Detectan millonaria contratación irregular en la Comisión Nacional de Riego

Una observación de carácter grave formuló la Contraloría General de la República respecto de un contrato suscrito por la Comisión Nacional de Riego (CNR) con la consultora Arrebol Ingeniería y Gestión del Agua SpA, luego de determinar que la empresa se encontraba legalmente inhabilitada de generar contratos con dicho organismo público.

El caso adquiere especial relevancia en la zona considerando que el representante de la cuestionada empresa, Álvaro Isla, ejerció anteriormente como coordinador de la Macro Región Zona Norte de la CNR entre los años 2015 y 2018, antes de asumir funciones en el sector privado.

La situación quedó consignada en una auditoría realizada por la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, que revisó la contratación aprobada mediante la resolución exenta N° 2.877 del 30 de abril de 2024, correspondiente a la ejecución del programa “Capacitación usuarios de agua en gestión del recurso hídrico regiones de Antofagasta y Atacama”, por un monto de $357.262.000.

Según el órgano fiscalizador, la revisión de los antecedentes publicados en Mercado Público permitió establecer que el gerente general y propietario de la consultora, Álvaro Isla Figueroa, mantenía un vínculo matrimonial con una funcionaria de la Comisión Nacional de Riego desde 2011.

La investigación también estableció que la profesional se desempeñaba a contrata en la CNR, manteniendo su vínculo laboral vigente durante el período en que se desarrolló la licitación y posterior adjudicación.

Inhabilidad legal vigente

Desde Contraloría puntualizaron que la Ley N° 21.634, publicada en diciembre de 2023, incorporó el artículo 35 quáter a la Ley de Compras Públicas N° 19.886, estableciendo expresamente que los organismos del Estado no pueden celebrar contratos administrativos con sus funcionarios, ni con sus cónyuges, convivientes civiles o determinadas personas relacionadas.

La norma también extiende dicha prohibición a sociedades y empresas cuyos representantes legales o beneficiarios finales mantengan esos vínculos con funcionarios del organismo contratante.

En este contexto, el ente fiscalizador concluyó que Arrebol Ingeniería y Gestión del Agua SpA se encontraba impedida de contratar con la Comisión Nacional de Riego cuando obtuvo la adjudicación del programa de capacitación.

Además, el informe sostiene que en la resolución mediante la cual, se aprobó el contrato, no se efectuó el análisis exigido por la legislación para justificar una eventual excepción a la prohibición legal.

La normativa contempla que, en circunstancias excepcionales y debidamente fundadas, un organismo puede celebrar contratos con personas o entidades afectadas por estas inhabilidades. Sin embargo, Contraloría indicó que en este caso no se explicitaron antecedentes objetivos, verificables ni fundamentos que permitieran recurrir a dicha excepción.

Por ello, el organismo concluyó que la CNR celebró un contrato con una empresa que se encontraba inhabilitada para contratar con el Estado, configurándose una infracción a la legislación vigente.

Respuesta de la CNR 

Durante el proceso de auditoría, la Comisión Nacional de Riego reconoció que la contratación se realizó cuando ya se encontraba vigente el artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886.

No obstante, explicó que durante la licitación la empresa presentó toda la documentación exigida en las bases, incluida una declaración jurada simple firmada por su representante legal el 4 de marzo de 2024, en la que aseguró no encontrarse afecto a las inhabilidades establecidas por la normativa.

Según expuso la institución, la comisión evaluadora no contaba con antecedentes que permitieran conocer la existencia del vínculo matrimonial entre el representante legal de la consultora y la funcionaria de la CNR, por lo que asumió como veraz la información entregada y procedió a adjudicar la licitación.

Posteriormente, se añadió desde el servicio, se comprobó que la declaración no reflejaba la situación real, ya que se había omitido informar el matrimonio existente, circunstancia que configuraba una causal de inhabilidad.

La entidad señaló además que, tras observaciones formuladas por Contraloría en 2025, se implementó un nuevo formato de declaración jurada para reforzar los controles sobre posibles incompatibilidades e inhabilidades en los procesos de contratación pública.

De acuerdo con la CNR, en una licitación posterior la misma consultora informó expresamente el vínculo de parentesco, situación que derivó en su exclusión del proceso y en la adjudicación a otro oferente.

Investigación 

Pese a valorar las medidas correctivas adoptadas posteriormente por el servicio, Contraloría mantuvo la observación debido a que la contratación cuestionada ya se encontraba perfeccionada y produjo efectos jurídicos.

Por ello, instruyó que los antecedentes sean incorporados al procedimiento disciplinario que deberá desarrollar la institución para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.

Asimismo, el informe establece que los antecedentes recopilados serán remitidos al Ministerio Público para los fines que correspondan.

El Día consultó a la CNR por las irregularidades señaladas en el informe, pero desde el organismo se limitaron a señalar que, en referencia al Informe Final N°454 de 2025, se encuentran recabando todos los antecedentes tendientes a levantar las observaciones y reparos contenidas en el Informe de Auditoría y adoptar las medidas instruidas por el órgano contralor, asegurando que la CNR se compromete a colaborar en todo lo que corresponda.