Fenómeno en alza en la región

Inquietud genera creciente acceso de delincuentes a armas de fuego

Solo este miércoles, seis personas pasaron a audiencia de control de detención por delitos asociados al porte y tenencia de armas en la región. La fiscalía detalló que durante los primeros cuatro meses de 2026, considerando causas por disparos injustificados y porte ilegal de armas, se registraron 101 ingresos en la zona.
Este martes, un hombre con un extenso historial delictual fue detenido por Carabineros tras ser sorprendido portando un arma de fuego modificada en las inmediaciones del mall de La Serena. (Foto: Cedida)
Este martes, un hombre con un extenso historial delictual fue detenido por Carabineros tras ser sorprendido portando un arma de fuego modificada en las inmediaciones del mall de La Serena. (Foto: Cedida)
miércoles 06 de mayo de 2026

El inicio de 2026 ha estado marcado por un aumento sostenido de los delitos vinculados a la Ley de Control de Armas en la Región de Coquimbo, en un escenario que mantiene en alerta a las autoridades por el alza en la circulación de armamento en manos de delincuentes y su uso en hechos violentos registrados en distintas comunas.

Como ejemplo de esta situación, solo durante la jornada de este miércoles, seis personas pasaron a audiencia de control de detención por delitos asociados al porte y tenencia de armas en la región. Cuatro de ellos fueron detenidos en procedimientos desarrollados en La Serena, uno en un hecho aislado y otros tres en un operativo realizado en el sector de Las Compañías. A ellos se sumaron dos sujetos detenidos en la comuna de Coquimbo, quienes también enfrentaron audiencia de control por infracciones a la Ley de Control de Armas.

La seguidilla de procedimientos vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por el incremento de delitos vinculados al uso y circulación de armas de fuego, especialmente considerando que varios de los hechos de mayor connotación ocurridos en la región durante los últimos meses han dejado personas lesionadas e incluso víctimas fatales.

De 3 a 5 años de cárcel

Frente a este escenario, la seremi de Seguridad Pública de Coquimbo, María José Duarte, sostuvo que el porte y la tenencia de armas se encuentran estrictamente regulados por la legislación chilena, permitiéndose únicamente en los casos expresamente establecidos por la ley.

“La infracción a esta normativa constituye un delito sancionado con penas que van desde los 3 a los 5 años de privación de libertad”, indicó la autoridad.

Duarte explicó que desde el ejecutivo se ha reforzado el trabajo orientado a disminuir la circulación de armamento en manos de organizaciones criminales, a través de controles, incautaciones y fiscalizaciones.

“Se ha intensificado la incautación de armas como parte de una estrategia orientada a reducir el poder de fuego de las bandas criminales, así como a desarticular redes de tráfico y comercialización. En esta misma línea, el Plan Calles sin Violencia contempla la realización de fiscalizaciones a armas inscritas, llevadas a cabo tanto por la Policía de Investigaciones como por Carabineros de Chile”, afirmó Duarte.

En cuanto a resultados, la seremi detalló que en lo que va de 2026 Carabineros ha incautado 19 armas en la región, mientras que la Policía de Investigaciones registra 15 decomisos en el mismo período. En el caso de la PDI, durante todo 2025 se concretaron 52 incautaciones.

Trabajo de la fiscalía

Desde el Ministerio Público explicaron que estos delitos son abordados mediante un trabajo coordinado con Carabineros y la PDI, principalmente a partir de la información que levantan las policías en terreno y de los peritajes balísticos que permiten determinar si las armas incautadas se encuentran aptas para el disparo.

En ese sentido, recalcaron que portar un arma de fuego en la vía pública constituye un delito grave tipificado en la Ley de Control de Armas, por lo que en la mayoría de los casos se solicitan medidas cautelares intensas, entre ellas la prisión preventiva.

Precisaron además, que quienes son puestos a disposición del tribunal pueden enfrentar cargos por distintas figuras penales, entre ellas porte de arma convencional o porte de arma prohibida. Incluso en los casos en que las armas no sean reales, las investigaciones pueden continuar bajo otros tipos penales, como amenazas.

Respecto de la evolución de estos delitos, la fiscalía detalló que durante los primeros cuatro meses de 2026, considerando causas por disparos injustificados y porte de armas, se registraron 101 ingresos en la región. En comparación con igual período de 2025, ello representa una variación de -16,5%.

Un riesgo latente

Pese a esa baja en los ingresos, el Ministerio Público advirtió que la peligrosidad del fenómeno se mantiene, especialmente por el nivel de violencia asociado al uso de armamento. En esa línea, indicaron que en causas por porte de armas el 93% de los imputados logra ser identificado.

La fiscalía además destacó que no solo se persiguen casos flagrantes, sino también hechos de mayor complejidad donde existe uso de armas y municiones en delitos graves. De hecho, en los últimos días se han logrado condenas y formalizaciones por porte de armas en causas de homicidio y otros delitos violentos ocurridos en sectores como Las Orizas, en Sindempart, un motel de Ovalle; y la población Cital, en Tierras Blancas.

En paralelo, el fiscal regional Patricio Cooper anunció junto a la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) el desarrollo de un Programa Especial de Protección de Testigos, enfocado en resguardar a personas cuya participación en procesos penales pueda verse amenazada por terceros armados.

Negocio criminal 

Para el magíster en Criminología y experto en seguridad, Jorge Tobar, el aumento de detenidos por porte ilegal de armas no solo da cuenta de una mayor circulación de armamento, sino también de un fortalecimiento en la capacidad operativa de las policías.

A juicio del especialista, una lectura posible de este escenario es que el incremento de detenidos también responde a acciones policiales más coordinadas y a una planificación más focalizada frente a este tipo de delitos.

Tobar sostuvo que desde hace varios años el crimen organizado y la delincuencia común han logrado un acceso cada vez más expedito a armas cortas y, en menor medida, a armas largas, lo que ha complejizado el escenario de seguridad.

“El crimen organizado no solo ha logrado armarse de manera más sofisticada, sino que ha incorporado la compra y venta ilegal de armas como parte de su portafolio de negocios criminales”, advirtió.

Si bien remarcó que Chile aún está lejos de los niveles de proliferación armada observados en otros países de la región, afirmó que el desafío para el Estado pasa por fortalecer una política criminal de largo plazo, con foco en inteligencia, prevención y desarticulación de redes.

“El desafío es reducir estructuralmente la circulación ilegal de armas y debilitar las capacidades del crimen organizado”, advirtió Tobar.