Reforma de seguridad de Kast abre fuerte debate político

La propuesta de reforma constitucional propuesto por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, orientada a combatir el crimen organizado, ha detonado un intenso debate político en la Región de Coquimbo y el país.

Las posturas de los representantes locales y entre exautoridades del gobierno anterior reflejan un escenario fragmentado, donde la efectividad de las medidas de seguridad colisiona frontalmente con el debate sobre la protección de los derechos fundamentales y el equilibrio institucional, regla básica de una democracia.

Mientras los parlamentarios de la oposición critican que el proyecto busque restringir libertades y concentrar poder en la figura presidencial, el oficialismo defiende la necesidad de actuar con firmeza frente al avance de la delincuencia.

A este escenario se suman severos cuestionamientos de exministros del Presidente Gabriel Boric, como Camila Vallejo y Luis Cordero, quienes advierten sobre graves vacíos técnicos y riesgos democráticos.

Excusa para justificar el autoritarismo

Para la diputada comunista Nathalie Castillo, la iniciativa impulsada por el gobierno de Kast sobrepasa un límite delicado: "cruza una línea muy peligrosa y abre la puerta al autoritarismo", criticó, argumentando que, si bien existe un consenso transversal sobre la necesidad de combatir al crimen organizado, la seguridad pública no puede ser instrumentalizada para restar atribuciones al Poder Legislativo.

"Todos queremos enfrentar con firmeza al crimen organizado, pero la seguridad no puede ser una excusa para concentrar poder en el Presidente, restringir derechos fundamentales y tomar decisiones de enorme gravedad sin pasar adecuadamente por el Congreso Nacional", afirmó la diputada.

Castillo agregó que el debilitamiento a los contrapesos institucionales evoca dinámicas autoritarias que el país no debe revalidar, sentenciando que la bancada del Partido Comunista no otorgará sus votos a favor del proyecto. "Necesitamos seguridad, sí, pero con democracia, control institucional y pleno respeto a los derechos de las personas", puntualizó.

En esa misma línea se pronunció el senador Daniel Núñez (PC), quien centró sus críticas en las atribuciones del denominado "nuevo estado de excepción de seguridad pública" contemplado en la reforma. De acuerdo al legislador, el proyecto pone el foco en limitar libertades de la vida democrática, tales como el derecho de asociación y la privacidad de las comunicaciones.

Núñez instó al ejecutivo a retirar la reforma constitucional al considerar que "no ayuda al debate ni aporta en materia de seguridad", proponiendo en su lugar acelerar iniciativas que cuentan con mayor consenso técnico, como la agencia de decomiso de bienes, enfocada en incautar dinero y activos provenientes del narcotráfico y bandas criminales, la modernización de la PDI, con el fortalecimiento del trabajo investigativo e inteligencia policial, o la Ley Orgánica de Gendarmería, con la optimización de la gestión contención y control en los recintos penitenciarios.

Respaldo, pero con correcciones

Desde el oficialismo, la postura de apoyo es categórica, aunque no exenta a negociación. El diputado Marco Sulantay (UDI) aseveró que respaldarán la agenda impulsada por La Moneda para dar un combate frontal a la delincuencia.

"Vamos a apoyar decidida y claramente la agenda de seguridad propuesta por el gobierno. Será un debate intenso, pero sin perder de vista el objetivo más importante, que es establecer un combate frontal y agresivo contra la delincuencia y el crimen organizado", enfatizó Sulantay.

No obstante, el parlamentario gremialista reconoció que las modificaciones constitucionales representan el nudo más complejo de la discusión parlamentaria, por lo que indicó que en el oficialismo existe disposición a modificar aspectos sustanciales durante el trámite legislativo, incluyendo los alcances de los estados de excepción.

Por su parte, el diputado del Partido Nacional Libertario, Erich Grohs, manifestó la voluntad de su sector para colaborar en la discusión, aunque supeditó su apoyo a la incorporación de cambios de fondo.

Grohs hizo un llamado al ejecutivo a escuchar sus observaciones para no caer en "soluciones parche que no resuelven la crisis estructural que vive el país", pidiendo dotar de herramientas directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Problemas técnico-jurídicos

Las críticas a la reforma también sumaron voces de exmiembros del gobierno del Presidente Gabriel Boric, como la exvocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien cuestionó con dureza la efectividad de la propuesta en el programa Descabelladas, de Universidad de Chile TV, catalogándola como un intento de acumular poder político.

"La reforma constitucional no es un plan realmente contra el crimen organizado ni contra la delincuencia, sino que es 'gato por liebre'. Se promete combatir la inseguridad, pero al final se introduce un régimen autoritario para que el Presidente concentre más poder a costa de la libertad de los ciudadanos", sostuvo Vallejo.

La exministra remarcó que el orden debe ser compatible con las garantías democráticas. "Orden con democracia es delincuentes en la cárcel; orden sin democracia es que todos finalmente estemos en una cárcel", advirtió. 

A su vez, el exministro de Seguridad, Luis Cordero, analizó el texto desde el punto de vista técnico, identificando una serie de falencias centrales, como la redundancia normativa, por lo que calificó como "completamente inútil" la pretensión de elevar a rango constitucional la obligación del Estado de garantizar la seguridad, argumentando que la Constitución ya consagra este derecho.

Criticó también, las sanciones que inhabilitan a condenados por terrorismo y crimen organizado hasta por 15 años tras cumplir su condena, afectando derechos clave como salud, educación, previsión y trabajo, lo cual consideró inviable para la reinserción social.

Sobre el estado de excepción de seguridad pública, sostuvo que el marco propuesto carece de parangón en el ordenamiento jurídico actual y que el proyecto no responde a una estrategia clara de seguridad pública.