Contraloría detecta millonarios faltantes y fallas de control en la seremi de las Culturas

Graves irregularidades detectó la Contraloría General de la República tras realizar una auditoría a la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Coquimbo. 

El Informe Final N°580, emitido en octubre del presente año, contempló un exhaustivo examen de cuentas a las transferencias al sector privado ejecutadas por la seremi entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de marzo de 2025, abarcando tanto aspectos financieros como administrativos.

El ente fiscalizador revisó las transferencias realizadas, el cumplimiento de requisitos por parte de los beneficiarios, la ejecución de los proyectos financiados, las rendiciones de cuentas —incluyendo aquellas aprobadas en años anteriores— y los registros contables asociados. De acuerdo con el documento, la auditoría fue instruida considerando el aumento del ítem de transferencias corrientes por parte de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes durante 2025 en comparación con 2024, el retraso generalizado en la revisión de rendiciones de cuentas a nivel nacional y el alto porcentaje de financiamiento que la cartera destina a entidades privadas.

Entre los principales hallazgos en la Región de Coquimbo, la Contraloría detectó un posible mal uso de recursos públicos. Lo más grave dice relación con la falta o el registro incorrecto de más de $193 millones en la cuenta denominada “Recaudación de terceros pendientes de aplicación”; la existencia de proyectos pagados que no cuentan con respaldo suficiente o cuyos pagos no se encuentran debidamente acreditados y un riesgo de conflicto de interés no regulado, derivado de la ausencia de mecanismos que permitan fiscalizar que los organismos beneficiados con recursos públicos no contraten servicios de empresas de su propia propiedad.

A estos hechos se suma la detección de exfuncionarios contratados a honorarios que resultaron beneficiados con financiamiento de proyectos culturales, un volumen significativo de rendiciones de cuentas atrasadas, no revisadas o no contabilizadas, además de debilidades estructurales en los sistemas de control interno de la institución.

El secretario regional ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Cedric Steinlen, explicó a El Día que esta auditoría fue instruida por la Contraloría a las seremis de la cartera en todo el país. En ese contexto, fue enfático en señalar que las irregularidades observadas corresponden a problemas de carácter administrativo y no a conductas dolosas. “Es fundamental precisar que las situaciones que han sido objeto de análisis se enmarcan en un contexto de complejidad estrictamente administrativa y de procesos internos que requieren optimización. Tras una evaluación exhaustiva, se ha determinado que estas deficiencias no implican dolo ni una actuación deliberada de mala fe”, sostuvo.

Como resultado del proceso de fiscalización, la Contraloría ordenó la instrucción de procedimientos disciplinarios, exigió la recuperación y acreditación de los fondos observados, dispuso la mejora de las bases de concursos y de los controles internos, y estableció plazos estrictos para la regularización de las situaciones detectadas. Junto con ello, remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

FALTA DE RECURSOS EN CUENTA CORRIENTE

Una de las observaciones más graves contenidas en el Informe Final N°580 dice relación con la falta de recursos en la cuenta corriente de la seremi de las Culturas por concepto de reintegros efectuados por entidades beneficiarias. Según detalla el documento, la institución registra estos reingresos en la cuenta contable 214-14 denominada “Recaudación de terceros pendientes de aplicación”, la que al 31 de marzo de 2025 mantenía un saldo de $106.848.865.

Si bien desde la seremi se explicó que los recursos reintegrados se depositan en una cuenta corriente del Banco del Estado de Chile, la revisión de la cartola bancaria permitió corroborar que dichos fondos no se encontraban disponibles ni habían sido transferidos a la subsecretaría correspondiente. En efecto, la cuenta presentaba un saldo de apenas $13.065.080 al 31 de marzo de 2025, generándose una diferencia de $93.783.785 por concepto de reintegros faltantes.

A ello se suma otra observación relevante: la existencia de reintegros no contabilizados por un total de $99.866.648, correspondientes a proyectos que no fueron ejecutados. Si bien desde la seremi entregaron explicaciones respecto del origen y estado de estos recursos, la Contraloría mantuvo la observación debido a que la información proporcionada proviene de la propia institución y se sustenta únicamente en planillas Excel sin respaldo documental suficiente. Por esta razón, se instruyó a la seremi remitir la documentación individual de cada proyecto que permita acreditar o aclarar la situación de estos montos.

