Embargan Corporación GGV: Así lucen hoy las oficinas

Durante las próximas horas podría concretarse el embargo de bienes en dependencias de la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CGGV), medida ordenada por el Tribunal de Letras de La Serena en el marco de una demanda por el cobro de facturas que superan los $100 millones. El procedimiento afecta a mobiliario y diversos artículos pertenecientes a la corporación.

La acción judicial se origina en dos licitaciones realizadas en 2022 para trabajos de conservación en el colegio Javiera Carrera, obras que, según los antecedentes, no fueron ejecutadas en su totalidad, pero cuyas facturas fueron posteriormente cedidas a una empresa de factoring. Tras no lograr el pago ni alcanzar un acuerdo con la actual administración, la empresa recurrió a tribunales, que finalmente decretaron el embargo.

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Según información recabada por Diario El Día, durante los últimos días funcionarios habrían sido instruidos para concentrar y ordenar equipos tecnológicos y otros bienes en distintos sectores de las oficinas, con el objetivo de facilitar y agilizar el eventual procedimiento de embargo cuando éste se materialice.

Asimismo se señaló que existiría un acuerdo para que parte del mobiliario permanezca en las dependencias, mientras que los equipos tecnológicos serían retirados como parte de la diligencia judicial. Imágenes obtenidas por este medio muestran oficinas  con espacios prácticamente vacíos, luego de que computadores y otros implementos fueran agrupados a la espera del procedimiento.

Desde la CGGV ya habían advertido que esta situación es consecuencia de decisiones adoptadas durante la administración anterior y que podría afectar el funcionamiento de áreas administrativas y de cementerios, donde actualmente se desempeñan cerca de 150 funcionarios.

Cabe recordar que la demanda exige el pago de dos facturas emitidas en septiembre de 2022 por montos de $57.380.086 y $43.035.064, recursos que fueron posteriormente adquiridos por una empresa de factoring que hoy impulsa la cobranza judicial.