"La seguridad es la primera demanda de los chilenos y no podemos fallarles"

En esta entrevista, el legislador aborda los desafíos que enfrenta Chile en materia de seguridad, control migratorio y combate al narcotráfico, sosteniendo que el país vive una emergencia que exige medidas firmes, coordinación institucional y resultados concretos. Asimismo, advierte sobre el deterioro de la seguridad en la Región de Coquimbo, destacando la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en los territorios.

En ese contexto, valora el trabajo de coordinación que está desarrollando la Seremi de Seguridad Pública en la región y el apoyo que ha entregado el Gobierno Regional a Carabineros y la PDI mediante inversión en equipamiento, tecnología e infraestructura, afirmando que la lucha contra la delincuencia requiere el compromiso conjunto del Gobierno, las policías, las autoridades regionales y la ciudadanía.

Senador, el Presidente José Antonio Kast centró gran parte de su primera Cuenta Pública en la seguridad. ¿Comparte el diagnóstico presentado al país?

“Absolutamente. Creo que el Presidente interpretó correctamente lo que hoy sienten millones de chilenos. La principal preocupación de las familias ya no es solamente llegar a fin de mes o acceder a una mejor salud; hoy la principal preocupación es poder vivir tranquilos, salir a trabajar sin miedo, que los hijos vuelvan seguros a casa y que los barrios recuperen la paz que han ido perdiendo durante los últimos años.

Durante demasiado tiempo se relativizó el problema de la delincuencia. Hubo sectores que insistieron en que la inseguridad era una percepción, mientras los homicidios aumentaban, el narcotráfico avanzaba en los territorios y comenzaban a aparecer delitos que antes eran excepcionales en nuestro país, como los secuestros, los sicariatos y la extorsión.

La seguridad es la base de toda convivencia democrática. Sin seguridad no hay libertad, no hay inversión, no hay empleo, no hay desarrollo y tampoco hay calidad de vida. Por eso comparto plenamente que este Gobierno haya puesto la recuperación de la seguridad pública como una prioridad nacional”.

-¿La Región de Coquimbo también está enfrentando esta crisis?

“Por supuesto. A veces existe la falsa sensación de que estos problemas están concentrados solamente en Santiago o en algunas regiones del norte. Lamentablemente eso ya no es así.

La Región de Coquimbo ha experimentado cambios preocupantes en materia de seguridad durante los últimos años. Hemos visto un aumento de homicidios, delitos vinculados al narcotráfico, utilización de armas de fuego, crimen organizado, aumento en robo a casas habitadas y hechos de violencia que antes no formaban parte de nuestra realidad cotidiana.

Los vecinos de La Serena, Coquimbo, Ovalle, Illapel, Salamanca, Vicuña y del resto de las comunas nos transmiten permanentemente su preocupación. Nos hablan de barrios donde el tráfico de drogas se ha instalado, de plazas que han dejado de ser espacios seguros para las familias y de una sensación de abandono que el Estado debe revertir con urgencia.

La seguridad dejó de ser un tema estadístico. Hoy es una realidad que afecta directamente la calidad de vida de las personas”.

-Ante este escenario, a su juicio ¿qué rol han tenido las autoridades regionales en este desafío de recuperar la seguridad?

“La seguridad no se construye solamente desde Santiago. Una de las cosas positivas que hemos visto en estos primeros meses es el trabajo coordinado que se está desarrollando en la Región de Coquimbo entre, la Seremi de Seguridad Pública, las policías, los municipios y el Gobierno Regional.

La nueva institucionalidad de seguridad tiene un enorme desafío por delante, pero valoramos el trabajo que está realizando la Seremi de Seguridad para coordinar a los distintos actores, fortalecer la prevención del delito y generar una respuesta más rápida frente a las necesidades de los vecinos. La seguridad requiere presencia permanente del Estado y una articulación efectiva entre todos los organismos involucrados”.

- ¿Cómo evalúa el apoyo que ha entregado el Gobierno Regional a las policías?

“Ha sido un apoyo fundamental. El Gobernador Cristóbal Juliá también tiene clarísimo que la seguridad debe ser una política de Estado y no una bandera de un sector político.

En la Región de Coquimbo hemos visto un compromiso importante del Gobierno Regional para fortalecer las capacidades operativas de Carabineros y de la Policía de Investigaciones mediante inversión en vehículos, equipamiento, tecnología, sistemas de vigilancia y herramientas que permiten mejorar la labor policial.

Cuando hablamos de combatir el narcotráfico, el crimen organizado o la delincuencia común, no basta con exigir resultados a las policías. También debemos entregarles las herramientas necesarias para hacer bien su trabajo. Y en ese sentido, el aporte que ha realizado el Gobierno Regional ha sido relevante y debe seguir fortaleciéndose”.

- El Presidente anunció la creación de siete Fuerzas de Tarea especializadas para combatir distintas expresiones del crimen organizado. ¿Qué evaluación hace de esa medida?

