Declaran culpable a Nicole Cadena y Bélgica Guerra por fraude al fisco y lavado de activos

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena dio a conocer este miércoles el veredicto condenatorio contra 13 personas acusadas de participar en el millonario fraude que afectó a la Corporación Municipal Gabriel González Videla, causa en la que se acreditó un perjuicio fiscal superior a los 762 millones de pesos y una compleja red destinada a ocultar el origen ilícito de los fondos públicos obtenidos de manera fraudulenta.

Tras la revisión de prueba testimonial, documental, pericial y gráfica presentada durante el juicio que se extendió por cerca de un mes, los magistrados concluyeron que, al menos entre diciembre de 2019 y 2024, Nicole Cadena Munita, Bélgica Guerra Galleguillos y Cristian Muñoz Fredes coordinaron un mecanismo para obtener pagos irregulares desde el Departamento de Salud de la corporación municipal mediante la emisión de boletas de honorarios ideológicamente falsas e informes mensuales de actividades adulterados.

Según estableció el tribunal, las personas involucradas simulaban la realización de actividades, prestaciones o servicios que nunca se ejecutaban, pese a lo cual recibían pagos efectuados por el Departamento de Finanzas de la entidad municipal. Posteriormente, parte de esos dineros era transferido entre distintas cuentas bancarias para dificultar su rastreo e ingresar los fondos al sistema financiero formal.

La resolución judicial detalla que Nicole Cadena, quien se desempeñaba como coordinadora de programas y proyectos del Departamento de Salud hasta 2022, administraba programas financiados con recursos públicos e intervenía directamente en el proceso de autorización de boletas. Además, firmaba y validaba informes asociados a servicios inexistentes, los timbraba y, en algunos casos, autorizaba pagos a supuestos prestadores de servicios de salud.

Para concretar el fraude, utilizó distintos programas que estuvieron bajo su administración durante los años 2020 y 2021. Asimismo, el tribunal dio por acreditado que aportó antecedentes bancarios de terceros para efectuar los pagos indebidos y utilizó la cuenta denominada “Per Cápita Honorario Titular Reemplazos” para ejecutar parte de las operaciones.

En el caso de Bélgica Guerra Galleguillos, quien ejercía como secretaria del Departamento de Salud hasta abril de 2022, el tribunal concluyó que captaba personas externas a la institución para facilitar claves del Servicio de Impuestos Internos, permitiendo la emisión de boletas falsas. Además, dichas personas recibían depósitos en sus cuentas bancarias y luego debían transferir los montos o entregarlos en efectivo a cambio de un porcentaje.

La sentencia sostiene que Guerra también recibió parte de los fondos defraudados, redirigiéndolos posteriormente a cuentas propias, de Nicole Cadena, Cristian Muñoz y otros involucrados. A ello se suma que era la encargada de incorporar a los destinatarios de los pagos irregulares en las planillas utilizadas por el sistema de pagos “Minerva”, empleado por la corporación.

Respecto de Cristian Muñoz Fredes, el tribunal estableció que incorporaba personas al esquema y utilizaba cuentas personales y sociedades comerciales para mover el dinero obtenido ilícitamente, ocultando su origen mediante múltiples transferencias y operaciones financieras.

Los jueces también dieron por acreditado que parte de los acusados proporcionó boletas ideológicamente falsas o facilitó sus claves personales para confeccionar los documentos tributarios utilizados en la maniobra. A ello se sumó la elaboración de informes mensuales de actividades que daban cuenta de servicios inexistentes y que eran requeridos para concretar los pagos desde la corporación municipal.

Además, se estableció la falsificación de firmas en algunos de estos informes. Según se expuso en la deliberación, Bélgica Guerra falsificó firmas atribuidas a Silvia Bastidas y Patricia García, mientras que Nicole Cadena adulteró firmas correspondientes a Silvia Bastidas, Rodrigo Campusano y Carlos Rodríguez en distintos documentos emitidos durante 2021.

