Papaya Gate: Cáceres suma negociación incompatible y exjefe jurídico del GORE queda imputado

La arista por fraude al fisco del denominado caso Papaya Gate sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que se realizara una audiencia de reformalización en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por la millonaria compra de terrenos efectuada por el Gobierno Regional de Coquimbo durante la administración de la exintendenta Lucía Pinto.

La causa se originó a raíz de la adquisición de predios ubicados en el sector San Ramón de La Serena por más de $9.800 millones, operación que posteriormente fue cuestionada por un eventual sobreprecio y una serie de irregularidades detectadas durante el proceso. Desde entonces, la investigación se ha transformado en uno de los casos de mayor connotación pública en la región.

Durante la audiencia, la Fiscalía reformalizó a los imputados ya investigados e incorporó nuevos antecedentes a la causa. Entre quienes continúan siendo indagados figuran la exintendenta Lucía Pinto; el exadministrador regional José Cáceres; el gerente de las inmobiliarias involucradas en la compraventa de los terrenos, Pablo Bracchitta; y el exjefe jurídico del Gobierno Regional, Eduardo Espinoza, quien fue incorporado como nuevo imputado en esta etapa.

En el caso de José Cáceres, exadministrador regional y exjefe de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional, se agregó la imputación por negociación incompatible.

El fiscal adjunto SAC, Eduardo Yáñez, explicó que la reformalización tuvo como objetivo reforzar la tesis investigativa del Ministerio Público respecto de la existencia de una negociación incompatible vinculada al proceso de adquisición de los terrenos.

“Lo que hicimos fue describir el fraude al fisco desde el punto de vista de la negociación incompatible que existía entre el administrador del Gobierno Regional a la época de los hechos con la parte vendedora del terreno en cuestión, toda vez que el administrador del Gobierno Regional era, a su vez, socio de las empresas dueñas del terreno que vendía, cuestión que era de conocimiento de la exintendenta investigada”, señaló.

Según indicó el persecutor, este antecedente fortalece la estrategia de persecución penal impulsada por la Fiscalía. Asimismo, destacó la incorporación de Eduardo Espinoza a la investigación, apuntando a su participación en la etapa final de la operación.

“Se suma el abogado jefe del Departamento Jurídico del Gobierno Regional, Eduardo Espinoza, quien, en pleno conocimiento de las reiteradas objeciones que hizo la Contraloría General de la República a este contrato, formuló un último contrato en el cual atribuyó a las partes unilateralmente la posibilidad de inscribir esta compraventa en el Conservador de Bienes Raíces y retirar los vales vista con el precio”, sostuvo Yáñez.

A juicio del Ministerio Público, dicha actuación habría facilitado la concreción de la compraventa pese a los cuestionamientos efectuados previamente por el organismo contralor.

Respecto del estado actual de la causa, el fiscal indicó que la investigación se encuentra en una fase avanzada y que el plazo de 60 días otorgado por el tribunal permitiría adoptar definiciones respecto de los próximos pasos procesales.

“Como Fiscalía esperamos que luego de estos 60 días estemos en condiciones de tomar una decisión final respecto de la estrategia y poder pasar a una siguiente etapa del proceso penal”, afirmó.

Una evaluación similar realizó Luis Acevedo, abogado querellante en representación del senador Daniel Núñez, quien destacó que la reformalización incorporó nuevos elementos respecto del rol desempeñado por el exdirector jurídico del Gobierno Regional.

“Se agregó también un nuevo imputado, Espinoza, quien fue el director jurídico del GORE en su momento y particularmente quien ideó la parte de la resciliación del contrato para burlar el trámite de Contraloría”, aseguró.

Acevedo sostuvo, además, que la investigación se aproxima a su etapa final luego de varios años de diligencias y recopilación de antecedentes. En ese sentido, indicó que el plazo fijado por el tribunal podría marcar el cierre de la investigación y abrir paso a una eventual acusación.

“Dieron 60 días para terminar la investigación. Yo creo que, venciendo ya el 7 de noviembre, va a estar disponible la causa para dar el siguiente paso, que sería la acusación, la audiencia preparatoria de juicio oral y, eventualmente, el juicio oral”, concluyó.

Arista tributaria

Durante la misma jornada también se realizó una audiencia por la arista tributaria del caso, investigación que contará con un nuevo plazo de 20 días luego de que el Juzgado de Garantía acogiera una solicitud del Ministerio Público para completar diligencias pendientes consideradas relevantes para el avance de la causa.

En esta arista se investiga la eventual comisión de delitos tributarios por parte de los empresarios Lorenzo Iduya Ortiz, Nicolás Bakulic, Karim Daire Daud y Manuel Daire Daud, además del abogado Luis Gastón Yver Hudson, quien los habría asesorado en la presentación de declaraciones de impuestos presuntamente maliciosamente falsas.

Durante la audiencia, el fiscal Freddy Salinas explicó que la ampliación responde a la falta de respuesta a un oficio remitido al Servicio de Impuestos Internos (SII) de la Región de Coquimbo, documento que deriva de una petición realizada por las defensas de los imputados.

Según detalló el persecutor, se solicitó al organismo tributario informar las observaciones efectuadas a los Formularios 22 de las inmobiliarias involucradas en la investigación, correspondientes a los años tributarios 2015, 2016 y 2017. Asimismo, se requirieron antecedentes respecto de declaraciones de renta y eventuales rectificaciones o modificaciones aceptadas por el SII entre los años tributarios 2015 y 2020.

“No se ha recibido respuesta y, para poder coordinar y tener la información dentro del plazo de investigación, solicitamos que se amplíe por 20 días”, argumentó Salinas ante el tribunal.

Tras escuchar los antecedentes, la magistrada estimó que la solicitud era procedente, considerando que la diligencia continúa pendiente y que el tiempo requerido resultaba razonable para mantener abierta la investigación. La petición no encontró oposición por parte de los demás intervinientes, por lo que el tribunal resolvió extender el plazo investigativo por 20 días.

En la misma audiencia también se abordó una solicitud de la defensa del imputado Lorenzo Iduya, que pidió el alzamiento temporal de la medida cautelar de arraigo nacional para permitir un viaje al extranjero entre el 1 y el 11 de octubre.

La defensa argumentó que el imputado cuenta con pasajes de regreso programados y ofreció una caución de retorno de $10 millones para garantizar su comparecencia al proceso. Sin embargo, el tribunal precisó que los montos depositados en causas distintas no pueden ser considerados para esta investigación, pese a que existan procesos relacionados.

Por ello, la magistrada autorizó el levantamiento temporal del arraigo, condicionado al depósito de una nueva caución de $10 millones en la causa vigente, trámite que deberá acreditarse con al menos 48 horas de anticipación al viaje.

Al término de la audiencia, el fiscal Salinas señaló que la ampliación permitirá concluir las diligencias pendientes y avanzar hacia una nueva etapa procesal.

“Se amplió por 20 días más. Eso debiera habilitar el proceso para la reapertura de la investigación”, indicó.

Con ello, la Fiscalía espera contar con los antecedentes solicitados al Servicio de Impuestos Internos y cerrar una de las diligencias que permanecen pendientes en esta arista del caso, cuyo desarrollo continúa bajo revisión judicial.