“Honorarios no pudieron ser acreditados”: funcionaria de Contraloría suma antecedente clave

El juicio por presunto fraude en la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena se reanudó con una nueva jornada de testimonios clave, centrada en el contraexamen a la comisario de la Policía de Investigaciones Policía de Investigaciones de Chile, Marcela Gómez, quien encabezó las diligencias investigativas del caso.

Durante su declaración, la funcionaria policial sostuvo que el imputado Cristián Muñoz habría recibido importantes sumas de dinero provenientes de otros involucrados en la causa. Sin embargo, al ser consultada directamente sobre si existían antecedentes que acreditaran la falsificación de boletas, la emisión de informes de actividades o algún vínculo laboral del acusado con la entidad, fue enfática en señalar que no contaba con evidencia que permitiera afirmarlo, precisando además que Muñoz no era funcionario de la corporación.

No obstante, Gómez afirmó que la investigación permitió identificar otros antecedentes que vincularían a Muñoz con los hechos indagados. En ese sentido, señaló que se revisaron correos electrónicos intercambiados con su esposa, Nicole Cadena, en los que —según indicó— ambos coordinaban la elaboración de informes.

Asimismo, mencionó la declaración de la imputada Bélgica Guerra, quien lo habría sindicado como parte del grupo investigado y aseguró haberse sentido amenazada por él, relatando además una conversación en la que Muñoz le habría advertido que, si los hechos salían a la luz, le atribuiría toda la responsabilidad.

Contraloría entra en escena

Tras las declaraciones de la comisario, fue el turno de la contador público y auditora, Melissa Salas, funcionaria de Contraloría, quien detalló la forma en que el organismo comenzó a indagar las irregularidades al interior de la corporación municipal de La Serena.

La funcionaria explicó que el organismo está facultado para fiscalizar este tipo de instituciones con el fin de verificar el uso y destino de los recursos públicos administrados por estas entidades. Agregó que dicha labor se sustenta tanto en la normativa vigente como en el principio constitucional de probidad administrativa, el que también alcanza a funcionarios y directivos sujetos al control del organismo fiscalizador.

En su declaración, Salas detalló que en enero de 2023 recibió la instrucción de conformar un equipo de fiscalización para desarrollar una auditoría en la corporación. Según indicó, tras una reunión inicial con el entonces alcalde y autoridades de la entidad, se dio inicio a una investigación cuyo objetivo era revisar la contratación y el pago de prestadores de servicios a honorarios del Departamento de Salud entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.

El equipo estuvo integrado por los fiscalizadores Muriel Moreno y Daniel Hernández, bajo la supervisión de la propia Salas, junto al jefe de la Unidad de Control Externo, Giovani Arancibia, y el entonces contralor regional, Hugo Segovia.

Uno de los puntos más relevantes de la declaración de la profesional, dice relación con la detección de 19 prestadores de servicios a honorarios entre enero de 2020 y diciembre de 2021 cuyas labores no pudieron ser acreditadas.

Estas observaciones, dijo, estaban asociadas a boletas de honorarios por un monto total de $761.042.862, cifra que, precisó, corresponde únicamente a los pagos observados y no considera las retenciones de impuestos.

La auditora agregó que, desde la propia corporación, confirmaron posteriormente esta situación "a través de los certificados N°191 y N°216 de 2023, donde se indica que efectivamente estas personas no prestaron servicios para la corporación".

Otro de los hallazgos expuestos fue la existencia de una importante deuda tributaria. "También se determinó dentro de la fiscalización que la corporación mantenía deuda ante la Tesorería General de la República por más de $2.500 millones por concepto del no pago de la retención de impuestos a estas personas", señaló Salas, añadiendo que dicha deuda correspondía al período fiscalizado entre 2020 y 2021.

Respecto de la metodología utilizada para llegar a estas conclusiones, la auditora explicó que las primeras alertas surgieron durante la revisión de antecedentes proporcionados por la propia corporación. "Dentro de este detalle aparecía que había muchos casos de prestadores de servicios que no tenían OT, es decir, orden de trabajo. Esa fue nuestra primera alerta", sostuvo.

La funcionaria detalló que la orden de trabajo era un documento fundamental para acreditar el vínculo entre el prestador y la corporación, por lo que la ausencia de estos antecedentes motivó nuevas diligencias. "Después preguntamos a la misma corporación que nos indicara si estas personas tenían contrato y que nos lo proporcionaran, además de informar si desempeñaban funciones dentro de la corporación o en algún centro de salud familiar", relató.

La respuesta entregada por la entidad, aseguró la funcionaria, fue categórica: "la misma corporación nos indica que no tenían contrato de trabajo y que no prestaban servicios, que no habían prestado servicios en la corporación o en algún centro de salud familiar".

Para este jueves, en tanto, se prevé que sigan declarando más testigos.