Dichos de ministra Steinert abren flanco político por seguridad

La seguridad pública se ha instalado como el principal eje de tensión política en las primeras semanas de la administración de José Antonio Kast. En el centro del debate se encuentra la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien ha debido enfrentar cuestionamientos por la falta de resultados inmediatos y, en ese contexto, solicitó tiempo para que la estrategia del ejecutivo logre consolidarse.

La secretaria de Estado defendió el enfoque gubernamental, señalando que el combate al crimen organizado requiere un proceso de “maduración”. Según explicó, las intervenciones en fronteras, cárceles y barrios críticos —junto a operativos desplegados por Carabineros y la Policía Marítima en puertos y rutas— no pueden generar efectos inmediatos. En esa línea, proyectó que los avances más concretos en la desarticulación de bandas podrían evidenciarse en un plazo de seis meses o hacia fines de año.

El planteamiento busca moderar las expectativas ciudadanas, especialmente considerando el énfasis en seguridad que marcó la campaña presidencial. Sin embargo, la solicitud ha generado reacciones divididas, incluyendo en la Región de Coquimbo, donde parlamentarios oficialistas y de oposición han fijado posturas contrapuestas.

Desde el oficialismo, el diputado Marco Sulantay respaldó la petición de la ministra, argumentando que la evaluación de una política pública debe considerar plazos razonables. A su juicio, corresponde realizar un primer balance a los seis meses y una evaluación más definitiva al año, por lo que el llamado a otorgar tiempo resulta “atendible”.

En contraste, desde la oposición cuestionan la falta de resultados y acusan improvisación. El diputado Daniel Manouchehri criticó duramente la gestión de Steinert, señalando que no existe un plan claro de seguridad y que el gobierno enfrenta un “choque de realidad” frente a promesas que —según afirmó— fueron sobredimensionadas en campaña.

A estas críticas se suman los reparos en materia presupuestaria. La diputada Carolina Tello calificó como una “irresponsabilidad” el anuncio de recorte en el presupuesto de seguridad, medida que posteriormente fue revertida. A su juicio, este tipo de decisiones genera incertidumbre y debilita la confianza ciudadana en la capacidad del Ejecutivo para enfrentar la delincuencia.

El debate refleja una creciente presión política sobre el gobierno en una de sus principales banderas programáticas. Mientras el ejecutivo insiste en que su estrategia integral requiere tiempo para mostrar resultados, desde la oposición advierten que la ciudadanía demanda respuestas inmediatas.

Con un plazo de seis meses planteado como horizonte por la propia ministra, el tema de la seguridad se perfila como uno de los principales focos de evaluación para la actual administración, en medio de expectativas altas y un escenario político cada vez más tensionado.