De esta manera, al considerar los reintegros no contabilizados por $99.866.648, la diferencia total entre el saldo disponible en la cuenta corriente de la seremi y los recursos que deberían encontrarse disponibles asciende a $193.650.433.

Si bien la institución justificó administrativamente esta situación, la Contraloría mantuvo la observación e indicó que la SEREMI deberá remitir toda la información que permita esclarecer el destino de los más de $106 millones registrados contablemente y los casi $100 millones no contabilizados. Además, se instruyó la apertura de un procedimiento disciplinario y, considerando que los recursos públicos fueron reintegrados pero no se encuentran disponibles en la cuenta que administra la seremi, el organismo fiscalizador resolvió remitir copia del informe a la fiscalía local de La Serena y al Consejo de Defensa del Estado.

RENDICIONES ATRASADAS Y MILLONARIOS MONTOS SIN REVISIÓN

Por otra parte, el informe da cuenta de la existencia de proyectos con rendiciones de cuentas no entregadas y fuera de plazo por un monto superior a los $277 millones, respecto de los cuales la seremi no había solicitado su restitución. En este contexto, la Contraloría ordenó instruir un procedimiento disciplinario destinado a determinar eventuales responsabilidades administrativas, debiendo remitirse el acto administrativo correspondiente a la Unidad de Seguimiento de fiscalía del ente contralor.

Asimismo, se ordenó adoptar todas las medidas necesarias para lograr la mayor recaudación posible de los dineros adeudados, a fin de evitar un detrimento del patrimonio fiscal. Según el análisis de la fiscalización, existen más de $408 millones en rendiciones rechazadas, más de $238 millones en proceso de revisión y más de $2.600 millones correspondientes a rendiciones que aún no han sido revisadas.

El informe añade que más de $277 millones corresponden a proyectos cuyos recursos fueron transferidos y cuyas fechas de término se encuentran vencidas y cuyas rendiciones no han sido presentadas. De ese total, $99 millones corresponden a rendiciones de cuentas rechazadas, sin que la seremi haya realizado gestiones efectivas de cobro, ni siquiera remitiendo los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado al 31 de marzo de 2025.

DEBILIDADES EN EL CONTROL INTERNO

Otra de las observaciones relevantes del informe se relaciona con las debilidades en el control interno de la institución. En particular, se detectó una concentración de funciones en el proceso de transferencias y fiscalización, evidenciándose que una misma funcionaria se encuentra a cargo de la contabilización de las transferencias otorgadas a beneficiarios, participa en la contabilización de las rendiciones de cuentas y, además, actúa como giradora de las transferencias administradas por la seremi. La Contraloría otorgó plazo hasta noviembre para regularizar esta situación.

En cuanto a la contabilización de las garantías entregadas por los beneficiarios, se constató que estos documentos no son registrados contablemente, sino que son custodiados por el Área de Administración y Finanzas de la seremi, utilizando planillas Excel como único medio de control. En dichas planillas se consigna la existencia de un total de $15.110.552.644 en garantías recibidas entre los años 2014 y 2025. El informe advierte que este procedimiento no se ajusta a la normativa vigente, que exige que las operaciones que impliquen responsabilidades o garantías sean reflejadas en cuentas contables específicas y cuenten con revisiones periódicas que resguarden su vigencia.

Si bien la seremi argumentó que estas deficiencias se explican por la baja dotación de personal - situación que se habría visto agravada por la jubilación del funcionario encargado de Contabilidad y Tesorería - la Contraloría mantuvo la observación al constatar que las acciones comprometidas no habían sido ejecutadas, otorgando un plazo de 60 días hábiles para su regularización.

PROYECTOS SIN RESPALDO Y PAGOS FUERA DE NORMA

La auditoría también detectó que la seremi no cuenta con un registro completo y sistematizado de la información relativa a los recursos públicos aportados a entidades privadas durante el período analizado, situación que se replica en los propios beneficiarios de los convenios.

