La experiencia internacional detrás del nuevo régimen de alta seguridad en Huachalalume

Chaquetas naranjas, celdas individuales, visitas restringidas y vigilancia permanente. Las imágenes de los internos del Complejo Penitenciario de Huachalalume vistiendo uniformes diferenciados han abierto el debate y surge la pregunta: ¿funcionan  estas medidas para combatir el crimen organizado?

Desde esta semana, 44 internos catalogados como de alta peligrosidad comenzaron a cumplir un nuevo régimen especial de máxima seguridad en el recinto penitenciario serenense. La medida incluye segregación del resto de la población penal, monitoreo reforzado y protocolos especiales para desplazamientos y comunicaciones.

Los reclusos —muchos de ellos vinculados a delitos como secuestro, extorsión, lavado de activos o crimen organizado— utilizan una vestimenta diferenciada compuesta por casaca naranja y pantalón azul, además de permanecer en celdas individuales y tener un régimen especial de visitas.

La iniciativa forma parte de una política nacional que busca impedir que líderes criminales continúen operando desde el interior de las cárceles, fenómeno que ha sido detectado en diversos países de América Latina.

Del Tren de Aragua a la mafia italiana

Aunque la imagen de reos uniformados suele asociarse a cárceles estadounidenses o a la megacárcel de El Salvador, la segregación de internos según su nivel de peligrosidad es una práctica utilizada en distintos sistemas penitenciarios del mundo.

Uno de los casos más emblemáticos es Italia y su régimen 41-bis, conocido como "cárcel dura". Creado para combatir a la mafia siciliana, este sistema restringe severamente las comunicaciones, visitas y contactos de líderes criminales con el exterior para impedir que continúen dirigiendo sus organizaciones desde prisión.

El modelo italiano es considerado uno de los más efectivos para desarticular estructuras mafiosas, aunque organismos internacionales han advertido que el aislamiento prolongado debe aplicarse bajo estrictos resguardos de derechos humanos.

Más recientemente, El Salvador implementó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel destinada a pandilleros de alta peligrosidad. Su régimen contempla uniformes estandarizados, vigilancia intensiva y severas restricciones de movimiento, medidas que el gobierno atribuye a la fuerte reducción de homicidios registrada en ese país.

Sin embargo, tanto el modelo salvadoreño como el italiano también han sido objeto de cuestionamientos internacionales por los límites entre seguridad y derechos fundamentales.

Evitar el "contagio criminal"

Para Jorge Tobar, exgeneral de Carabineros, el principal objetivo de estas medidas no es sólo aumentar la seguridad, sino también separar a los internos según su nivel de riesgo.

“Aquella medida va en el sentido de la fundamental segregación que debe existir entre la población penal dentro del sistema carcelario, que puede ser física o visual, como en este caso”, explica.

Según el exoficial, los internos presentan distintos grados de peligrosidad de acuerdo con su trayectoria delictual, niveles de violencia y complejidad de los delitos cometidos.

“Una efectiva segregación tendrá efectos positivos en la vigilancia penal y en los niveles de control que debe pesar sobre los reclusos, pero resulta ser crítico también para los objetivos de rehabilitación, evitando la contaminación criminógena que afecte a reos jóvenes o condenados por delitos de menor cuantía”, sostiene.

El concepto de "contagio criminal" ha sido precisamente uno de los argumentos utilizados por las autoridades chilenas para impulsar este nuevo régimen especial. La idea es evitar que líderes de bandas o delincuentes con alta capacidad organizativa recluten o influyan sobre otros internos.

"La cárcel es una 'universidad del delito'"

Tomás Cantuarias, exfuncionario de Gendarmería con más de tres décadas de experiencia en recintos penales, observa con optimismo la implementación del sistema en Huachalalume.

“Me parece muy bien que se estén tomando medidas que ayuden a mejorar el problema delictual y la calidad de los reos. Me parece bien, por ejemplo, que les pongan distintas chaquetas de colores y saber el rango del delito. Estas medidas, bienvenidas sean”, señala.

El exfuncionario cree que la identificación visual puede facilitar el trabajo penitenciario y mejorar el control interno. “Yo soy optimista. Creo que va a tener un efecto muy positivo. Hay reos de alta peligrosidad y con una chaqueta de color se puede destacar y conocer. Como toda medida nueva, puede tener errores, pero con el tiempo hay que ir mejorándola”, afirma.

Cantuarias agrega que la segregación es clave debido a un fenómeno conocido desde hace décadas en el sistema penitenciario. “Trabajé más de 30 años en las cárceles de Chile y sabemos que la cárcel es como una 'universidad del delito'. Al mezclarse distintos tipos de internos, muchos terminan convirtiéndose en nuevos delincuentes”, advierte.

Huachalalume se suma así a otros recintos del país donde ya operan regímenes especiales de máxima seguridad para internos vinculados al crimen organizado. Actualmente, los módulos serenenses tienen capacidad para 100 personas privadas de libertad, aunque hoy albergan a 44 internos bajo estas condiciones especiales.

La experiencia internacional muestra que la segregación y el aislamiento pueden reducir la capacidad operativa de bandas criminales al interior de las cárceles. Sin embargo, también evidencia que el éxito de estas políticas depende de un delicado equilibrio entre seguridad, control penitenciario y respeto a los derechos fundamentales.