Hecho habría ocurrido en marzo

“La trataron de mentirosa”: familia demanda a colegio tras denuncia de abuso sexual

La acción judicial es encabezada por el abogado Rodrigo Valdivia Briceño, quien sostiene que el Amazing Grace de Peñuelas no habría aplicado los protocolos exigidos para resguardar a la comunidad educativa, pese a que —según afirma— existían antecedentes previos sobre el funcionario involucrado en el hecho.
El abogado a cargo de la demanda señaló que el funcionario implicado en el presunto caso de abuso fue apartado de sus funciones de manera preventiva mientras se desarrolla una investigación interna. (Foto: Cedida)
El abogado a cargo de la demanda señaló que el funcionario implicado en el presunto caso de abuso fue apartado de sus funciones de manera preventiva mientras se desarrolla una investigación interna. (Foto: Cedida)
martes 19 de mayo de 2026

Una demanda civil indemnizatoria por 63 millones de pesos presentó la familia de una estudiante del colegio Amazing Grace de Peñuelas, quien el pasado 24 de marzo denunció presuntos incumplimientos del establecimiento ante una situación de abuso sexual que habría sufrido la menor de edad. 

La acción judicial es encabezada por el abogado Rodrigo Valdivia Briceño, quien sostiene que el establecimiento no habría aplicado los protocolos exigidos para resguardar a la comunidad educativa, pese a que —según afirma— existían antecedentes previos sobre el funcionario involucrado en el hecho.

“El objetivo de la demanda es acreditar que el colegio incumplió el contrato de prestación de servicios educacionales, porque no aplicó ni siguió las directrices de la superintendencia respecto de la obligación de proteger a la comunidad educativa, especialmente a los alumnos”, explicó el profesional.

De acuerdo al jurista, los hechos denunciados habrían sido conocidos por el sostenedor del establecimiento, situación que —asegura— no derivó en medidas suficientes para prevenir nuevos episodios o proteger a las estudiantes afectadas.

Valdivia afirmó además que “no se aplicó ningún protocolo”, agregando que la identidad de la víctima habría quedado expuesta dentro del recinto educacional, situación que, según indicó, derivó en burlas y hostigamientos.

“El nombre de ella fue de conocimiento público dentro del establecimiento y eso trajo aparejado que fuera objeto de burlas y hostigamiento por parte de integrantes de la comunidad educativa, especialmente del equipo de inspectoría, quienes la trataban de mentirosa”, acusó.

Respecto al funcionario apuntado, el abogado señaló que fue apartado de sus funciones de manera preventiva mientras se desarrolla una investigación interna. Sin embargo, indicó que, hasta ahora, no tienen antecedentes de un eventual término de contrato.

En paralelo, existe una acción penal presentada contra el inspector acusado, causa que actualmente se encontraría en etapa de investigación en el Ministerio Público.

“La parte civil indemnizatoria es contra el colegio, mientras que la querella penal es contra el involucrado”, precisó Valdivia Briceño.

Consultado por los plazos del proceso, el abogado indicó que una sentencia podría conocerse dentro de ocho o nueve meses, dependiendo del avance de las diligencias y de los antecedentes que se incorporen al juicio.

Asimismo, explicó que una eventual resolución de la Superintendencia de Educación podría transformarse en un elemento relevante dentro de la causa civil.

“Si existe una sanción administrativa que establezca que el colegio incumplió protocolos, eso será una prueba importante para acreditar nuestras alegaciones”, afirmó.

Comunicación a los padres y apoderados

Desde el establecimiento educacional, hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas respecto a la demanda, pero cuando se dio a conocer la denuncia en el mes de marzo, se emitió un comunicado a los padres y apoderados por parte de la dirección del establecimiento, y en la cual, dieron a conocer las medidas adoptadas.

En el documento se señalaba que “en resguardo del debido proceso y conforme a la normativa vigente, el establecimiento se encuentra impedido de entregar mayores antecedentes, dado el carácter confidencial de la investigación en curso”. También se pidió que “en caso de que algún apoderado cuente con información relevante, se solicita canalizarla a través de las instancias correspondientes del establecimiento o directamente ante fiscalía”.

Además, solicitaron a la comunidad educativa ”confiar en las acciones adoptadas y abstenerse de juicios o difundir información no verificada, ya que ello puede entorpecer el desarrollo de la investigación”.

Por su parte, desde la Superintendencia de Educación indicaron que se recibió la denuncia, la cual fue catalogada como crítica. “Con los antecedentes obtenidos, requeridos al establecimiento, se inició un proceso sancionatorio, que actualmente se encuentra en desarrollo", aseguraron desde el organismo.