PDI registra oficina de Sergio Gahona en medio de investigación por contratos de JUNAEB

En una jornada de alta tensión política y judicial, la Policía de Investigaciones (PDI) concretó este jueves una serie de registros e incautaciones en las dependencias del Congreso Nacional en Valparaíso, además de diversos inmuebles en la Región Metropolitana.

Las diligencias, instruidas por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente junto a la Brigada Anticorrupción de la PDI, se enmarcan en una investigación por presuntas anomalías y delitos de corrupción al interior de la Junta Nacional de Auxilio y Becas (JUNAEB), el organismo estatal clave encargado de administrar las becas y la alimentación de los estudiantes en situación de mayor vulnerabilidad social en Chile.

La irrupción policial en el Poder Legislativo se centró en las oficinas de dos parlamentarios: el senador por la Región de Coquimbo, Sergio Gahona y el legislador, Miguel Ángel Calisto. La causa busca esclarecer la eventual comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude al fisco asociados a las licitaciones y ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La postura de Gahona

Tras el despliegue de los funcionarios policiales en sus dependencias del Senado, el parlamentario por Coquimbo emitió un escueto comunicado de prensa manifestando absoluta serenidad ante el procedimiento y asegurando plena disposición a colaborar con los persecutores.

"Estoy tranquilo. He colaborado activamente en esta diligencia, porque soy el más interesado en que esta situación sea aclarada plenamente a la mayor brevedad. Junto a mi equipo legal realizaremos todas las acciones destinadas al esclarecimiento de los hechos. Confío que en la investigación quedará acreditado que no existe ninguna irregularidad en mis actuaciones como parlamentario", aseveró el legislador de Chile Vamos.

La estrategia de la defensa de Gahona apunta a poner a disposición de la fiscalía todos los antecedentes necesarios para desestimar de forma expedita cualquier vinculación con redes de corrupción o gestiones indebidas en los contratos públicos de la JUNAEB.

Irregularidades

El origen de esta causa penal se remonta a mayo pasado, a raíz de una auditoría encomendada por el actual director de la JUNAEB, Fernando Peña, destinada a revisar exhaustivamente las licitaciones y contratos aprobados durante la gestión de su antecesora en el cargo, Camila Rubio.

Entre las principales alertas levantadas por la auditoría interna destacan las inconsistencias detectadas en los contratos suscritos con la proveedora Sociedad de Servicios de Alimentación (Soser S.A.). La carpeta investigativa consigna un abanico de presuntas anomalías operativas y financieras.

Se indagan raciones infladas, donde hubo cobros al Estado por volúmenes de alimentación presuntamente superiores a los entregados de manera efectiva en las aulas. También documentación adulterada, puesto que habría presentación de certificados falsificados para validar justificaciones de pagos y desembolsos improcedentes con fondos públicos.

Otra arista es la infiltración informática, ya que habría alteración de registros informáticos y bases de datos institucionales de la JUNAEB, además de informes sobre la eventual distribución de alimentos contaminados o en mal estado en establecimientos educativos de la Región de O’Higgins.

Arista clave

Paralelamente, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dio luz verde a una arista clave del caso, como es la revisión del contenido de correos electrónicos y cuentas de almacenamiento en la nube institucional de cinco funcionarios de la JUNAEB. Se indaga si estos funcionarios tuvieron conocimiento oportuno de advertencias judiciales sobre el abultamiento de raciones y omitieron su deber legal de denunciar.

Además de los despachos parlamentarios de Gahona y Calisto y de las dependencias centrales de la JUNAEB, las órdenes del tribunal han abarcado domicilios particulares de ejecutivos ligados a Soser S.A., dirigentes gremiales, funcionarios en ejercicio, exfuncionarios del organismo e incluso al exdiputado comunista Hugo Gutiérrez.

En un punto de prensa ofrecido por el actual director nacional de la JUNAEB, Fernando Peña, para referirse al avance de las pesquisas del Ministerio Público, aseguró que los allanamientos ratifican las sospechas sobre la existencia de un esquema irregular en periodos previos.

"Yo no estoy calumniando a nadie, no estoy inventando nada. Ojo, que la exdirectora Camila Rubio también me denunció por calumnia. Entonces es importante que quizás con estos antecedentes que hoy salen a la luz, quede claro que nosotros no estamos inventando nada, que estas no son fantasías y que acá hay elementos suficientes para probar eventuales delitos de corrupción", puntualizó Peña.

Postura del Senado

Ante el impacto provocado por el registro de las oficinas en la sede legislativa de Valparaíso, la mesa directiva de la Cámara Alta emitió una declaración institucional manifestando su total apertura para cooperar con los requerimientos de la Justicia, fijando al mismo tiempo marcos conceptuales sobre el debido proceso.

"Corresponde al Ministerio Público y a los tribunales de justicia determinar los hechos, establecer eventuales responsabilidades y adoptar las decisiones que correspondan conforme a la ley. El Senado respeta la autonomía de dichas instituciones y el desarrollo de las diligencias que se encuentran llevando adelante", reza el comunicado oficial.

Asimismo, la Corporación subrayó que la investigación debe conducirse con rigor, imparcialidad y transparencia, resguardando las garantías constitucionales.