"Escuelas Protegidas": fallo del TC enfrenta a profesores, apoderados y parlamentarios

La resolución del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales tres disposiciones del proyecto de ley "Escuelas Protegidas" continúa generando repercusiones entre distintos sectores.

La iniciativa, promovida por el gobierno como una de sus principales apuestas en materia educacional, buscaba fortalecer la seguridad y la convivencia en los establecimientos educacionales, pero terminó enfrentando cuestionamientos respecto de su compatibilidad con garantías constitucionales.

La controversia se produjo luego que la presidenta del tribunal, Daniela Marzi, utilizara su voto dirimente en tres oportunidades para resolver empates y declarar inconstitucionales normas relacionadas con la pérdida de gratuidad para estudiantes sancionados, el acceso a información de alumnos por parte de sostenedores y otras medidas contempladas en el proyecto.

Colegio de Profesores valora la decisión

Desde la Región de Coquimbo, el presidente regional del Colegio de Profesores, Daniel Aguilera, sostuvo que el fallo representa un revés para una iniciativa que, a su juicio, se alejaba de los objetivos pedagógicos.

"El Tribunal Constitucional le da una bofetada al gobierno de Kast, al derribar su proyecto insignia en materia educacional que, en verdad, de educativo tenía muy poco", señaló.

Aguilera agregó que la resolución valida las observaciones que diversos actores habían formulado durante la tramitación legislativa. "Hoy el Tribunal Constitucional da la razón a quienes cuestionábamos las medidas que se estaban planificando. Nos parecía un error perder la gratuidad y también incorporar medidas de carácter más punitivo como una forma de solucionar los problemas de convivencia educativa", indicó.

Asimismo, manifestó su expectativa de que el Ministerio de Educación concentre sus esfuerzos en otras herramientas legislativas. "Espero que, a partir de ahora, el foco del Ministerio de Educación esté en fortalecer las escuelas e impulsar la nueva Ley de Convivencia Educativa, que, aunque tampoco resuelve todos los problemas, creo que entrega mejores herramientas que las contempladas en 'Escuelas Protegidas'", afirmó.

Apoderados expresan posiciones contrapuestas

La decisión también generó opiniones divididas entre apoderados consultados por El Día.

Juan, apoderado de un establecimiento educacional de la región, cuestionó el impacto que podría tener el fallo en el combate a la violencia escolar.

"La seguridad en las escuelas no puede seguir siendo postergada. Si algunas herramientas fueron consideradas incompatibles con la Constitución, corresponde a las autoridades buscar nuevas fórmulas que resguarden los derechos sin renunciar al objetivo de enfrentar la violencia escolar con decisión", señaló.

Añadió que "lo que no parece razonable es que el temor a vulnerar garantías termine dejando a las comunidades educativas sin instrumentos eficaces para prevenir hechos graves".

Una visión distinta expresó otra apoderada, quien valoró que el tribunal haya puesto límites a medidas que podrían afectar derechos fundamentales.

"Las políticas públicas deben equilibrar el orden con la libertad. No basta con que una medida tenga buenas intenciones; también debe ser proporcional, necesaria y respetuosa de los derechos de las personas. De lo contrario, se corre el riesgo de normalizar que, frente a cada problema social, la respuesta sea aumentar las restricciones y disminuir las garantías", indicó.

En esa linea, agregó que "el desafío ahora es construir una legislación que permita enfrentar la violencia escolar sin sacrificar los principios que sustentan un Estado de Derecho. La seguridad y la libertad no son objetivos incompatibles; el reto consiste precisamente en proteger ambas".

Cruce político tras el fallo

La decisión del TC también abrió un nuevo flanco de debate en el Congreso.

El diputado Erich Grohs (PNL) calificó la resolución como un duro golpe para las familias y comunidades educativas que esperaban mayores herramientas para enfrentar situaciones de violencia.

"Es una profunda decepción para las familias chilenas que la izquierda recurra a la trampa del Tribunal Constitucional para frenar lo que aprobamos de forma democrática en el Congreso. Con este fallo ideológico, donde la ministra Marzi define el futuro de la seguridad escolar con un voto político, se le da la espalda a los profesores, apoderados y alumnos que viven bajo el miedo de la violencia y el narcotráfico dentro de las aulas", afirmó.

En la vereda opuesta, la diputada Nathalie Castillo (PC) sostuvo que la resolución constituye una advertencia respecto de los límites constitucionales que deben respetar las políticas públicas.

"Este fallo del Tribunal Constitucional es un llamado de atención al gobierno. La legítima preocupación por la violencia escolar no puede utilizarse para impulsar normas que vulneren garantías constitucionales. La seguridad debe construirse respetando el debido proceso, el derecho a la educación y la protección de niños, niñas y adolescentes", manifestó.

La parlamentaria agregó que enfrentar la violencia en los establecimientos requiere medidas más integrales. "Combatir la violencia en las escuelas exige fortalecer a las comunidades educativas con más prevención, convivencia escolar, apoyo en salud mental y mejores herramientas para docentes y equipos directivos. Esperamos que el gobierno corrija las disposiciones objetadas y presente una propuesta que entregue seguridad sin sacrificar los derechos fundamentales", afirmó.