Al revisar una muestra de transferencias que, en conjunto, supera los $440 millones, se constató que no se adjuntan certificados que acrediten que los ejecutores recibieron efectivamente los fondos transferidos. La seremi indicó que solicitará dichos comprobantes de manera inmediata a los beneficiarios.

Asimismo, se identificaron rendiciones de gastos pagados mediante tarjetas de crédito, mecanismo expresamente prohibido en los convenios suscritos por la institución. Entre los casos observados se encuentran pagos por concepto de alimentación, pasajes aéreos y hospedajes sin el debido detalle de los beneficiarios, los participantes o los responsables de la custodia de los bienes adquiridos, lo que impide su aprobación.

RIESGO DE CONFLICTO DE INTERÉS

Otra situación considerada grave por la Contraloría es la ausencia de mecanismos de control destinados a prevenir la existencia de vínculos entre los beneficiarios de fondos y los proveedores que estos contratan para la ejecución de sus proyectos, lo que implica un riesgo para la integridad en el uso de los recursos públicos.

A modo de ejemplo, el informe menciona a un beneficiario que recibió cerca de $43 millones mediante un convenio vigente entre abril de 2024 y enero de 2025, y que contrató servicios de una empresa de su propia propiedad. Además, se detalla que la seremi realizó transferencias por $5 millones al padre del beneficiario en un proyecto distinto.

Si bien desde la seremi se argumentó que no existe una norma que prohíba expresamente estas situaciones y que dichas restricciones no se encuentran explicitadas en las bases de los concursos, la Contraloría mantuvo la observación, señalando que la función pública exige la implementación de mecanismos de control que resguarden el correcto uso y destino de los fondos públicos.

EXFUNCIONARIOS BENEFICIADOS CON FONDOS

La auditoría incluyó, además, un análisis de parentesco y vínculos laborales entre funcionarios de la seremi de las Culturas de la Región de Coquimbo y beneficiarios de fondos en las convocatorias 2024 y primer trimestre de 2025. En dicho análisis se identificó a siete receptores de recursos que formaban parte de la institución, ya sea en calidad de contrata o a honorarios, tanto en la región como en otras dependencias del servicio.

Según detalla el informe, se entregaron más de $11 millones del Fondo del Libro y la Lectura a un funcionario a contrata y más de $81 millones a personas contratadas a honorarios que resultaron beneficiadas en fondos como Artes Escénicas, FONDART Regional, Fondo de la Música y Fondo del Libro.

Para la Contraloría, estas situaciones no se condicen con la normativa que obliga a los funcionarios a abstenerse de intervenir en procedimientos en los que tengan interés personal, contraviniendo el principio de probidad administrativa.

Desde la seremi justificaron estas situaciones señalando que la contratación a honorarios por montos menores no impide la participación en concursos públicos y que no se configura vulneración a los principios señalados. No obstante, el ente fiscalizador exigió incorporar en las bases concursables disposiciones más claras y específicas que regulen estas situaciones, con el objeto de otorgar mayor certeza jurídica a postulantes y evaluadores.

AVANCES EN LA REGULARIZACIÓN

Finalmente, el seremi Cedric Steinlen aseguró que, tras recibir el informe de la Contraloría, la institución asumió un compromiso irrestricto con la transparencia y el cumplimiento normativo, iniciando una coordinación técnica permanente con el organismo fiscalizador.

“Gracias a este trabajo proactivo, podemos informar que hemos logrado aclarar cerca del 90% de los reintegros financieros observados, demostrando la voluntad institucional de subsanar las faltas administrativas detectadas y asegurar el correcto uso de los recursos públicos”, señaló.

La  autoridad regional agregó que ya se iniciaron los procesos sumariales ordenados por la Contraloría para investigar y determinar eventuales responsabilidades administrativas y que, dentro de los plazos establecidos, se remitirá un informe detallado y debidamente fundamentado con todos los antecedentes necesarios para esclarecer y subsanar las observaciones formuladas.