Expertos cuestionan proyecto que permitiría revisar mochilas de estudiantes

El proyecto de ley denominado "Escuelas Protegidas", iniciativa que busca fortalecer las herramientas de control de los establecimientos educacionales para prevenir hechos de violencia al interior de las comunidades escolares, concluyó recientemente su tramitación en el Congreso y ya está lista para ser ley. 

La propuesta establece que los sostenedores podrán incorporar en sus reglamentos internos procedimientos de revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes - excluyendo expresamente la vestimenta - con el objetivo de evitar el ingreso, uso, porte o posesión de elementos que puedan ser utilizados para agredir a otras personas o causar daños a la infraestructura escolar.

Sin embargo, la normativa fija límites estrictos para la aplicación de estas medidas: las revisiones solo podrán realizarse por motivos fundados, individualizados y verificables, prohibiéndose los controles masivos o a aquellos estudiantes basados en características personales, sociales, étnicas, migratorias, religiosas, de género, orientación sexual, apariencia física, condición socioeconómica o necesidades educativas especiales.

Asimismo, se establece que los procedimientos deberán desarrollarse evitando cualquier contacto físico innecesario y en espacios especialmente habilitados para ello. El proyecto también prohíbe expresamente la revisión corporal, de vestimentas o cualquier acción que implique solicitar al estudiante que se desnude.

En los casos en que se disponga una revisión especial e individual, esta deberá efectuarse en presencia permanente de, al menos, dos adultos pertenecientes al establecimiento, uno de ellos integrante del equipo de convivencia escolar.

La iniciativa contempla además que los estudiantes puedan ser requeridos para mostrar o vaciar el contenido de sus bolsillos. Si durante el procedimiento se encuentran elementos potencialmente peligrosos, el establecimiento deberá informar de inmediato a los padres o apoderados y a las policías.

Si el estudiante se niega a la revisión, el personal deberá contactar a sus apoderados para que, al menos, uno de ellos concurra al establecimiento a revisar las pertenencias. Mientras ello ocurre, el alumno deberá permanecer resguardado en un espacio distinto a la sala de clases.

No obstante, especialistas advierten que el impacto de estas medidas sobre la convivencia escolar podría ser limitado.

La académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, Soledad Garcés, sostuvo que el debate se ha concentrado principalmente en aspectos de seguridad y control, pero que ello no necesariamente se traducirá en una disminución de la violencia o en una mejora de las relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa.

Como ejemplo, recordó experiencias registradas años atrás en Estados Unidos, donde algunos establecimientos optaron por eliminar los recreos debido a altos niveles de bullying. Si bien las mediciones de acoso escolar disminuyeron dentro de los colegios, el problema se trasladó a otros espacios y se observaron aumentos en dificultades relacionadas con la salud mental.

“No creo que sean medidas que impacten en la convivencia escolar a largo plazo. Lo que sí me preocupa es que se consideren como medidas efectivas cuando en la práctica tienden a ser muy acotados los resultados que se asocian a este tipo de medidas”, afirmó.

La experta señaló que la revisión de mochilas y bolsillos puede transformarse en una herramienta útil para determinados establecimientos que enfrentan situaciones específicas de violencia, aunque precisó que esos casos son minoritarios dentro del sistema escolar.

Garcés también planteó interrogantes respecto de la aplicación práctica de la normativa, especialmente en relación con los criterios que permitirán justificar una revisión y garantizar que esta no tenga un carácter discriminatorio.

Desde el Colegio de Profesores, en tanto, han manifestado reparos al proyecto, argumentando que la iniciativa no aborda las causas estructurales de la violencia escolar.

Entre ellas mencionan los problemas de salud mental, factores sociales que afectan a las familias y un currículo educacional que consideran desactualizado, elementos que —según sostienen— terminan repercutiendo en el ambiente escolar.