Desaladora La Serena recibe observaciones de más de 15 servicios públicos

A poco más de dos meses de su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el proyecto “Desaladora Multipropósito La Serena” enfrenta observaciones de más de 15 organismos públicos con competencia ambiental, los que han solicitado aclaraciones y antecedentes adicionales sobre distintos componentes de la iniciativa.

Los reparos abarcan materias relacionadas con la planificación del transporte, la prevención de accidentes y la protección de los recursos hídricos, además de cuestionamientos sobre la coherencia del proyecto con los instrumentos de planificación territorial y las políticas de conservación de la biodiversidad.

La iniciativa, presentada por Desaladora La Serena SpA, ingresó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en agosto de este año y contempla una inversión inicial de US$370 millones. Su primera etapa considera una capacidad de producción de 500 litros por segundo, con posibilidades de ampliación progresiva hasta alcanzar los 2.000 litros por segundo. La entrada en operación está proyectada para 2031.

CONAF advierte falencias en el análisis territorial

Uno de los pronunciamientos que plantea mayores cuestionamientos corresponde a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), que observa aspectos del análisis presentado por el titular respecto de la compatibilidad del proyecto con los instrumentos de planificación territorial y los objetivos de conservación de la biodiversidad.

En particular, el organismo apunta al tratamiento del Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Elqui, instrumento que identifica el área como una zona de alto valor ecológico, asociada al sitio prioritario Punta Teatinos-Caleta Hornos.

De acuerdo con la observación, el propio Estudio de Impacto Ambiental reconoce que la planta, el inicio del ducto y el comienzo de la línea de alta tensión se emplazarían sobre este sitio prioritario. Sin embargo, CONAF cuestiona que el análisis del capítulo destinado a revisar la relación del proyecto con las políticas y planes de desarrollo se limite principalmente a la compatibilidad de los usos de suelo, sin profundizar en los objetivos de conservación asociados al territorio.

El organismo también advierte que el estudio omite elementos relevantes de la Evaluación Ambiental Estratégica del instrumento territorial, entre ellos, el objetivo de procurar la conservación de la biodiversidad y el resguardo del paisaje costero.

En ese marco, releva la presencia del lucumillo (Myrcianthes coquimbensis), especie de flora nativa amenazada cuya conservación constituye una de las consideraciones ambientales del sector costero comprendido entre Punta Teatinos y Caleta Hornos.

Otro de los aspectos planteados por CONAF es la falta de análisis de la relación del proyecto con el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión del Lucumillo, aprobado mediante el Decreto N°43 de 2018 del Ministerio del Medio Ambiente.

Las observaciones también alcanzan al componente vial. La Secretaría Regional Ministerial de Transportes formuló 14 observaciones, entre ellas solicitudes para aclarar cómo la iniciativa se relaciona con los instrumentos de planificación del transporte regional, el Plan Director de Infraestructura Vial y las estrategias de movilidad sostenible.

La autoridad solicitó precisar de qué manera se abordará el eventual incremento de los flujos vehiculares durante las distintas etapas del proyecto, de modo que estos no interfieran con las obras viales proyectadas para el territorio.

También requiere aclarar la tramitación de las autorizaciones para el uso y la ocupación de fajas viales, los permisos de atraviesos y paralelismos ante la Dirección de Vialidad, y las autorizaciones necesarias para el transporte de cargas sobredimensionadas o indivisibles.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) solicita precisar los procedimientos de actuación ante accidentes o derrames de sustancias peligrosas que puedan afectar caminos públicos e interrumpir el tránsito vehicular o peatonal. Entre los antecedentes requeridos figura la notificación inmediata a las autoridades regionales de Vialidad y Obras Públicas.

Medidas ante posibles afectaciones al agua

La Dirección General de Aguas (DGA), en tanto, solicita incorporar medidas específicas para enfrentar accidentes que puedan comprometer recursos hídricos superficiales o subterráneos durante la ejecución de las obras o las actividades asociadas al proyecto.

El organismo plantea que, ante una eventual contaminación de estas fuentes, se informe a la Superintendencia del Medio Ambiente en un plazo inferior a 24 horas, detallando las características del accidente, la sustancia involucrada, el área de influencia, la duración y magnitud del evento, sus principales impactos y las medidas de mitigación aplicadas.

La observación apunta a reforzar la respuesta frente a situaciones de riesgo que puedan generar efectos ambientales relevantes, considerando la importancia de los recursos hídricos en una región afectada por la escasez de agua.

Estrategia de Desarrollo Regional

Desde el Gobierno Regional, por otro lado, se solicita profundizar en la contribución efectiva de la desaladora a la seguridad hídrica de la Región de Coquimbo.

Entre los puntos que requieren mayor desarrollo se encuentran la priorización del consumo humano, los potenciales beneficiarios y los destinos del agua producida, así como el aporte verificable que tendría la iniciativa en la disminución de la presión sobre las fuentes continentales.

El GORE también plantea la necesidad de precisar cómo el proyecto se vincula con los objetivos regionales de protección de la biodiversidad, adaptación al cambio climático y gestión del riesgo. Asimismo, solicita detallar los mecanismos de participación y relacionamiento territorial previstos para las distintas fases de la iniciativa.