“Me parece una decisión correcta y necesaria. Durante años vimos cómo distintas instituciones trabajaban de manera fragmentada. Las policías, el Ministerio Público, Gendarmería y los organismos fiscalizadores muchas veces actuaban con información dispersa o sin una coordinación suficiente.

El crimen organizado funciona como una empresa criminal moderna. Tiene financiamiento, logística, tecnología y capacidad de adaptación. Por lo tanto, el Estado debe responder con el mismo nivel de coordinación y profesionalismo.

Que existan fuerzas especializadas para enfrentar fenómenos como el narcotráfico, el sicariato, los secuestros, el cibercrimen, las finanzas criminales y la violencia en la Macrozona Sur es una señal potente. Lo importante ahora será medir resultados concretos, perseguir el dinero de las organizaciones criminales y recuperar los territorios donde estas bandas han intentado instalarse”.

-Uno de los anuncios más comentados fue el fortalecimiento de las policías. ¿Era una deuda pendiente?

“Sin duda. Durante varios años Carabineros enfrentó una profunda crisis institucional y además fue objeto de un cuestionamiento permanente desde sectores políticos que terminaron debilitando su autoridad frente a la ciudadanía.

Reconocer la labor de quienes arriesgan su vida por proteger a los demás no es un acto ideológico, es un acto de justicia.

Los carabineros, detectives y gendarmes cumplen una función esencial para el funcionamiento de la sociedad. Por eso valoro que se anuncien mejores condiciones para los alumnos de Carabineros y mejoras en las remuneraciones de quienes están desplegados diariamente en las calles.

Si queremos más seguridad necesitamos más y mejores policías, y que estén respaldados por el Estado”.

- ¿Qué importancia tiene el control migratorio dentro de esta estrategia de seguridad?

“Tiene una importancia fundamental. Aquí hay que ser muy claros: una cosa es la migración regular, ordenada y respetuosa de nuestras leyes, y otra muy distinta es la inmigración clandestina e ilegal.

Chile tiene derecho a saber quién entra, quién permanece y quién debe abandonar el territorio nacional. Eso es parte de cualquier Estado serio.

Durante años las fronteras estuvieron expuestas al ingreso irregular de personas, pero también al tráfico de drogas, al contrabando y al ingreso de organizaciones criminales transnacionales. Hoy estamos viendo las consecuencias de esa falta de control.

Por eso valoro medidas como el fortalecimiento de las expulsiones, el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera, la construcción de infraestructura de control y el futuro Plan Retorno anunciado por el Gobierno.

Ordenar la migración no solo protege a los chilenos; también protege a los propios migrantes que muchas veces son víctimas de redes criminales”.

-El Gobierno también anunció un Registro de Vándalos e Incivilidades. ¿Qué opinión le merece?

“Creo que apunta a un problema real que durante años se minimizó. La convivencia en sociedad exige derechos, pero también responsabilidades. No podemos normalizar la destrucción del espacio público, los ataques a funcionarios públicos, los rayados, el vandalismo o las conductas que deterioran la vida en comunidad.

Cuando una persona destruye un paradero, daña un centro de salud o es parte de actos violentos, no solamente está dañando infraestructura; está afectando la calidad de vida de miles de vecinos.

Por eso me parece razonable discutir mecanismos que generen consecuencias para quienes reiteradamente vulneran las normas básicas de convivencia”.

-Uno de los temas más sensibles para la región es el narcotráfico. ¿Qué tan preocupante es la situación?

“Es extremadamente preocupante. El narcotráfico no solamente distribuye droga. El narcotráfico corrompe instituciones, recluta jóvenes, genera violencia, introduce armas de fuego y destruye comunidades completas.

Lo que antes parecía un fenómeno distante hoy está presente en distintas comunas de nuestra región. Las organizaciones criminales buscan instalarse donde detectan debilidad institucional y ausencia del Estado.

Por eso necesitamos fortalecer la inteligencia policial, mejorar la capacidad investigativa de la Fiscalía, aumentar la presencia policial y perseguir el patrimonio económico de estas organizaciones. No basta con detener a quienes venden droga. Hay que desarticular completamente las redes criminales que financian estas actividades”.

-¿Qué espera para la Región de Coquimbo durante los próximos años?

“Espero una región más segura, con mayor inversión, más empleo y mejores oportunidades para las familias.

La seguridad y el desarrollo están íntimamente relacionados. Ningún empresario invierte donde reina la delincuencia. Ninguna familia quiere vivir en barrios donde predominan las balaceras o el narcotráfico.

La Región de Coquimbo tiene enormes fortalezas: minería, agricultura, turismo, puertos, energías renovables y un enorme potencial de crecimiento. Pero para aprovechar esas oportunidades necesitamos recuperar la tranquilidad y la confianza”.

El Presidente ha trazado una hoja de ruta clara: recuperar el orden, fortalecer las instituciones y volver a poner al Estado al servicio de las personas.

Los chilenos están cansados de los diagnósticos. Hoy esperan resultados. Y nuestro deber como autoridades es trabajar para que las familias vuelvan a vivir con la tranquilidad que merecen”.