Sin embargo, el tribunal absolvió a Cadena y Guerra de los delitos reiterados de falsificación y uso malicioso de documento público, argumentando que tanto las boletas de honorarios como los informes de actividades corresponden jurídicamente a documentos privados y que dichas acciones ya formaban parte del fraude al fisco acreditado en la causa, evitando así vulnerar el principio “non bis in idem”.

En cuanto a las condenas, Nicole Cadena Munita y Bélgica Guerra Galleguillos fueron declaradas culpables de fraude al fisco y lavado de activos. En tanto, Cristian Muñoz Fredes, Marcos Segura Bugueño, Silvia Bastidas Cuevas, Patricia García Cárdenas, Hugo Valenzuela Cepeda, María José Ortiz Cobos, Marcelo Rivera López, Carolina Martínez Alarcón, Carlos Rodríguez Maturana, Natalia Vallejo Martínez y Rodrigo Vallejo Martínez fueron condenados por fraude de prestaciones estatales y lavado de activos.

Asimismo, todos los acusados fueron absueltos del delito de asociación ilícita criminal. El tribunal sostuvo que la fiscalía no logró acreditar conductas autónomas distintas de aquellas ya consideradas en los delitos de defraudación y lavado de activos.

Otro de los antecedentes considerados por los magistrados fue que todos los acusados reconocieron durante el juicio haber participado en las conductas investigadas, motivo por el cual se les concedió la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos.

Respecto del lavado de activos, el tribunal concluyó que el actuar de los acusados estuvo orientado a ocultar y disimular el origen ilícito de los recursos obtenidos. La investigación acreditó transferencias entre cuentas personales, cuentas de terceros y sociedades comerciales, además de cuantiosos retiros en efectivo. Solo los movimientos detectados en el sistema bancario alcanzaron un monto aproximado de 1.700 millones de pesos.

La lectura de sentencia quedó fijada para el próximo 11 de julio, instancia en la que el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena dará a conocer las penas que deberán cumplir los condenados.

Fiscales valoran veredicto

Tras conocer el veredicto, el fiscal Carlos Vidal sostuvo que “fueron aproximadamente 760 millones de pesos la cifra que el tribunal dio por acreditada. Asimismo, es importante recalcar que las personas imputadas en esta causa fueron un total de 22. Nueve de ellas finalizaron mediante procedimientos abreviados en el Juzgado de Garantía”.

“Resulta muy relevante señalar que, según la sentencia, todas las imputadas que formaban parte de la corporación fueron condenadas por el delito de fraude al fisco. Los demás acusados fueron condenados por una figura especial del delito de estafa y, en todos los casos, además, por lavado de activos”, agregó.

Por su parte, el fiscal regional Patricio Cooper, aseguró que “la importancia para la región es que nosotros estamos con un combate frontal a la corrupción. No podemos permitir que efectivamente con dinero que son de todos los chilenos y especialmente esta región destinado a fines mucho más importantes se llevan los bolsillos de algunas personas en particular, especialmente si esta persona son funcionarios públicos o personas afines a esos funcionarios públicos”.

“Esta condenada a los tres imputados van en la línea correcta por fraude al fisco, por lavado de activos y por fraude de subvenciones. En ese sentido nos tenemos muy conforme la el proyecto condenatorio”, remarcó.

Finalmente, Gonzalo Pinochet, abogado que representa a la Corporación Municipal, destacó que “esta es la primera causa que llega a juicio oral dentro de una serie de aristas que permiten explicar el grave colapso financiero que heredamos en la Corporación Municipal Gabriel González Videla”.

“El Ministerio Público y nosotros, como acusadores, obtuvimos un veredicto condenatorio del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, que confirmó gran parte de nuestra teoría del caso: que los recursos eran públicos, que estaban destinados a fines de interés comunal y que aquí hubo fraude al Fisco y lavado de activos. Además, respecto de otros acusados, el tribunal calificó los hechos como fraude de prestaciones estatales, también vinculado al uso irregular de recursos públicos”, complementó.