Detectan 95 “funcionarios fantasmas” y un perjuicio de mil millones de pesos en la educación municipal de La Serena

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena informó ayer que ampliaron la querella criminal interpuesta por  los hechos irregulares ocurridos de manera sistemática en la Corporación Gabriel González Videla, luego de detectarse irregularidades en el área de la educación municipal.

Esta vez la acción legal se amplió al exalcalde Robertto Jacob, quien era el  presidente del directorio de dicha Corporación; a Patricio Bacho, exsecretario general; Ernesto Velasco, exsecretario general; jorge Díaz, exsecretario general y Sandra Castro, exdirtectora de educación.

De acuerdo a lo sostenido por Daniela Norambuena, profesionales contratados por el municipio que hicieron un minucioso registro solo del año 2023 detectaron a lo menos 95 personas registradas con boletas de servicios y que no fueron reconocidas por los directores de establecimientos de educación como prestadores de servicio (funcionarios fantasmas), detectándose un perjuicio de mil millones de pesos solo en ese año.

La edil dijo que el trabajo de estos profesionales, encabezados por el exfiscal Adrían Vega, “nos ha permitido tener la evidencia concreta para poder presentar las querellas en donde hay una línea de trabajo en materia legal y en ese sentido lo hemos estado estableciendo durante estos primeros meses”. En esa línea, indicó que lo anterior les permitió presentar una nueva querella “con respecto también a la administración desleal y eso ya va implicado con responsabilidades que van de la mano con las personas que estuvieron a cargo y que no supervigilaron esta situación, y que permitieron este tipo de delitos que ya están configurados y que están ratificados ante el Ministerio Público”, señaló Norambuena, añadiendo que lamentaba la situación, porque finalmente quienes eran los afectados “son las personas que van a un SAMU y que hoy día no tienen medicamento, el deterioro permanente de la situación de los recintos de salud, también el estado que se le entregó los colegios al SLEP, por lo tanto, hoy día sin duda alguna es una situación compleja”.

LOS RESPONSABLES

Más adelante, Norambuena señaló que quienes deberían estar en ese momento ahí, eran los responsables de lo ocurrido,  “deberían estar dando las disculpas públicas a todas estas personas que lamentablemente se sienten también sin la calidad del servicio correspondiente y además también implicando lo que es la incertidumbre de una administración central”.

En el mismo tenor, la alcaldesa precisó que “nosotros hoy día estamos para darle cara a la ciudadanía, para limpiar y para buscar a todos los responsables que hoy día provocaron la debacle de esta corporación. El modus operandi era exactamente el mismo que ocurría en el departamento del área de la salud”. 

Consultada por diario El Día sobre su actitud fiscalizadora en los cuatro años en que fue concejala, luego que solo se vio a la llamada “Bancada Dignidad” (concejales de izquierda) fiscalizando y denunciando estos hechos, la edil indicó que “siempre ha sido un tema de que esta Bancada Dignidad dice que nosotros no nos presentamos en esto, pero quiero dejar muy en claro que quienes conformaron esta bancada eran personas del Partido Comunista y del Frente Amplio, era una bancada política que en definitiva cuando hace presentación con respecto al informe 477 de la Contraloría General de la República, ellos toman los antecedentes y lo presentan al Tribunal Electoral, donde jamás se nos convocó a los concejales para poder evidenciar. Yo era oposición del alcalde Roberto Jacob en esa instancia, por lo tanto, no podía ejercer ningún rol ni sumarme a esa causa porque evidentemente nosotros no estuvimos considerados”.

No obstante, Norambuena afirmó que en ese tiempo ella solicitó a la Contraloría que todos los procesos de rendiciones que se hacían cuando se otorgaba una subvención de la municipalidad a la Corporación “donde muchas veces se otorgaron recursos sin tener las rendiciones al día y cuando yo puse atención en eso, desde ahí para adelante no se entregó ningún peso a la Corporación sin las rendiciones al día”, afirmó.

