Gendarmería expulsa a funcionarios involucrados en Operación El Dorado en Illapel

La Dirección Regional de Gendarmería confirmó la expulsión inmediata de los cinco funcionarios involucrados en la denominada Operación El Dorado, investigación liderada por la Fiscalía Regional de Coquimbo que permitió desarticular una organización dedicada al ingreso de drogas, teléfonos celulares y otros elementos prohibidos al Centro de Detención Preventiva de Illapel.

La medida fue ratificada por el director regional de Gendarmería, coronel Francisco Bravo Benavides, quien explicó que, tras conocerse las detenciones, se instruyó un sumario administrativo. Paralelamente, el Director Nacional hizo uso de las facultades legales que permiten desvincular de manera inmediata a funcionarios involucrados en hechos de esta gravedad.

“Al momento que nosotros tomamos conocimiento el día martes de la detención de estos exfuncionarios, se dictamina primeramente un sumario administrativo. Pero, de acuerdo a las facultades de nuestro Director Nacional, él aplica un decreto con fuerza de ley que desvincula de forma inmediata a estas personas que se alejan de la estructura fundamental y ética de Gendarmería”, señaló.

La confirmación se produce luego de una extensa audiencia de formalización en la que el Juzgado de Garantía de Illapel dio por acreditados diversos delitos atribuidos a los imputados, entre ellos cohecho, tráfico de drogas, lavado de activos, asociación delictiva e ingreso de elementos prohibidos a un recinto penitenciario.

Investigación de dos años

Según explicó el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, la investigación se originó a partir de antecedentes obtenidos mediante una cooperación eficaz contemplada en el artículo 22 de la Ley 20.000. A partir de esa información se desarrolló una indagatoria que se extendió por cerca de dos años y que involucró a la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Los Vilos, la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de La Serena y unidades especializadas de Gendarmería.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, la organización estaba integrada por proveedores de droga, un intermediario y funcionarios penitenciarios que facilitaban el ingreso de sustancias ilícitas y otros elementos al recinto penal de Illapel, donde posteriormente eran distribuidos entre internos.

La operación culminó durante la madrugada del 9 de junio con allanamientos y órdenes de detención autorizadas por el tribunal. Inicialmente fueron detenidas 16 personas, de las cuales 11 terminaron formalizadas.

Respecto de los funcionarios penitenciarios, Cooper detalló que los cinco imputados fueron formalizados por cohecho, delito que el tribunal consideró acreditado en esta etapa procesal. Cuatro de ellos, además, fueron vinculados a delitos de tráfico de drogas, asociación delictiva e ingreso de elementos prohibidos al recinto penal.

Como resultado de la audiencia, cuatro gendarmes quedaron en prisión preventiva, mientras que un quinto funcionario quedó sujeto a arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros involucrados.

Incremento patrimonial

Uno de los antecedentes que fortaleció la investigación fue la detección de un incremento patrimonial que, según la Fiscalía, no guardaba relación con las remuneraciones de los funcionarios involucrados. Cooper sostuvo que la indagatoria permitió establecer adquisiciones de vehículos e inmuebles, además de transferencias realizadas a través de familiares y terceros, antecedentes que sustentaron la imputación por lavado de activos respecto de cuatro de los cinco funcionarios.

El persecutor indicó que la estructura criminal habría operado al menos desde 2022 mediante una red que conectaba a proveedores externos de droga, un intermediario y funcionarios penitenciarios encargados de ingresar las sustancias al recinto carcelario.

Nuevas diligencias

Desde Gendarmería insistieron en que los hechos corresponden a conductas individuales y no representan al conjunto de la institución. En esa línea, Bravo destacó que miles de funcionarios cumplen diariamente sus funciones de manera profesional y aseguró que la entidad mantiene una revisión permanente de sus protocolos y mecanismos de control.

“La evaluación es exitosa. Esto demuestra que Gendarmería está revisando sus procedimientos y trabajando para extirpar estos elementos que terminan enlodando la función penitenciaria”, afirmó.

Por su parte, el prefecto inspector Javier González, jefe de la Región Policial de Coquimbo de la PDI, destacó el trabajo coordinado entre la Fiscalía, Gendarmería y la policía civil, señalando que la investigación permitió reunir evidencia relevante para continuar avanzando en la identificación de nuevos involucrados.

La causa continuará en etapa investigativa durante los próximos 120 días, período en el que el Ministerio Público analizará teléfonos celulares, documentación y otros antecedentes incautados. En ese contexto, la Fiscalía no descartó nuevas diligencias ni eventuales detenciones a medida que avance el análisis de la evidencia reunida en el marco de la Operación El Dorado.