Caen tres mujeres acusadas de estafar a vendedores de vehículos en La Serena y Ovalle

Una investigación de la fiscalía de La Serena y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI permitió desarticular una organización dedicada a estafar a personas que ponían sus vehículos a la venta mediante la modalidad del “falso comprador”. Las diligencias culminaron con tres mujeres detenidas y formalizadas por estafa reiterada, mientras que una de ellas además fue imputada por fraude informático.

El operativo se desarrolló de manera simultánea en las regiones de La Araucanía, Biobío y Metropolitana, donde detectives concretaron las detenciones en las comunas de Temuco, San Rosendo y Cerro Navia. La investigación apunta a una estructura que habría utilizado documentación falsificada y distintos mecanismos de engaño para obtener vehículos sin concretar los pagos acordados con sus propietarios.

Los hechos por los cuales fueron formalizadas ocurrieron en La Serena y Ovalle durante abril, junio y agosto de 2026. Según los antecedentes reunidos por los investigadores, los montos asociados a cada automóvil adquirido mediante estas maniobras fluctúan entre los $9 millones y $12 millones.

Las tres imputadas fueron formalizadas por una estafa registrada el 8 de junio en La Serena. Además, dos de ellas enfrentan cargos por un segundo hecho ocurrido ese mismo día en la capital regional y ambas son investigadas por un tercer caso registrado el 17 de abril en Ovalle. A estos antecedentes se suma la imputación por fraude informático que pesa sobre una de las mujeres.

Investigación comenzó por una denuncia de robo

El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción de La Serena, Marcial Pérez Torres, explicó que la indagatoria se inició a partir de antecedentes obtenidos durante una denuncia por robo, que posteriormente permitió detectar que uno de los vehículos involucrados había sido adquirido mediante una estafa.

“Este es un trabajo bastante acucioso y algo prolongado, debe llevar más o menos un mes, en que junto a la Policía de Investigaciones, con información residual de una denuncia por robo, iniciamos la pesquisa con un vehículo que apareció en la Región de Valparaíso que no estaba robado, sino que había sido objeto de un delito de fraude”, señaló el persecutor.

A partir de ese antecedente, los equipos investigadores comenzaron a recopilar evidencia bancaria, revisar redes sociales y entrevistar a las víctimas. Este trabajo permitió establecer conexiones entre números telefónicos, cuentas corrientes y perfiles digitales asociados a las imputadas.

La investigación incluyó el análisis de 12 cuentas bancarias y de evidencia digital obtenida tanto desde personas que se encontraban en libertad como desde establecimientos penitenciarios. Estos antecedentes permitieron a los investigadores reconstruir parte de la estructura de la organización y establecer los posibles roles que cumplían sus integrantes.

Todo terminaba en Santiago

Respecto al mecanismo utilizado para concretar las estafas, el fiscal explicó que las víctimas eran contactadas inicialmente por teléfono por supuestos interesados en comprar sus vehículos. Sin embargo, posteriormente se les informaba que el supuesto comprador no podía acudir personalmente y enviaba a otra persona para cerrar la transacción.

De acuerdo con la hipótesis investigativa, parte de las comunicaciones incluso se habría originado desde recintos penitenciarios.

“Hemos construido la hipótesis que se trata de un llamado telefónico a la víctima; luego, una persona no puede asistir y estimamos que no puede asistir porque está presa, ya que le estarían llamando desde la cárcel. Envían a otra persona y ahí se realiza esta maniobra del mandato, un vale vista falso, un cheque de origen espurio o incluso documentos que han sido generados mediante inteligencia artificial para engañar a las víctimas y lograr comprarles el auto que finalmente desaparece en Santiago”, explicó Pérez.

La utilización de distintos documentos y medios de pago fraudulentos habría permitido a los involucrados convencer a los propietarios de que la operación había sido concretada, pese a que el dinero nunca llegaba a sus cuentas.

Allanamientos y nuevas diligencias

En paralelo al operativo desarrollado por la PDI, Gendarmería efectuó allanamientos en las celdas de dos internos que aparecen vinculados a la investigación, procedimientos que permitieron incautar tres teléfonos celulares: dos de ellos fueron encontrados en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur y el tercero en el Complejo Penitenciario de Valdivia.

Los detectives también realizaron registros en los domicilios de las mujeres detenidas, donde encontraron documentación bancaria, cheques en blanco y otras especies que fueron incorporadas como evidencia a la investigación.

Durante el procedimiento realizado en Cerro Navia, además, fue detenida una cuarta mujer que mantenía tres órdenes de detención vigentes por delitos asociados a la Ley 20.000. Esta persona no corresponde a las tres imputadas formalizadas en la causa por las estafas investigadas por la Fiscalía de La Serena.

Tras la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de La Serena, el tribunal estableció un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación. La causa mantiene carácter reservado y las diligencias continúan con el objetivo de determinar la eventual participación de otras personas y establecer la magnitud total de las defraudaciones atribuidas a esta organización.