Seis querellas y una investigación revelan millonario fraude y red de irregularidades

Para muchos era un secreto a voces que ciertas irregularidades ocurrían en la administración de la Corporación Gabriel González Videla de La Serena. Hoy, sin embargo, y tras una profunda investigación y auditoría, se han revelado situaciones escandalosas, como desorden financiero y administrativo, o una deuda acumulada que supera los 80 mil millones de pesos.

Por ello, el organismo encargado de la administración de servicios de educación, salud y cementerios en la comuna se encuentra en el centro de una investigación por una serie de delitos que involucran a exfuncionarios, proveedores y terceros. Según ha señalado la propia alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, tanto en sesiones de concejo municipal como en otras instancias, la corporación habría sido utilizada como una “caja pagadora” para beneficiar a determinados grupos.

A raíz de ello, la actual administración inició un proceso de revisión y fiscalización que derivó en diversas querellas judiciales y una denuncia adicional ante la Policía de Investigaciones. A medida que el trabajo avanza, no se descarta que se abran nuevas causas.

El secretario general de la corporación, Nilo Lucero, subrayó el compromiso de la actual administración con la transparencia de lo que por años se ocultó. “Hoy existen múltiples querellas en curso por fraude, malversación, apropiación indebida, exhumaciones irregulares y falsificación de documentos, todas prácticas que estaban normalizadas y que afectaban directamente la educación, la salud y los servicios municipales. Pusimos fin a esa cultura de silencio y decidimos actuar con responsabilidad: denunciar, colaborar con la justicia y resguardar los recursos públicos que pertenecen a la comunidad serenense”, dijo.

FUNCIONARIOS FANTASMAS Y NO PAGO DE COTIZACIONES

Una de las investigaciones más significativas involucra el uso fraudulento de boletas de honorarios y facturas que simulaban servicios no prestados en el área de salud. El fraude estimado supera los 750 millones de pesos, y los delitos que se investigan son fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos.

La magnitud del caso llevó al Ministerio Público a formalizar a 22 personas, de las cuales cuatro están en prisión preventiva y 18 cumplen arresto domiciliario total. La audiencia de preparación de juicio oral está fijada para este próximo 13 de octubre en el Tribunal de Garantía de La Serena.

Dada la complejidad de esta investigación, se abrieron dos causas derivadas: una por lavado de activos que incluye nuevos imputados no formalizados, relacionado a enajenaciones, ocultación y otros; mientras que la segunda es por el delito de malversación de fondos públicos, también con imputados no formalizados, y que incluye dineros apropiados de fondos por rendir, justificados con boletas, facturas y otros documentos falsos -íntegramente, o ideológicamente- u otras maniobras. En ambas causas se ha hecho parte el municipio.

La segunda querella presentada en enero y de alto impacto, aborda la omisión sistemática del pago de cotizaciones previsionales a trabajadores de las áreas de salud, educación y administración desde 2014 hasta 2024.

En esta acción, que se encuentra en tramitación en el Tribunal de Garantía de La Serena, se acusa apropiación indebida de cotizaciones y omisión de deberes legales conforme a la Ley 17.322. Se estima que cientos de trabajadores fueron afectados, generando consecuencias en pensiones, licencias médicas y seguros.

TRASPASOS INDEBIDOS Y EXHUMACIONES

La tercera querella, también en tramitación en el Tribunal de Garantía de La Serena, desde el ámbito financiero se descubrieron múltiples traspasos de fondos entre cuentas de salud y educación sin justificación formal.

Esta práctica habría generado un déficit de más de 1.800 millones de pesos y la emisión de cheques sin fondos que fueron protestados, lo que generó intereses por sobregiro e impuestos adicionales por más de $9 millones.

Por estos hechos, se investiga malversación por aplicación pública diferente, fraude al fisco y giro doloso de cheques.

No obstante, uno de los casos más impactantes por su gravedad ética y legal es el relacionado con las exhumaciones de restos humanos realizadas sin documentación ni trazabilidad.

La investigación reveló una total ausencia de registros en procedimientos de traslado y disposición de cadáveres, constituyendo delitos de inhumación ilegal, exhumación sin autorización, ultraje de cadáver y profanación de sepultura.

La falta de protocolos no solo representa un delito penal, sino también una profunda vulneración a los derechos humanos. La causa se encuentra en tramitación.

DOCUMENTOS FALSOS E INICIO DE INVESTIGACIÓN EN LA PDI

La quinta querella -en tramitación en el Tribunal de Garantía de La Serena- se basa en el uso de facturas adulteradas detectadas en el área de salud con el ánimo de defraudar.

Se encontró el uso reiterado de facturas emitidas por familiares de funcionarios (ya imputados), generando conflicto de interés. A esto se suman rendiciones sin respaldo o que reutilizaban documentos de respaldos anteriores.

Esta causa está vinculada a delitos como falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, falsificación o uso de documento tributario falso, apropiación indebida de caudales públicos o fraude al fisco y negociación incompatible al interior de la administración pública.

También se suma una querella presentada recientemente que revela que una empresa se adjudicó un contrato por cerca de $30 millones mediante trato directo con la C.G.G.V., utilizando cotizaciones falsas de otras dos empresas.

El pago fue realizado con recursos de la Subvención Escolar Preferencial, lo que implica un uso indebido de fondos destinados a mejorar la calidad de la educación en sectores vulnerables. En este caso, se investigan delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado, estafa y fraude al fisco.

Finalmente, una denuncia presentada ante la Policía de Investigaciones revela la existencia de una presunta red de negociación incompatible.

En detalle, se trata de un funcionario de la Corporación Gabriel González Videla, que gestionó y adjudicó compras para los cementerios municipales a empresas de familiares mediante tratos directos, utilizando éstas como “palos blancos”. Se investiga además una posible asociación ilícita tras este modus operandi.

El caso ha generado una fuerte conmoción en la comuna de La Serena y en toda la Región de Coquimbo, no solo por la cantidad de delitos, sino por la afectación directa a servicios fundamentales para la comunidad.

La justicia sigue avanzando en determinar responsabilidades penales, mientras el municipio busca restablecer la confianza ciudadana en una institución golpeada por años de mala administración.