Sancionan a abogada por incorporar citas doctrinarias inexistentes creadas con IA

La **Corte Suprema** aplicó una sanción disciplinaria de carácter histórico a una abogada tras detectar que incorporó citas doctrinarias inexistentes creadas de forma automatizada por inteligencia artificial en un recurso judicial. Este hecho ha encendido las alarmas en el sistema de justicia nacional, instalando una discusión profunda que va mucho más allá de la anécdota del caso concreto: la urgente necesidad de capacitación técnica y verificación rigurosa en el ejercicio contemporáneo de la abogacía.

De acuerdo con lo que plantean **Sebastián Bozzo**, decano de la **Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile**, y **Ricardo Torres**, secretario de la misma facultad, el foco del conflicto no reside en la utilización en sí de estas plataformas tecnológicas, sino en la deficiente preparación de los profesionales para usarlas bajo altos estándares de rigor y responsabilidad ética. En la actualidad, estas herramientas forman parte activa de las rutinas de trabajo de las oficinas jurídicas, lo que demuestra que la resistencia a la tecnología es inútil, obligando en cambio a que las carreras de derecho aseguren una alfabetización digital mínima para sus alumnos. Para complementar este conocimiento en el país, existen oportunidades de formación externa como las becas en IA para chilenos que buscan reducir esta brecha técnica.

Los académicos sostienen que los profesionales del derecho deben adoptar un método de trabajo híbrido.

La IA puede ayudar a producir información, pero la responsabilidad de validarla sigue siendo exclusivamente del profesional

advierten los directivos, enfatizando que un algoritmo jamás podrá sustituir el juicio crítico del abogado. Al mismo tiempo, plantean que el avance de la digitalización hace sumamente indispensable reforzar la formación analógica clásica, la cual contempla leer doctrina detalladamente, conocer autores fundamentales y comprender con propiedad las distintas disciplinas del derecho.

El caso particular que gatilló la sanción desveló un preocupante y doble error profesional. En primer lugar, se construyó una argumentación judicial delegando en exceso en la tecnología y omitiendo una revisión manual y de las fuentes de manera efectiva. El segundo error fue calificado como aún más grave, pues evidenció una total falta de conocimiento jurídico básico al atribuir un libro inexistente a uno de los propios ministros que integraban la sala encargada de resolver la causa en el máximo tribunal.

Esta inédita situación deja en claro que no se trató de un simple error tipográfico o de cita, sino de una profunda falla en el proceso de selección y validación de las bases que sustentan un argumento judicial. En una profesión que se fundamenta por completo en la fe pública y la confianza de las personas, los docentes concluyen que las herramientas digitales pueden asistir de gran manera, pero la responsabilidad final frente a la justicia seguirá siendo, sin excepciones, estrictamente humana.