Concejales denuncian ante Contraloría remate de terreno municipal en Chungungo

Los concejales Roquer González e Ivana Godoy presentaron una denuncia formal ante la Contraloría Regional de Coquimbo para solicitar abrir una investigación respecto de una serie de hechos que, a su juicio, derivaron en la pérdida de un terreno de propiedad municipal ubicado en Chungungo.

La acción fue ingresada luego de que el inmueble fuera rematado y adjudicado a una empresa privada en el marco de un proceso judicial seguido contra la municipalidad de La Higuera.

Según señalaron los concejales, los antecedentes recopilados dan cuenta de actuaciones y omisiones que deben ser revisadas por los organismos competentes, particularmente en relación con la defensa judicial del municipio durante el proceso que culminó con la pérdida de este bien.

"Estamos hablando de un terreno municipal que pertenecía a la comunidad y cuya pérdida merece una explicación clara y transparente. Como concejales tenemos el deber de velar por los intereses de nuestros vecinos y por eso hemos decidido recurrir a la Contraloría para que investigue los hechos y determine si existen responsabilidades administrativas", señaló al respecto, Roquer González.

Los ediles indicaron además que la presentación surge luego de que se emitiera una declaración pública por parte de la alcaldesa Uberlinda Aquea y se entregaran antecedentes al concejo municipal por parte del equipo jurídico, atribuyendo la responsabilidad de lo ocurrido a decisiones adoptadas por concejales en una causa distinta a aquella donde se produjo el embargo y posterior remate del inmueble.

Por su parte, la concejala Ivana Godoy aseguró que la comunidad "tiene derecho a conocer toda la verdad sobre lo ocurrido. No corresponde que se instalen versiones parciales o que se intenten desviar las responsabilidades sin que exista una investigación seria e independiente de los hechos".

La denuncia solicita a la Contraloría Regional instruir una investigación que permita esclarecer las circunstancias que rodearon la defensa judicial del municipio, la actuación de quienes tenían la responsabilidad de proteger los intereses patrimoniales de la comuna y la información entregada posteriormente a la ciudadanía y al concejo municipal.

Además, los concejales reiteraron que esta acción no responde a diferencias políticas ni personales, sino al compromiso de resguardar el patrimonio público y garantizar la transparencia en la gestión municipal.