LAS QUERELLAS

Por otra parte, el abogado, Adrián Vega, que representa al municipio en las acciones legales interpuestas, precisó que hasta ahora las querellas dicen relación con tres delitos fundamentales. “La malversación por aplicación pública diferente, esto es que dineros que pertenecían a educación y solo se podía gastar en educación saltaban a otras cuentas, salud y administración central. Lo segundo, es fraude al Fisco porque se rescataron dos ámbitos de defraudación que es asistencias técnicas de tipo educacional que no tienen justificación y respaldo, que hoy en día y con el análisis de solo un año para una empresa, hay más de 360 millones de pesos objetados por la superintendencia. Y por otro lado, funcionarios que aparecen siendo pagados por horas de honorarios para distintos servicios en los colegios, en los cuales los directores nos han señalado a los equipos y de control interno que no conocen a esas personas, lo que da un cúmulo de dinero al menos para el año 2023 de que se pagó sin contenido ni contraprestación. 

En definitiva, en la actualidad, la deuda de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, asciende a más de 83 mil millones de pesos hasta el mes de septiembre pasado, lo que advirtió Adrián Vega podría variar.

POSTURA DE LOS FUNCIONARIOS

Si bien la entrega de los antecedentes de la ampliación de las querellas fue clara por parte de la alcaldesa y del abogado Adrián Vega, hubo un punto de tensión que lo protagonizaron los funcionarios de la Corporación, luego que dirigentes sindicales presionaron para entrevistarse con la alcaldesa, Daniela Norambuena, antes de que hiciera el punto de prensa, aludiendo a que habían intentado reunirse en todo este tiempo con ella y no los ha considerado. También reprocharon que  se estuviera involucrando a todos los funcionarios y funcionarias como si hubiesen participado del fraude, precisando que la gran mayoría eran personas honradas y de trabajo.

De hecho, tras la reunión con la edil, la presidenta del sindicato de funcionarios, Verónica Pinto, acompañada del tesorero, Manuel Garay, y la secretaria, Catherine Yáñez. señaló que  “esta entrevista improvisada con la alcaldesa fue para manifestarle que habíamos recurrido a todas las instancias para dialogar con ella de forma directa referente al futuro de la Corporación y para que se transparentaran los procesos para un eventual cierre de esta institución y no se pudo”.

Más adelante, la dirigenta manifestó la defensa de los funcionarios, indicando que “nosotros, como gremio, reiteramos enérgicamente que reconocemos que nuestra institución vive una crisis financiera y administrativa, pero que en ningún caso puede responsabilizarse a los trabajadores. Si existen pruebas nosotros no podemos defender delincuentes. Pero esas pruebas tienen que ser fundadas, tienen que existir y, además, que las personas tengan el debido proceso y derecho a la defensa”, subrayó.

En la misma línea, Verónica Pinto, reconoció que el diálogo con la alcaldesa fue directo, “donde ella se comprometió a pedir disculpas a los trabajadores, porque yo entiendo que a veces el titular es parte de la política de comunicación de una autoridad, pero se lastima no solo a trabajadores, lastima a personas, lastima a las familias”. 

Inexplicable situación

Otro hecho que empañó un poco la presentación de la ampliación de las querellas por parte del municipio es la situación que vivió la periodista de la Corporación GGV, Natalie Hidalgo, quien es parte del sindicato de funcionarios y participó de las actividades del gremio ayer. Posteriormente, concurrió al punto de prensa para informarse de los detalles de la ampliación de las acciones legales y desarrollar su trabajo, pero señaló que el jefe de prensa del municipio, Juan Miranda, se acercó a ella y la conminó a que se retirara, aludiendo directamente a que ella era sindicalizada. Tras retirarse prudentemente, frente a un acto que consideró de censura y discriminatorio, presentó una queja formal, por escrito, a su jefatura con copia al sindicato, indicando que no buscaba que el incidente escalara, sino que dejar un precedente de lo sucedido. Consultado Miranda por lo sucedido declinó referirse al tema.

La actividad sindical que realizaron los socios, convocados por el sindicato, fue reunirse en el frontis del edificio de la Corporación GGV, donde los dirigentes hicieron declaraciones a la prensa sobre la postura que tienen frente a lo que está ocurriendo en dicha corporación y donde se sienten que se involucra a todos los funcionarios en los hechos que han llevado al municipio a seguir acciones legales contra los responsables. De todas formas, la alcaldesa, aclaró en el encuentro que no todos los funcionarios eran responsables y se disculpó.