Hasta junio de 2027: Extienden nuevamente plazo de evaluación ambiental para desaladora

La tramitación ambiental del proyecto desaladora de Coquimbo volverá a extender sus plazos, luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Coquimbo autorizara una nueva suspensión del procedimiento. Con esta decisión, el proceso permanecerá paralizado -al menos- hasta el 30 de junio de 2027, fecha en que deberá retomarse la evaluación, salvo que antes sea presentada la correspondiente Adenda.

La solicitud fue ingresada el pasado 31 de agosto por Lorena Herrera Omegna, en representación de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), actual titular del proyecto y se trata de la segunda extensión de la suspensión solicitada durante esta etapa del proceso.

El proyecto ingresó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) el 22 de octubre de 2024, siendo admitido a trámite por el SEA una semana después. Posteriormente, en diciembre de 2025, el organismo publicó el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones Complementario (ICSARA Complementario), estableciendo inicialmente como fecha para la entrega de la Adenda el 10 de marzo de 2026.

Sin embargo, según expuso el MOP, la magnitud de las observaciones formuladas hizo necesario contar con un periodo adicional para preparar una respuesta integral al expediente.

Entre los argumentos entregados se encuentra la necesidad de realizar ajustes de ingeniería, actualizar estudios ambientales, desarrollar nuevas campañas de terreno, efectuar modelaciones y avanzar en distintas tramitaciones sectoriales, además de integrar los antecedentes técnicos necesarios para elaborar una respuesta que sea consistente y verificable.

El organismo también detalló una serie de materias que deberán ser revisadas. Entre ellas figuran la actualización de la línea de base y de la evaluación arqueológica, incluyendo caracterizaciones subsuperficiales que requieren autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, así como nuevos estudios sobre ecosistemas marinos, análisis de toxicidad y actualización de modelaciones.

A esto se suma la reevaluación de eventuales impactos sobre la biota marina, la pesca artesanal y otros receptores sensibles, junto con la actualización de los componentes de flora, vegetación y medio humano, incluyendo antecedentes vinculados con pueblos indígenas. También será necesario revisar las evaluaciones de ruido, vibraciones y ruido submarino, materia para la cual se contempla una campaña específica que requiere autorización del SHOA.

303 días adicionales de suspensión

De acuerdo con la resolución del SEA, extender el plazo hasta el 30 de junio de 2027 implicará un periodo adicional de suspensión de 303 días. El organismo regional consideró que los fundamentos entregados por el titular justifican la extensión solicitada y resolvió autorizarla por segunda vez.

El SEA también recoge como argumento del MOP la intención de evitar inconsistencias dentro del expediente, respuestas parciales entre los distintos capítulos del proyecto y nuevas rondas de observaciones, buscando integrar adecuadamente los antecedentes en una evaluación que ya se encuentra avanzada.

La resolución establece que el procedimiento de evaluación continuará una vez vencido el periodo de suspensión acordado o cuando sea presentada la Adenda, según corresponda.

Al respecto, el delegado presidencial, Víctor Pino, indicó que “la extensión del plazo solicitado por la Dirección de Concesiones responde a los plazos que hoy dispone el Servicio de Evaluación Ambiental para este tipo de proyectos. Por lo tanto, seguimos trabajando para poder realizar esta obra dentro de los tiempos presupuestados”.

“Sabemos que con esta extensión del plazo se van a acortar, quizás, otros plazos posteriores y, por lo tanto, vamos a tener que desarrollar un trabajo colaborativo junto con la Dirección de Concesiones y el Ministerio de Obras Públicas, para que esta obra se pueda desarrollar al 2030, tal como está proyectada desde su inicio”, agregó.

Extensión de plazo genera preocupación

Al respecto, el senador Matías Walker, calificó como "una pésima señal que la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas esté pidiendo más plazo, siendo que cuenta con todas las capacidades técnicas y profesionales para poder responder las observaciones en tiempo y forma”.

Según el parlamentario, "este es el ejemplo perfecto que explica por qué estamos con un IMACEC negativo. El problema de Chile, como lo dijo el Presidente Eduardo Frei, es la 'permisología'. Y el problema no son solo las autoridades ambientales; el problema también se produce cuando las propias autoridades públicas, en este caso la Dirección de Concesiones, piden más plazo que el estimado por la propia autoridad ambiental”.

Por su parte, el senador Sergio Gahona, sostuvo que “nos preocupa el atraso que ha tenido la desaladora para la Región de Coquimbo, porque sabemos lo necesaria que es esta obra para enfrentar la escasez hídrica que afecta a nuestro territorio. Entendemos que un proyecto de esta magnitud debe cumplir adecuadamente con todas sus etapas, pero también creemos que es importante hacer todos los esfuerzos para agilizar su tramitación y evitar nuevas demoras”.

La región, agregó, "necesita certezas y avanzar cuanto antes en una obra que será fundamental para nuestra seguridad hídrica y nuestro desarrollo futuro”.