Migrantes irregulares no tendrían acceso a ayudas sociales en Gobierno de Kast

El tema migratorio fue una de las bases centrales de la campaña de José Antonio Kast y parte estructural de su programa de gobierno. Con un discurso enfocado en el control del Estado, la seguridad y el endurecimiento de las normas, el entonces candidato logró capitalizar el descontento ciudadano en torno a la migración irregular, particularmente en las regiones del norte del país, donde se impuso con claridad en el balotaje presidencial.

Durante la campaña, Kast planteó que Chile había perdido el control de sus fronteras y que la migración desregulada había generado impactos negativos en seguridad, comercio informal y presión sobre los servicios públicos. Esa lectura fue especialmente recogida en zonas fronterizas y ciudades del norte, donde el fenómeno migratorio ha sido más visible y conflictivo en los últimos años.

Su programa apunta hacia una política migratoria más restrictiva, basada en el control fronterizo, el endurecimiento de sanciones y la salida de extranjeros en situación irregular. Sin embargo, más allá de estos lineamientos generales, persisten dudas relevantes respecto de su aplicación práctica y sus efectos sociales.

Así por ejemplo, uno de los ejes centrales del programa es el reforzamiento del control de fronteras, con un aumento de la presencia militar y policial en los pasos fronterizos, especialmente en el norte del país, con el objetivo de frenar el ingreso irregular. Desde su sector han insistido en que el Estado debe recuperar el control territorial y ejercer soberanía efectiva en zonas críticas.

En paralelo, el programa contempla un proceso de salida de migrantes en situación irregular, priorizando la denominada “salida voluntaria”. La propuesta establece plazos concretos para que quienes no cuenten con residencia legal abandonen el país, enfrentando posteriormente medidas más estrictas en caso de incumplimiento. En este enfoque, también se ha planteado que los propios migrantes —e incluso empleadores que los hayan contratado de manera irregular— deban asumir parte del costo del retorno a sus países de origen.

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DUDAS Y CRÍTICAS DESDE EL MUNDO POLÍTICO

Otro punto relevante es el endurecimiento del marco legal, transformando el ingreso irregular desde una falta administrativa a una conducta sancionable con mayor severidad. A ello se suma la restricción de acceso a beneficios del Estado, como salud, vivienda o ayudas sociales, para quienes no tengan su situación migratoria regularizada, reforzando la idea de que no se destinarán recursos públicos a quienes no cumplan la ley.

Estas definiciones no estuvieron exentas de cuestionamientos durante la campaña. En los últimos debates presidenciales surgieron dudas respecto de cómo se llevaría a cabo, en la práctica, un plan de expulsión o extradición de extranjeros en situación irregular, considerando la magnitud del fenómeno migratorio, la capacidad logística del Estado y la coordinación necesaria con los países de origen.

Pese a esas interrogantes, tras ganar la elección, Kast volvió a reforzar su postura en su discurso, insistiendo en que los inmigrantes irregulares deben salir del país, que no accederán a beneficios estatales y no se gastarán recursos públicos en quienes no cumplen la ley, reafirmando así uno de los mensajes más duros de su campaña.

Pero,  implementar procesos de salida a gran escala implicaría una logística compleja, altos costos y acuerdos con países que, en algunos casos, no aceptan repatriaciones o carecen de vínculos diplomáticos fluidos con Chile.

A ello se suma la preocupación por el impacto humanitario y social de estas medidas. Organizaciones civiles y expertos advierten que el programa no detalla cómo se abordará la situación de familias con niños escolarizados, personas que llevan años viviendo en el país o solicitantes de refugio, ni cómo se compatibilizarán las expulsiones con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Las críticas también se han expresado desde el mundo político. La diputada del Partido Comunista, Nathalie Castillo, sostiene que la propuesta de José Antonio Kast no es viable e impuso la desinformación por sobre una propuesta clara y responsable en materia migratorio.

“Reducir el debate migratorio solo a expulsiones no resuelve el problema. Se necesita avanzar en un proceso de regularización serio, impulsado por este gobierno. Además, se requieren esfuerzos multilaterales desde Cancillería, como corredores humanitarios y acuerdos diplomáticos para la apertura de embajadas, como la venezolana. Sin embargo, en este debate ha terminado imponiéndose la desinformación por sobre una propuesta clara y responsable en materia migratoria; francamente, la propuesta de Kast no es viable”.

En tanto, la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, afirmó que en este ámbito se debe discutir de manera, seria, con soluciones efectivas y no slogans y por supuesto, siempre con apego a los Derechos Humanos. “El programa de José Antonio Kast plantea un enfoque fuertemente restrictivo y punitivo, que genera más dudas que certezas. No queda claro cómo se compatibiliza el control fronterizo con las obligaciones internacionales de Chile, ni cómo se evitará la estigmatización de personas migrantes que hoy aportan al país y viven de manera regular”.

La diputada Tello manifiesta que la complejidad de la migración requiere gestión de Estado, una coordinación regional y políticas de integración. “Mi principal preocupación es que, si se aborda solo desde la lógica del castigo y el cierre, terminemos agravando los problemas en vez de resolverlos, afectando tanto a las comunidades locales como a las personas migrantes”.

Así, por ejemplo, en regiones como Coquimbo, donde la migración también ha generado debate ciudadano, el tema se vincula no solo a seguridad, sino también a empleo, integración y convivencia social. Analistas coinciden en que una política migratoria efectiva requiere control y fiscalización, pero también criterios claros de regularización e integración.

Así, el programa migratorio de José Antonio Kast ofrece definiciones nítidas sobre el rumbo que propone, pero deja abiertas preguntas clave sobre su implementación, costos y consecuencias, en un escenario donde la migración seguirá siendo uno de los principales desafíos del próximo gobierno.