Alcalde de Salamanca se querella por presuntas irregularidades que superarían los $1.450 millones

Contrataciones a honorarios de personas que no habrían prestado servicios efectivos para la Municipalidad de Salamanca; eventuales irregularidades en la transferencia de recursos municipales al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), relacionadas con proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), por un monto de $163.716.142; y el presunto incumplimiento en el pago de cotizaciones previsionales y de salud de funcionarios del DAEM durante 2023 y 2024, pese a que dichos montos habrían sido descontados de sus remuneraciones.

Esas son las principales irregularidades que, según la actual administración, se habrían cometido durante el período anterior del municipio salamanquino y que motivaron al alcalde Carlos Lillo Álamos a presentar el pasado martes una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Illapel.

La acción judicial solicita que el Ministerio Público practique todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, determinar si existieron delitos y establecer las eventuales responsabilidades penales que correspondan, las que, conforme al debido proceso, deberán ser resueltas exclusivamente por los tribunales de justicia.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la querella, el mayor perjuicio económico correspondería al no pago de cotizaciones previsionales y de salud, cuya deuda asciende a $1.190.077.973, generada en un 98% durante el año 2024.

Al respecto, el alcalde Carlos Lillo Álamos sostuvo que su decisión responde a un deber legal y ético de poner los antecedentes a disposición de la justicia.

"Esta decisión no responde a intereses políticos ni personales; responde a la obligación de proteger los recursos que pertenecen a todos los habitantes de Salamanca. Cuando existen antecedentes suficientes que hacen necesario esclarecer hechos que podrían haber comprometido el patrimonio municipal, corresponde ponerlos en conocimiento de la justicia para que determine, conforme al debido proceso, si existió un perjuicio superior a $1.450 millones y si de esos hechos se derivan responsabilidades penales, estas se hagan efectivas respecto de quienes resulten responsables. No corresponde mirar hacia otro lado, sino actuar con la responsabilidad, transparencia y apego a la ley que la comuna de Salamanca exige y merece", afirmó.

La querella es patrocinada por el abogado penalista Juan Carlos Manríquez, quien explicó que los antecedentes que sustentan la presentación provienen, entre otras fuentes, de informes de la Contraloría General de la República y de peritajes técnicos elaborados por especialistas independientes.

"Estos contienen elementos suficientes para justificar la apertura de una investigación penal respecto de hechos que eventualmente podrían revestir carácter de delito", sostuvo el abogado.

Manríquez agregó que "la probidad exige un ejercicio leal, honesto, eficiente y transparente de la función pública. Cuando ese estándar se vulnera por negligencia inexcusable, grave imprudencia o conductas dolosas, corresponde que intervenga la justicia penal para establecer responsabilidades. Los antecedentes reunidos muestran hechos de distinta naturaleza, pero todos con un mismo denominador común: un eventual perjuicio de enorme magnitud para el patrimonio municipal y para cientos de funcionarios cuyos descuentos previsionales no habrían sido enterados".

Por su parte, el alcalde Lillo indicó que ahora corresponderá al Ministerio Público desarrollar las diligencias investigativas que estime pertinentes para establecer quiénes participaron en los hechos denunciados, cuál fue el destino de los recursos y las responsabilidades penales que eventualmente correspondan.

Consultado por El Día, el exalcalde Gerardo Rojas señaló que no conocía en detalle los antecedentes de la querella, aunque afirmó que, según la información de la que dispone, se trataría de una acción judicial de carácter genérico y no dirigida específicamente en su contra. Agregó que, si efectivamente existieron las irregularidades denunciadas, "es importante que sean investigadas".