Alcaldesa de Combarbalá acusa a exedil de liderar "mafia política" en su contra

Diversas controversias han marcado las últimas semanas al municipio de Combarbalá.

La compra de celulares para concejales, tensiones al interior del concejo municipal, demandas laborales y la solicitud para reconsiderar multas cursadas durante la festividad de la Virgen de la Piedra han generado fuertes críticas a la figura de la alcaldesa, Marta Carvajal.

Frente a este escenario, la edil, en diálogo con Diario El Día, defendió las decisiones adoptadas por su administración, asegurando que existe un ambiente de constante confrontación política que, a su juicio, ha dificultado el funcionamiento del municipio.

Al mismo tiempo, acusó directamente al exalcalde de la comuna, Pedro Castillo, de dirigir a un grupo de concejales y funcionarios municipales - al que calificó como "mafia política" - cuyo objetivo sería dañar su gestión ante la comunidad. 

“Existe una mafia política instalada detrás de todo esto, liderada por el exalcalde Pedro Castillo. Hay funcionarios municipales vinculados a su administración, concejales que constantemente están cuestionando nuestra gestión y también redes sociales externas que permanentemente atacan y critican, muchas veces sin dar la cara”, denunció la alcaldesa.

Compra de teléfonos

Pero entrando al fondo de las últimas polémicas, especialmente aquella relacionada con la adquisición de teléfonos institucionales para los concejales, la autoridad comunal aclaró que nunca solicitó un equipo para uso personal y que siempre ha utilizado su teléfono particular, incluso manteniendo el mismo número desde su primer período como concejala.

“Yo pago mi plan personal y nunca he tenido un teléfono municipal”, afirmó.

Según explicó, la compra se originó a raíz de insistentes solicitudes de los propios concejales, quienes durante meses plantearon la necesidad de contar con dispositivos institucionales para desarrollar sus funciones.

“Cuando los concejales empezaron a pedir sus teléfonos, le pedí al encargado de informática que iniciara el proceso, porque estos trámites administrativos se demoran muchísimo”, sostuvo.

La alcaldesa indicó que, una vez concretada la adquisición, comenzaron las críticas debido al tipo de equipos comprados y al costo de los planes telefónicos asociados.

“Primero fueron a retirar los celulares y después, cuando comenzaron las críticas en redes sociales y en la comunidad, algunos empezaron a rechazarlos públicamente. Pero finalmente casi todos los concejales andan usando sus iPhone”, aseguró.

Además, señaló que, incluso, existieron cuestionamientos por el modelo de los dispositivos adquiridos. “Uno de los concejales comentó que él usaba un modelo superior y que no eran los equipos que algunos esperaban”, relató.

Recursos del Royalty

Otro de los episodios que profundizó las diferencias entre la alcaldesa y parte del concejo municipal ocurrió durante el proceso de compra de alimento animal financiado con recursos del Royalty Minero.

La jefa comunal explicó que el municipio destinó cerca de 40 millones de pesos para ir en auxilio de campesinos afectados por la falta de ayuda durante el año anterior. Sin embargo, el proceso sufrió retrasos debido al rechazo de una primera licitación.

“La empresa adjudicada inicialmente no tenía experiencia previa en ese tipo de productos y el proceso fue observado. Eso obligó a volver a licitar y retrasó durante meses la llegada de la ayuda”, explicó.

Carvajal sostiene que la situación provocó críticas por parte de algunos concejales durante una actividad de entrega de alimento, episodio en el que —según indicó— incluso se realizaron transmisiones en vivo cuestionando el trabajo municipal.

“Yo solamente expliqué que los procesos administrativos son lentos y que muchas veces las decisiones también dependen del concejo municipal. Si todo dependiera solo de mí y estuviera dentro de la legalidad, los recursos llegarían mucho más rápido”, aseguró.

Tras esa actividad, estos concejales habrían exigido disculpas públicas a la autoridad comunal, acusando que, por sus declaraciones, ahora los responsabilizaban a ellos por los retrasos en la entrega de alimentos. 

La sangre llega al río

El conflicto, sin embargo, continuó posteriormente, en concreto, durante la discusión de una modificación presupuestaria cercana a los 360 millones de pesos provenientes del Royalty, recursos que contemplaban financiamiento para distintas obras comunales y proyectos de mejoramiento.

Según relató la edil, varios concejales condicionaron la votación argumentando que existían oficios e información pendiente por responder desde el municipio.

“Los funcionarios están sobrecargados de trabajo y aun así se estaba preparando toda la información solicitada”, indicó.

Sin embargo, aseguró que cuatro concejales decidieron abandonar la sesión, dejando al concejo sin quórum e impidiendo la aprobación de iniciativas relevantes para la comuna.

“Había proyectos importantes para distintas localidades, aportes para pavimentación y obras comunitarias. Lamentablemente el concejo quedó sin quórum porque varios concejales decidieron retirarse”, afirmó.

Polémica contratación 

En medio de estas diferencias, la alcaldesa también defendió la contratación de un nuevo abogado para el municipio, decisión que fue cuestionada por algunos integrantes del concejo.

“Ellos tienen una labor fiscalizadora, pero las decisiones administrativas corresponden a la alcaldía. Yo decido a quién contrato para defender jurídicamente al municipio”, enfatizó.

La autoridad comunal además abordó las demandas laborales que actualmente enfrenta la municipalidad, señalando que muchas de ellas se originaron en decisiones adoptadas durante administraciones anteriores.

“Tenemos varias tutelas laborales y demandas millonarias que consideramos injustas. Algunas situaciones vienen desde antes de mi gestión y hoy le están costando mucho dinero al municipio”, afirmó.

Infracciones de tránsito

Otro de los temas que generó fuerte polémica fue el oficio enviado al Juzgado de Policía Local para solicitar reconsiderar multas cursadas durante la celebración de la Virgen de la Piedra.

La alcaldesa justificó esta decisión afirmando que numerosos vendedores permanecieron varios días esperando autorización para instalar sus puestos y que muchos de ellos durmieron en vehículos debido a la falta de recursos económicos.

“La gente estaba esperando trabajar. Muchos llegaron con sus familias y no tenían dinero para hospedarse. Era una situación excepcional y humanamente compleja”, sostuvo.

En ese contexto, indicó que consultó jurídicamente si era posible solicitar flexibilidad en la aplicación de las multas y que posteriormente se envió un oficio formal al tribunal. “Lo único que hicimos fue pedir que se evaluara la situación y que eventualmente se reconsideraran o rebajaran esos partes”, señaló.