Agencia de decomiso: plan Kast golpea las finanzas del crimen organizado

El gobierno del presidente José Antonio Kast ha puesto en marcha la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un ambicioso paquete de medidas legislativas que busca impactar directamente las finanzas de las redes delictuales. Esta iniciativa, anunciada en cadena nacional, se posiciona como la prioridad legislativa del semestre, sucediendo a la reforma económica.

La ACOT contempla una serie de proyectos que abarcan desde reformas constitucionales hasta instrumentos operativos para las fuerzas policiales y los tribunales. El eje central de esta agenda es una reforma constitucional pro-seguridad que establece la protección ciudadana como un deber fundamental del Estado.

Entre las principales innovaciones, la reforma constitucional propone la creación de una lista oficial de organizaciones criminales y la tipificación del delito autónomo de pertenencia a estas estructuras. Asimismo, se prevé la implementación de cárceles diferenciadas para condenados por crimen organizado, un nuevo estado de excepción enfocado en la seguridad pública y mecanismos reforzados para la incautación de bienes.

Un conjunto complementario de leyes busca endurecer las penas, establecer un régimen penitenciario especial y facilitar el congelamiento patrimonial de los sujetos investigados. Según la minuta interna del Gobierno, la estrategia es clara:

“el que pertenezca a una organización criminal cometerá un delito por ese solo hecho, cumplirá su condena en un régimen más estricto y perderá los bienes que amasó delinquiendo. Al crimen organizado se le gana cortándole el dinero y el territorio”.

En el ámbito de la recuperación de activos, la agenda de seguridad establece la creación de una Agencia de decomiso y destrucción de bienes ilícitos. Esta nueva entidad estatal tendrá la capacidad de liquidar y destruir los activos vinculados al crimen organizado. La minuta gubernamental enfatiza que

“nadie va a seguir paseándose en autos comprados con plata del narco mientras sus vecinos trabajan honradamente para llegar a fin de mes. Los bienes del delito se incautan, se liquidan y se destruyen: el crimen deja de ser un negocio rentable en Chile”.

Adicionalmente, se incluye una ley anti barricadas que criminaliza el corte de tránsito sin exigir violencia en la acción. Para el control fronterizo, la política “Frontera Cero” crea una zona primaria donde Carabineros y la PDI pueden operar sin la autorización previa de Aduanas, permitiendo el comiso irrevocable y la destrucción de bienes ingresados por pasos no habilitados, eliminando así la práctica anterior de “pagar y recuperar”.

En cuanto a las herramientas de investigación y modernización policial, la ACOT fortalece las capacidades de LABOCAR y LACRIM, con una cadena de custodia definida. Para la destrucción de estupefacientes, se autoriza a las policías a colaborar en el proceso, permitiendo la destrucción in situ de cargamentos superiores a 5 kilos con control judicial. La PDI también verá mejoras salariales para sus funcionarios.

El entramado legal se complementa con dos leyes orgánicas: una LOC de estados de excepción, que regula la colaboración entre Fuerzas Armadas y policías, y una LOC de Gendarmería, que transformará a la policía penitenciaria en una dependencia del Ministerio de Seguridad Pública. Esto se alinea con la discusión previa sobre la creación del Ministerio de Seguridad Pública. El Ejecutivo también proyecta el cierre inmediato y la destrucción de las máquinas de azar ilegales.

Actualmente, el Gobierno impulsa con urgencia una decena de iniciativas, incluyendo el Reglamento de Uso de la Fuerza (RUF), que eleva a rango legal las normas policiales con presunción de legalidad. También se tramita una mejora salarial y gratificación de riesgo de hasta el 100% para Carabineros, junto con la regulación de la legítima defensa en franco. En materia migratoria, la ACOT amplía la retención migratoria hasta la expulsión efectiva y tipifica como delito el transporte interno de migrantes irregulares, buscando perfeccionar el proceso de expulsión administrativa.