Guerra y Cadena: peritajes revelan falsificación de firmas en boletas e informes

Nuevos antecedentes se presentaron esta semana en el juicio por el presunto fraude al interior de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, luego de que peritos del Ministerio Público expusieran informes relacionados con la autenticidad de firmas contenidas en documentos asociados a pagos de honorarios y con el análisis de movimientos bancarios de los imputados.

En concreto, la perito caligráfica del Ministerio Público, Viviana Herrera, presentó los resultados de un extenso informe documental elaborado sobre 64 documentos vinculados a los 19 prestadores de servicios de la corporación cuestionados en este caso.

Según explicó, el análisis comprendió 52 informes de actividades mensuales, nueve boletas de honorarios y tres documentos adicionales relacionados con prestaciones de servicios. El objetivo era determinar la autenticidad de las firmas contenidas en esos antecedentes y establecer, eventualmente, la participación caligráfica de algunos de los imputados.

Para ello, la especialista trabajó con muestras voluntarias de escritura obtenidas de 11 prestadores de servicios, registros biométricos del Servicio de Registro Civil e Identificación correspondientes a otras siete personas y muestras caligráficas de los imputados Nicole Cadena, Bélgica Guerra y Cristian Muñoz.

Falsificación de firmas

Durante su exposición, Herrera sostuvo que en diversos documentos fue posible establecer que las firmas analizadas no correspondían a las genuinas de los prestadores de servicios respectivos.

En uno de los apartados del informe, referido a 33 documentos asociados a diez personas, concluyó que las firmas examinadas presentaban una procedencia distinta a las muestras auténticas utilizadas para comparación, por lo que fueron calificadas como falsas.

Asimismo, respecto de documentos atribuidos a Patricia García, la perito indicó que, pese a existir algunas similitudes generales con la firma original, el análisis detallado permitió determinar que se trataba de firmas falsas elaboradas mediante un proceso de imitación.

Uno de los aspectos más relevantes de la pericia se relacionó con la eventual participación de los  imputados en la confección de algunas de esas firmas.

En efecto, Herrera señaló que el análisis comparativo permitió concluir que determinadas firmas atribuidas a Silvia Bastías , Rodrigo Campusano y Carlos Rodríguez correspondían en realidad, a rúbricas realizadas por Nicole Cadena.

De igual forma, indicó que otras firmas específicas, correspondientes a documentos asociados a Silvia Bastías y Patricia García, presentaban coincidencias con la escritura de Bélgica Guerra.

Respecto de Cristian Muñoz, la especialista señaló que no fue posible establecer participación caligráfica en las firmas analizadas.

Tras la declaración de la perito, el abogado querellante Adrián Vega sostuvo que los antecedentes expuestos permiten respaldar la tesis acusatoria sobre la existencia de un mecanismo destinado a generar documentación asociada a pagos de honorarios.

“El modo operante exigía que se efectuara un informe de actividades que debía suscribir supuestamente el prestador de servicio”, indicó.

Consultado sobre el efecto de estas conclusiones sobre las firmas respecto de quienes emitían boletas, Vega afirmó que, a juicio de la parte querellante, existía conocimiento de la operatoria por parte de algunas de esas personas, aunque precisó que esa materia forma parte de la discusión judicial en desarrollo.

Análisis de cuentas bancarias

La segunda exposición correspondió a la perito bancaria Ángela González, quien presentó un informe elaborado a partir del levantamiento judicial del secreto bancario de 19 personas vinculadas a la investigación.

La profesional explicó que el trabajo consideró antecedentes de la carpeta investigativa, información tributaria proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos, documentación bancaria y el informe N°809 de la Contraloría General de la República.

Según detalló, el análisis permitió verificar ingresos por honorarios provenientes de la corporación y rastrear posteriormente el movimiento de esos recursos entre distintos imputados.

De acuerdo con su exposición, fue posible identificar personas que transferían recursos directamente a Bélgica Guerra y Cristian Muñoz, mientras que otras operaban como intermediarias antes de que los fondos llegaran a esos destinatarios.

La perito también afirmó que el estudio permitió observar vínculos familiares, laborales y financieros entre distintos involucrados, además de movimientos entre cuentas personales y empresas asociadas a algunos de los imputados.

Otro de los antecedentes entregados durante la audiencia fue el monto total de honorarios analizados en la investigación.

Según el informe expuesto, durante 2020 y 2021 se registraron pagos por un total de $762.778.091 a 19 personas vinculadas a la causa. De ese monto, $360.174.278 corresponden al año 2020 y $402.603.813 al año 2021.

Entre quienes registran los mayores montos figuran Sergio Carmona, con $95.721.738; Rodrigo Vallejo, con $76.803.752; Silvia Bastías, con $64.597.500; Carlos Rodríguez, con $57.960.967, y Natalia Vallejo, con $40.246.200.

Defensa refuerza su tesis

Finalizada la audiencia, el abogado defensor de Carlos Rodríguez, Carlo Silva, valoró las conclusiones expuestas por los peritos, señalando que, a su juicio, respaldan la línea argumental sostenida por su representado desde el inicio del proceso.

El profesional sostuvo que las pericias no atribuyen a su defendido la elaboración material de boletas o informes cuestionados y afirmó que los antecedentes bancarios muestran que gran parte de los recursos recibidos fueron posteriormente restituidos.

“Creemos que los peritos hoy día apuntan a nuestra teoría del caso”, manifestó.

El juicio continuará este martes con la rendición de nuevas pruebas y testimonios de peritos de la fiscalía.