Beneficiario de pensión de gracia fue detenido por tráfico de fentanilo en Ovalle

La detención de un hombre investigado por comercializar fentanilo en Ovalle volvió a instalar en el debate público las pensiones de gracia otorgadas por el Estado, luego de confirmarse que el principal imputado corresponde a Benjamín Huerta, de 27 años, quien en 2024 ya había generado controversia por figurar entre los beneficiarios de este tipo de ayuda estatal pese a registrar diversos antecedentes policiales.

Huerta recibió una pensión de gracia tras ser reconocido como víctima de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social de 2019 en Ovalle. Tal como había informado Diario El Día, durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric el beneficio fue incrementado a 1,5 ingresos mínimos no remuneracionales, equivalentes a cerca de $445 mil mensuales.

El origen de la pensión se remonta a los hechos ocurridos el 19 de octubre de 2019, cuando el entonces capitán de Carabineros Hugo Navarro detuvo a Huerta en la calle Ariztía Poniente de Ovalle. Según determinó posteriormente la justicia, el funcionario disparó su arma de servicio, hiriéndolo en la zona inguinopélvica.

El caso derivó en una condena de seis años de presidio para Navarro como autor del delito frustrado de homicidio, además de detención ilegal y falsificación de instrumento público.

Investigación por tráfico de fentanilo

En este nuevo episodio judicial, el procedimiento fue desarrollado por personal del OS7 de Carabineros en coordinación con la Fiscalía Local de Ovalle y permitió la incautación de 47 ampollas de fentanilo, dos frascos de remifentanilo, marihuana elaborada, dinero en efectivo y otras especies asociadas a la investigación.

Según explicó el fiscal de Ovalle, Rodrigo Gómez, los antecedentes surgieron el pasado 12 de junio, cuando efectivos especializados recibieron información respecto de una persona que estaría ofreciendo fentanilo para la venta en la comuna.

A partir de ello se realizaron diversas diligencias investigativas, incluyendo vigilancias sobre un inmueble ubicado en calle Coronel Bernardo O’Higgins.

De acuerdo con el persecutor, durante uno de los seguimientos los funcionarios observaron al sujeto manipulando ampollas con características propias de medicamentos, situación que motivó un control de identidad.

“Al momento de realizar el control de identidad, este sujeto bota una de las ampollas, la cual se quiebra. Sin embargo, la otra no logra romperse y precisamente correspondía a fentanilo”, explicó Gómez.

Tras ese hallazgo, la Fiscalía solicitó una orden de entrada y registro para el inmueble investigado, diligencia que permitió encontrar nuevas dosis de la droga.

El fiscal indicó que el tribunal acogió los antecedentes expuestos durante la audiencia de formalización y decretó la prisión preventiva del imputado.

“El Tribunal de Garantía estableció que era un peligro para la seguridad de la sociedad y decretó la prisión preventiva, fijando además un plazo de investigación de 90 días”, sostuvo.

Junto con valorar el trabajo desarrollado por el OS7 Limarí, Gómez manifestó preocupación por la aparición de esta sustancia en la capital provincial.

“Nos preocupa que esta droga ya haya sido incautada en nuestra ciudad. Vamos a seguir trabajando para esclarecer todas las aristas de este procedimiento”, agregó.

Reacciones políticas

Más allá de los alcances policiales y judiciales, la situación generó inmediatas reacciones en el mundo político debido a la condición del detenido como beneficiario de una pensión de gracia.

Uno de los primeros en referirse al caso fue el senador Sergio Gahona, quien calificó los hechos como “indignantes”.

“El caso de Ovalle es indignante. Un beneficiario de pensión de gracia, con múltiples antecedentes policiales, hoy está detenido por tráfico de fentanilo. Esto demuestra por qué Chile necesita un Registro Nacional de Vándalos y Delincuentes Violentos que impida que quienes reinciden en el delito sigan recibiendo beneficios del Estado”, señaló.

El parlamentario agregó que también resulta necesario fortalecer las capacidades operativas de las policías para enfrentar el narcotráfico.

“Es urgente fortalecer a nuestras policías con más facultades y recursos. La seguridad de los chilenos debe estar por encima de cualquier consideración ideológica”, afirmó.

Piden revisar el beneficio

En la misma línea, la diputada Eileen Urqueta calificó la situación como “gravísima”, poniendo énfasis en la peligrosidad de la droga involucrada.

“Estamos hablando de una persona formalizada por tráfico de fentanilo, una de las drogas más peligrosas y letales, que además aparece como beneficiaria de una pensión de gracia otorgada por el Estado”, indicó.

La legisladora destacó el trabajo realizado por Carabineros, el OS7 y la Fiscalía, subrayando que el procedimiento permitió sacar de circulación una sustancia de alto riesgo para la población.

Asimismo, sostuvo que el caso evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad en regiones.

“Este caso demuestra que la seguridad debe llegar con fuerza a Ovalle, al Limarí, a nuestros valles y a toda la Región de Coquimbo, con un plan concreto para regiones y provincias, más recursos y presencia real del Estado. La seguridad de Chile no puede mirarse solo desde la Región Metropolitana”, afirmó.

Urqueta añadió que corresponde revisar la mantención del beneficio estatal otorgado al imputado.

“Ahora corresponde que el Gobierno revise de inmediato cómo se otorgó y cómo se ha mantenido vigente esta pensión de gracia, y que determine, conforme a la ley, si corresponde suspenderla o revocarla”, señaló.

Por su parte, el diputado Erich Grohs cuestionó que recursos públicos puedan terminar favoreciendo a personas vinculadas a delitos de alta connotación.

“Es indignante e inaceptable que recursos de todos los chilenos terminen financiando a delincuentes dedicados al tráfico de drogas tan peligrosas como el fentanilo”, sostuvo.

El parlamentario agregó que las pensiones de gracia fueron concebidas con otros fines y llamó a revisar los antecedentes de quienes actualmente reciben este beneficio.

“Las pensiones de gracia se crearon para premiar el mérito o reparar injusticias, no para entregar un sueldo estatal a quienes destruyen nuestras comunidades. Exigimos la revocación inmediata de este beneficio y una revisión urgente de los historiales delictivos de los actuales pensionados. El Estado no puede ser un cómplice pasivo”, concluyó.

La detención de Huerta ocurre en medio del debate sobre los mecanismos de control de los beneficiarios de ayudas estatales y reabre la discusión respecto de los criterios utilizados para la entrega y permanencia de las pensiones de gracia.