Los detalles del polémico registro de vándalos anunciado por Kast

Uno de los anuncios que más repercusiones generó tras la reciente cuenta pública del Presidente José Antonio Kast fue el envío al Congreso del proyecto de ley que crea el denominado Registro de Vándalos e Incivilidades, también llamado Registro Único de Vándalos.

La propuesta busca establecer un sistema nacional destinado a identificar a personas condenadas por determinados delitos e infracciones vinculadas a daños contra bienes públicos, ataques a funcionarios, actos de violencia y conductas consideradas incívicas. Junto con ello, contempla una sanción que ha generado especial controversia: la suspensión del acceso a diversos beneficios financiados por el Estado.

Desde el ejecutivo explicaron que la iniciativa apunta a combatir la sensación de impunidad frente a hechos que deterioran espacios públicos y afectan la convivencia ciudadana. Según el gobierno, quienes causen daños a la comunidad deberán asumir consecuencias concretas y responder materialmente por sus actos.

De acuerdo con los lineamientos anunciados, el registro considerará dos grandes categorías. La primera incluye a personas condenadas por delitos como agresiones contra Carabineros o personal de salud, narcotráfico y daños a monumentos nacionales. La segunda contempla infracciones asociadas a incivilidades, entre ellas el consumo de drogas en espacios públicos, la venta ilegal de alcohol en la vía pública, rayados no autorizados y daños al mobiliario urbano.

La medida establece además que quienes sean incorporados al registro perderán el acceso a una serie de prestaciones estatales. Entre ellas figuran la gratuidad en la educación superior, la Pensión Garantizada Universal (PGU), subsidios habitacionales y beneficios asociados al arriendo de viviendas.

El anuncio abrió de inmediato un intenso debate político y dejó en evidencia las profundas diferencias que marcarán la discusión legislativa.

Apoyo desde el oficialismo

Entre quienes respaldan la iniciativa, el diputado del Partido Nacional Libertario, Erich Grohs, sostuvo que el proyecto responde a una demanda ciudadana y representa una señal clara frente a quienes dañan bienes que pertenecen a toda la comunidad.

“No es aceptable que el Estado, con el dinero de los contribuyentes que trabajan duro, siga financiando beneficios sociales a personas que se dedican a destruir plazas, quemar buses o destrozar el patrimonio común. Quien destruye lo que nos pertenece a todos pierde el derecho a que el Estado lo ayude”, afirmó.

Una postura similar manifestó el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI), quien calificó la propuesta como uno de los anuncios más relevantes realizados por el Mandatario durante la Cuenta Pública.
“Estas son las medidas que espera la ciudadanía. No se puede seguir tolerando a quienes confunden su derecho a manifestarse con destruir espacios públicos que son de todos los chilenos”, señaló el parlamentario.

Desde el Partido de la Gente, la diputada Eileen Urqueta también valoró la iniciativa, indicando que existe un creciente cansancio ciudadano frente a actos de vandalismo que muchas veces quedan sin sanciones ejemplificadoras.

“La gente quiere vivir tranquila y utilizar los espacios públicos sin temor a que unos pocos destruyan lo que pertenece a todos. Me parece una propuesta interesante, aunque naturalmente habrá que revisar el texto definitivo cuando ingrese al Congreso”, indicó.

La parlamentaria agregó que comparte el objetivo central de la propuesta, enfatizando la necesidad de fortalecer el respeto por las normas de convivencia y por el patrimonio común.

Los reparos de la oposición

Sin embargo, desde los sectores opositores las reacciones fueron diametralmente distintas. El diputado Daniel Manouchehri (PS) cuestionó la proporcionalidad de las sanciones contempladas y sostuvo que la medida no aborda los problemas de seguridad más urgentes que enfrenta el país.

A su juicio, resulta desproporcionado que una persona pueda perder beneficios estatales de por vida por conductas que, dependiendo del caso, podrían tener una gravedad menor.

El parlamentario anunció además que impulsará una propuesta alternativa orientada a sancionar a quienes cometan delitos económicos o actos de corrupción.

“Vamos a plantear un registro de vándalos 'de cuello y corbata', para que quienes se coluden, defraudan al Estado o eluden impuestos tampoco puedan ocupar cargos de responsabilidad pública”, manifestó.

Por su parte, el diputado Bernardo Salinas (PC) calificó el anuncio como una medida dirigida principalmente al electorado del oficialismo y expresó preocupación respecto de los criterios que podrían utilizarse para incorporar personas al registro.

“Se puede ocupar esto para cualquier cosa y una de ellas es criminalizar la legítima protesta o la movilización social de estudiantes, trabajadores o ciudadanos”, advirtió.

El parlamentario sostuvo que el verdadero alcance de la iniciativa dependerá de las definiciones que se establezcan durante la tramitación legislativa, particularmente respecto de las conductas sancionables y de los límites que tendrá la aplicación del registro.

Con posiciones marcadamente opuestas, el proyecto promete transformarse en uno de los debates más controversiales de los próximos meses en el Congreso, enfrentando visiones distintas sobre seguridad, convivencia pública y el rol que deben cumplir las sanciones estatales frente a conductas que afectan el espacio común.