"O los derechos son para todos": Astorga critica a Castro y García por serie de Matute Johns

El periodista Juan Manuel Astorga emitió una severa crítica pública dirigida a los actores Alfredo Castro y Paulina García por su rol protagónico en la serie de Netflix "Alguien tiene que saber", obra inspirada en la desaparición de Jorge Matute Johns. El comunicador apuntó a una contradicción ética entre el activismo político de los intérpretes y el impacto emocional que la producción ha causado en la familia de la víctima.

La controversia surge a raíz del respaldo que ambos actores brindaron en 2022 al proyecto de nueva Constitución, donde participaron en actos públicos leyendo artículos sobre la dignidad humana y los derechos fundamentales. Para Astorga, existe una "incongruencia difícil de ignorar" al contrastar aquel discurso con la decisión de participar en una serie que no contó con el consentimiento de los afectados directos.

"O los derechos fundamentales son para todos, incluyendo a María Teresa Johns, o son solo un recurso retórico que se invoca cuando conviene y se olvida cuando hay un contrato de Netflix de por medio"

Desde el entorno familiar, María Teresa Johns, de 80 años, ha manifestado un rechazo absoluto a la producción, calificándola como una experiencia violenta que ha deteriorado gravemente su estado de salud. Su hijo, Álex Matute, confirmó que el bienestar de su madre se ha visto comprometido tras el estreno en la plataforma el pasado 16 de abril de 2026, subrayando que nadie de la productora Fábula solicitó autorización previa a la familia.

Por su parte, Paulina García —quien interpreta a la madre de la víctima— defendió el proyecto asegurando que el trabajo fue "muy responsable", mientras que la productora negó haber tratado a María Teresa Johns de forma inadecuada. Sin embargo, el cuestionamiento de Astorga persiste: "La seriedad y el respeto no se miden en la calidad del guion, se miden en la voluntad de la persona cuyo dolor estás convirtiendo en contenido con el que además ganas plata". El caso abre un debate sobre los límites éticos en las dramatizaciones de crímenes reales que aún conmocionan al país.