“Permisología” bajo la lupa: más de US$3.396 millones en proyectos esperan avanzar

Más de US$3.396 millones en inversión asociados a 13 proyectos permanecen en evaluación ambiental en la Región de Coquimbo, de acuerdo con los antecedentes que figuran en el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental. Dentro de esta cartera, además, más de US$2.500 millones corresponden a iniciativas que figuran en condición de “suspendidas”.

Entre los proyectos de mayor envergadura destacan la planta desaladora de Coquimbo, la iniciativa para una segunda desaladora en La Serena, la continuidad operacional de la explanta Delta de Ovalle y la extensión de la vida útil de Minera Los Pelambres, esta última con una inversión cercana a los US$2.000 millones.

A esta lista se suma el proyecto minero San Cayetano, que destaca por ser una de las iniciativas que más tiempo lleva sometida al proceso de evaluación ambiental, luego de ingresar al sistema en 2020.

Al respecto, el seremi de Economía, Martín Argaluza, explicó que en una parte importante de estos casos son los propios titulares quienes se encuentran preparando las respuestas a las observaciones formuladas durante la evaluación ambiental.

La autoridad agregó que, paralelamente a esta cartera de proyectos en evaluación, durante los últimos dos años se ha registrado un avance en la aprobación de nuevas iniciativas.

Durante 2025 fueron calificados favorablemente ocho proyectos, asociados a una inversión cercana a los US$560 millones, mientras que durante 2026 ya se han aprobado diez iniciativas, que en conjunto representan aproximadamente US$810,5 millones.

De esta manera, el monto de inversión aprobado durante el presente año ya supera en torno a un 45% el total registrado durante todo 2025, según destacó Argaluza.

Gremios analizan escenario

Para el gerente de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de Coquimbo (CIDERE), Ricardo Guerrero, las propias cifras del sistema dan cuenta de las dificultades que persisten para concretar inversiones.

“La mejor manera de comprobar que en Chile tenemos un problema objetivo por la lentitud y baja conclusividad del sistema destinado a revisar y autorizar la operación de proyectos industriales es leer las cifras emanadas desde el propio sistema”, afirmó.

Guerrero valoró que durante la actual administración se hayan agilizado decisiones al interior del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero planteó que todavía existen aspectos que requieren modificaciones.

En ese sentido, sostuvo que “quedan aristas sin resolver”, mencionando particularmente las intervenciones del Consejo de Monumentos Nacionales y la judicialización de proyectos como elementos que, a su juicio, pueden extender los procesos de autorización.

“En toda la región y el país tenemos cantidades sorprendentes de inversión frenadas en algún punto del proceso”, señaló el representante de CIDERE.

Desde la Multigremial de la Región de Coquimbo, en tanto, el diagnóstico apunta también a la necesidad de acelerar la materialización de proyectos, especialmente considerando el escenario laboral y económico de la región.

Su presidente, Marcos Carrasco, planteó que el desafío es pasar “desde el anhelo a la realidad” y llamó al ejecutivo a destrabar las iniciativas que permanecen detenidas por distintas razones.

“Creemos que es importante destrabar estos proyectos que están estancados por una u otra razón, sobre todo considerando que la región está pasando por un momento bastante complejo en cuanto a tasa de desempleo, aporte al PIB y desarrollo económico”, sostuvo.

Carrasco recordó que la demora en la tramitación de grandes inversiones no es un fenómeno nuevo y puso como ejemplo el proyecto de Compañía Minera El Arqueros, cuyo proceso se inició en 2008 y obtuvo luz verde recién en 2023.

“15 años para poder materializar o concretar un proyecto es una eternidad, sobre todo considerando la realidad que vive hoy la Región de Coquimbo, con altas tasas de desempleo y una economía absolutamente estancada”, afirmó.

El dirigente recalcó, eso sí, que la petición del sector privado no apunta a eliminar las exigencias ambientales ni a saltarse la normativa vigente.

“Acá, como Multigremial, no estamos pensando que se deba saltar la norma. Las empresas que solicitan su proceso de calificación ambiental deben cumplir con ella, pero sí es importante acompañar y buscar la fórmula de cómo estas empresas puedan avanzar”, manifestó.