Rebaja de penas a condenados venezolanos abre flanco de críticas al Gobierno de Kast

La rebaja de condenas que permitió la salida anticipada de dos ciudadanos venezolanos condenados por delitos cometidos en La Serena abrió un nuevo flanco de cuestionamientos al Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Los tres beneficiados habían sido detenidos en diciembre de 2021, luego de ser vinculados a amenazas y extorsiones contra mujeres que ejercían el comercio sexual en calle Cantournet y que, según los antecedentes del caso, eran amedrentadas por sujetos que se presentaban como integrantes del Tren de Aragua.

Los antecedentes fueron revelados este martes por el sitio Interferencia. Los hombres fueron condenados en agosto de 2022 por robo con intimidación y porte ilegal de armas prohibidas y municiones. Sin embargo, no pudieron ser condenados por el delito de extorsión, debido a que las mujeres involucradas desistieron de sus declaraciones.

Los decretos que rebajaron las penas fueron firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y los subsecretarios subrogantes Luis Silva y Patricio Cuevas, por orden del Presidente de la República. Los beneficios permitieron que dos de los condenados recuperaran su libertad en septiembre.

 Núñez pedirá invalidar los decretos

El senador por la Región de Coquimbo, Daniel Núñez, anunció que este jueves 29 de octubre presentará ante el Ministerio de Justicia una solicitud para invalidar los tres decretos. El parlamentario cuestionó que se otorgaran estos beneficios, asegurando que los condenados no cumplían con los requisitos exigidos para acceder a una reducción de sus penas.

“La ley en Chile es clara. La rebaja de condena se gana con el requisito de tener una conducta sobresaliente durante el periodo que la persona está presa en la cárcel. Los tres delincuentes venezolanos que fueron beneficiados con la rebaja de condena por el ministro Rabat habían mostrado mala conducta en la cárcel, es decir, tenían sanciones por falta disciplinaria, por lo tanto, incumplían ese requisito”, afirmó.

A juicio del senador, las sanciones disciplinarias registradas por los beneficiados contradicen las exigencias para acceder a la rebaja, por lo que corresponde revisar la legalidad de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia.

“Los decretos entonces del Ministerio de Justicia son ilegales y por eso yo voy a solicitar su invalidación”, sostuvo.

Las críticas también fueron planteadas por el diputado Daniel Manouchehri, quien cuestionó la decisión del Gobierno y pidió explicaciones sobre las medidas adoptadas para resguardar a la población, además de información sobre eventuales gestiones para expulsar a los condenados del país.

“Es de no creerlo. Un gobierno que llegó prometiendo mano dura contra el crimen organizado hoy está rebajando condenas a delincuentes que aterrorizaron a mujeres en nuestra región”, señaló.

El parlamentario agregó que Fernando Rabat y Luis Silva firmaron los beneficios y pidió que ambos dejaran sus cargos. Asimismo, exigió que el Ejecutivo publique la nómina de personas favorecidas con rebajas de penas e informe cuántas recuperaron la libertad.

“Dos de estos delincuentes ya están en libertad y el gobierno tiene que explicar qué medidas adoptó para proteger a la ciudadanía y si se gestionó su expulsión del país”, afirmó. También recordó que, según indicó, un oficio presentado la semana anterior aún no había recibido respuesta.

En la misma línea, la diputada Nathalie Castillo calificó como grave la liberación anticipada de los condenados y solicitó una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.

“Exigimos una investigación inmediata que esclarezca lo ocurrido y determine responsabilidades. La seguridad se enfrenta con compromiso y rigurosidad, no con discursos fáciles en redes sociales”, sostuvo.

Por su parte, la diputada Carolina Tello manifestó su indignación por la reducción de las penas y cuestionó que no se hubieran impulsado gestiones para una eventual expulsión de los ciudadanos venezolanos. La parlamentaria también apuntó a la contradicción que, a su juicio, existe entre estas decisiones y las promesas de seguridad del Ejecutivo.

Gobierno defiende la normativa vigente

Una posición distinta expresó el diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Erich Grohs, quien sostuvo que la controversia debe abordarse desde la legislación que regula estos beneficios y no centrarse exclusivamente en las autoridades que firmaron los decretos.

“El problema de fondo aquí no es el ministro Rabat, sino una legislación laxa y llena de vacíos que obliga a aplicar criterios meramente administrativos basados en los informes de Gendarmería”, afirmó.

El parlamentario cuestionó los intentos de impulsar acusaciones constitucionales contra las autoridades y planteó la necesidad de modificar la legislación para restringir los beneficios penales a personas condenadas por delitos graves.

Desde el Ejecutivo, el seremi de Gobierno, Darwin Cortés, reconoció la preocupación que genera el caso, especialmente para las mujeres que fueron intimidadas en La Serena, y señaló que merecen una respuesta de las autoridades.

La autoridad precisó que los tres ciudadanos fueron condenados por robo con intimidación y porte ilegal de armas, y defendió que las rebajas se tramitaron conforme a una ley vigente desde 2003, que establece requisitos y causales específicas para excluir a una persona de estos beneficios.

“Por ello, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast está impulsando cambios a ese sistema. Ya ingresamos un proyecto para precisar las reglas, fortalecer el papel de Gendarmería y garantizar que las víctimas sean informadas y escuchadas”, explicó.

Cortés llamó a los parlamentarios de la Región de Coquimbo a contribuir a la aprobación de la iniciativa con urgencia y aseguró que el compromiso del Ejecutivo es proteger a las víctimas, hacer cumplir las condenas y concretar las expulsiones de extranjeros que correspondan conforme a la ley.