraloría detectó: Enlace directo entre la cuenta institucional de Instagram (@gorecoquimbo) y la cuenta personal de Pleticosic, lo que facilitaba la promoción cruzada de contenido político y de gestión personal. Publicaciones reiteradas en redes institucionales con su nombre, imagen y mensajes que destacaban su rol en decisiones del CORE y avances en proyectos regionales, lo cual infringió el principio de prescindencia durante periodo electoral.

Otra fue una publicación en el sitio web institucional titulada “Más de $68 mil 500 millones en proyectos se logró priorizar en suplencia del Gobernador Wladimir Pleticosic”, resaltando su figura como líder de una gestión positiva, lo que fue calificado por la Contraloría como propaganda encubierta utilizando medios públicos.

A pesar de que el cargo ya no lo ejerce, la Contraloría advierte que los actos son reprochables y deben ser considerados en futuros procesos.

Sobre esto, Pleticosic respondió a diario El Día que “nosotros en ese momento lo que quisimos hacer era darle un vuelco importante desde el punto de vista de las comunicaciones a lo que se estaba haciendo en el Gobierno Regional. Veníamos de un proceso bastante complejo en donde el GORE tenía poco y nada que mostrar y nosotros desde el punto de vista comunicacional decidimos dar a conocer a la ciudadanía lo que se estaba haciendo y lo hicimos con la participación de los consejeros regionales de la época”, apuntó.

Asimismo dijo que era bastante subjetivo hablar de una mala utilización y que desde el punto de vista legal no tuvieron a la vista ningún elemento que hiciera pensar que estaban utilizando un medio de la manera como hoy día lo relata el informe”.

La fiscalización también acreditó la grabación de un video con fines electorales por parte de la consejera Ximena Ampuero, usando dependencias del Gobierno Regional, y la asociación indebida de su imagen con la gestión institucional en el sitio web del GORE. Sobre esto último, la consejera Ampuero sostuvo que “hay algunas partes (del informe) donde dice que yo estoy haciendo campaña política dentro de el Gobierno Regional, pero no digo nada ni siquiera los conceptos que cualquier persona se identifica cuando es una campaña donde uno dice, ‘Vota por tal persona’ y no fue así”, indicó al ser consultada.

USO DE VEHÍCULOS Y BITÁCORAS

Otro eje crítico que expone el informe es el uso de vehículos fiscales, donde la Contraloría constató la falta de visación semanal en las bitácoras, ausencia de firmas de los usuarios y consumo de combustible del vehículo del gobernador que superó ampliamente los 300 litros mensuales permitidos. También se observaron desplazamientos durante fines de semana y días festivos sin justificación ni autorización formal.

Y a pesar de que la exgobernadora Krist Naranjo ya había sido sancionada por mal uso de un vehículo fiscal en 2023, la fiscalización reveló que los controles internos siguen siendo débiles, lo que abre la puerta a reiteraciones.

Asimismo, durante el año 2024, el Gobierno Regional incumplió múltiples obligaciones de transparencia activa establecidas en la Ley de Presupuestos. Entre ellas, no se publicó información sobre transferencias a entidades privadas, glosas presupuestarias ni detalles de ejecución presupuestaria por lo que el ente contralor exige subsanar esta situación en un plazo de 60 días hábiles y adoptar medidas permanentes para fortalecer los mecanismos de control y supervisión.

Además, se observó la inexistencia de una metodología clara para categorizar deudores de difícil recuperación, lo que impide una adecuada rendición y control de los recursos transferidos a terceros.

PATRÓN PREOCUPANTE

El informe también pone en tela de juicio la actuación del entonces encargado de redes sociales del Gobierno Regional, Jaime Gallardo, quien habría utilizado tiempo laboral y recursos estatales para manejar redes personales de la exgobernadora Krist Naranjo. A pesar de las denuncias, no se tomaron acciones internas para impedir este tipo de prácticas.

La Contraloría sostiene que la falta de respuesta oportuna a sus requerimientos, como la negativa inicial a entregar las agendas de los gobernadores regionales, refleja un patrón de opacidad institucional que entorpece los procesos de fiscalización.

REINTEGROS Y SUMARIOS

Entre las acciones exigidas por el ente contralor destacan: Instrucción de procedimientos disciplinarios por al menos tres situaciones distintas.

Reintegro de más de 14 millones de pesos por pagos improcedentes. Actualización urgente de manuales de compras y control de vehículos. Adopción de buenas prácticas de transparencia, como agendas abiertas de autoridades. Publicación íntegra de información financiera exigida por ley.
En caso de incumplimiento, advierte el documento, se iniciarán exámenes de cuentas y se aplicarán reparos conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

USO POLÍTICO

El informe N° 968 no solo da cuenta de fallas administrativas, sino que deja al descubierto un uso político de las plataformas institucionales, desidia en el control de recursos y desatención a principios básicos de probidad. En momentos en que se debate la autonomía y atribuciones de los gobiernos regionales, este caso reabre la discusión sobre los límites del poder descentralizado y la urgente necesidad de instituciones sólidas y fiscalización efectiva.

EN CONOCIMIENTO DE AUTORIDAD

El gobernador regional, Cristóbal Juliá, señaló estar al tanto del informe, “tenemos pleno conocimiento del contenido del informe”, precisó, añadiendo que se daba cuenta de “una serie de irregularidades cometidas por algunos funcionarios en administraciones anteriores. Como servicio, estamos trabajando activamente para subsanar las observaciones y cumplir con las recomendaciones señaladas por la Contraloría”.

Sobre las medidas que han implementado, Juliá indicó que las han implementado desde el inicio de su gestión. “Estas incluyen el fortalecimiento de la unidad de control, tanto en dotación de personal como en la implementación de procedimientos dentro de los procesos. Todo esto, con el objetivo de prevenir la ocurrencia de nuevas irregularidades y evitar que, en el futuro, Contraloría cuestione la forma en que llevamos a cabo nuestra labor”, aseguró el actual gobernador Cristóbal Juliá.